Los gobernadores y la “promoción personalizada”


liebano_saenz_int1.gifEn la colaboración del sábado pasado planteaba la controversia entre lo que establece el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe a los funcionarios aparecer en imagen, voz o nombre en la publicidad, y el mensaje de Año Nuevo del Presidente, difundido el 7 de enero en los medios electrónicos. Un amable lector me ha hecho notar que el nuevo Cofipe en el artículo 228.5 señala que, para los efectos del artículo 134, los informes de gobierno y la publicidad asociada a éstos no constituyen propaganda. Asimismo, este lector, me dice que la solución está en el mismo texto constitucional, pues en la parte final del artículo establece que las leyes garantizarán el cumplimiento de lo dispuesto y las sanciones por el empleo de publicidad personalizada con cargo al erario.

La observación es acertada; sin embargo, plantea nuevos problemas, incluso abona a la tesis de que hay violación a la Constitución cuando un funcionario federal aparece en la publicidad institucional. Esto así se presenta ya que el Congreso de la Unión, al reformar el Cofipe definió como única excepción los informes de gobierno y la publicidad asociada a éstos. Para el caso del presidente Calderón y su mensaje de enero, no se estimaría inconstitucional, toda vez que para esas fechas no estaba promulgado el Cofipe. Esta interpretación implica, que en lo sucesivo, el Presidente, en la publicidad institucional, sólo podría aparecer a cuadro —como se dice en el argot televisivo— con motivo del informe de gobierno.

Efectivamente, la disposición constitucional requiere de reglamentación, la que debe precisar qué debe entenderse por “promoción personalizada”, para así evitar que en una interpretación rigorista de la Constitución, las autoridades se vean impedidas para realizar funciones de comunicación propias a su desempeño, como pudiera ser un mensaje de un mandatario para tranquilizar a la población con motivo de un desastre natural o para informar sobre una determinación importante de su gobierno. Insisto, en buena parte gobernar es comunicar.

En mi apreciación, “promoción personalizada” es la que se refiere a propósitos ajenos a la tarea gubernamental, no cuando el gobernante democráticamente electo aparece a cuadro con motivo del ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, la publicidad nacional en horarios tiple A, que utilizaron los entonces gobernadores Vicente Fox o Roberto Madrazo con motivo de sus informes, en víspera de la selección de candidatos presidenciales de sus partidos, era desproporcionada y con claros objetivos no sólo de promoción personal, sino con una evidente intencionalidad electoral.

¿A quién le corresponde legislar? La Constitución establece en su artículo 124 (con pésima redacción, pero con claridad suficiente), el principio federalista de que las facultades que no estén expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados. Esto significa que en materia de atribuciones de autoridades federales (no a los funcionarios, como impropiamente dice la Constitución), no puede haber interpretación extensiva a las facultades del Congreso, sino que debe ser expresa e inequívoca en el texto constitucional.

En tal virtud, el Congreso de la Unión puede legislar, pero sólo en el ámbito de su competencia, esto es, respecto a procesos electorales federales y con relación a autoridades o funcionarios federales. Por ejemplo, la disposición aludida del Cofipe no es aplicable a gobernadores o presidentes municipales, sino exclusivamente al Presidente de la República, a no ser que se trate de comicios federales.

Corresponde a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del DF determinar los alcances de la norma constitucional en el ámbito territorial de sus respectivas competencias, así como las excepciones y las sanciones aplicables. Esto significa que los gobernadores, el jefe de Gobierno del DF y los presidentes municipales deben regirse por lo que establezcan sus leyes locales no el Cofipe o cualquier ordenamiento federal. Los artículos transitorios establecieron un término de un año para adecuar la legislación local, por lo que, por el momento, no hay manera de aplicar lo dispuesto por la reforma constitucional. Ha sido cuestión de comedimiento o temor infundado que gobernadores o alcaldes hayan resuelto retirar o modificar la publicidad institucional en la que aparecían.

La situación no deja de ser problemática, toda vez que el bien jurídico a proteger por la reforma constitucional fue la equidad en la elección, y de allí la limitación a la que se somete a los servidores públicos en materia de publicidad. Es problemática porque cada congreso local deberá resolver con su propio criterio los alcances de la norma, en particular, qué debe entenderse por “promoción personalizada”, lo que entraña la posibilidad de diversidad de criterios. Esa es la realidad del federalismo.

Por otra parte, la reforma electoral ha despertado a los demonios de la censura; un propósito encomiable como es el que los candidatos y partidos concurran a la elección en condiciones de relativa equidad, se ha tornado en amenaza a la libertad de expresión. Como lo señalé en la pasada colaboración, el Presidente, gobernadores y alcaldes deben contar con elementos suficientes para su desempeño. La comunicación institucional y la publicidad son recursos válidos, aceptables y de significada utilidad cuando son bien empleados. No es permisible que en aras de un rigorismo de supuesta equidad, sean obstruidas las funciones de gobierno.

La inercia reguladora a los medios ha propiciado la tentación de intromisión de las autoridades para determinar los contenidos de la programación de radio y tv. La libertad, incluso el riesgo de su exceso, es, por mucho, preferible a la de un Estado censor. Las autoridades son portadoras del interés público, pero éste no alcanza para afectar el régimen de libertades.

El Congreso tiene pendiente la tarea de adecuar la legislación de medios a partir de la resolución de la Corte. El revanchismo o la tentación para modificar las reglas del juego político con propósitos personales o de grupo, no sólo son contrarios al interés general, sino que desacreditan al Congreso y pervierten el proceso de renovación de las instituciones públicas.

 

Publicado originalmente en Milenio Diario

Explore posts in the same categories: Liébano Sáenz, Libertad de expresión, Presidencia

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s


Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 43 seguidores

%d personas les gusta esto: