Presidente o Parlamento
Liébano Sáenz
Como hace mucho tiempo no ocurría, el debate político entre los partidos, y al interior de ellos, está enfocado en el régimen de gobierno. Desde el Congreso y en diversos sectores de opinión se emiten voces que demandan una mayor parlamentarización del gobierno. Entre ellas, destaca las propuestas de incluir la figura del Jefe de Gabinete que sería designado por una o por las dos Cámaras y el nombramiento o ratificación parlamentaria de los integrantes del gabinete. En el plano opuesto está la tesis que postula la necesidad de modernizar la Presidencia y otorgarle elementos e instrumentos para cumplir su responsabilidad en el caso de una situación de gobierno dividido; es decir, cuando no cuente con una mayoría políticamente afín en el Congreso.
Ambas tesis tienen su origen en una misma premisa y responden a una convicción compartida por muchos: la democracia es deseable, pero en la forma como se practica en nuestro país no está dando los resultados esperados. Las soluciones posibles para esta circunstancia apuntan hacia destinos opuestos: parlamentarizar o presidencializar; es decir, resolver los desafíos del régimen de gobierno a través del Congreso o mediante la transformación de la Presidencia.
Dentro del propósito de transformar a la Presidencia y de dar eficacia al gobierno está la reforma sobre la facilitación de mayorías parlamentarias, bien sea disminuyendo la proporción de los legisladores de representación proporcional o con la llamada cláusula de gobernabilidad, hoy vigente en el DF, que otorga mayoría a la fuerza política que obtenga mayor número de triunfos distritales con, al menos, 30% de los votos.
El debate sobre el gobierno de coalición se ubica en la perspectiva de la parlamentarización de la política. En el régimen presidencial vigente, el poder Ejecutivo y, consecuentemente, la administración federal se depositan en una sola persona, la que es electa por mayoría simple y por el voto directo de los ciudadanos. Por lo mismo, no cabe la división del poder en función de los partidos políticos tal como ocurre en el sistema parlamentario o sus variantes. El Presidente es el responsable ante la Nación y, por tanto, puede designar con libertad a los integrantes de su gobierno, sean o no miembros de su partido. Esta responsabilidad de conducir el Gobierno no es delegable ni transferible a los partidos o a la mayoría en el Congreso, ni siquiera al consenso social que pudiera hacerse patente.
Es muy frecuente que las instituciones sean valoradas bajo un enfoque teórico o sobre el escritorio. El gobierno de coalición, así como las implicaciones sobre la fragmentación del poder Ejecutivo, deben evaluarse en un escenario real. Por ejemplo, en Oaxaca hay expresiones de una concesión de poder del mandatario Gabino Cué a las fuerzas políticas que lo respaldaron para alcanzar la mayoría en las elecciones. Sería muy útil que tanto los gobernados como el mismo mandatario evaluaran las ventajas e inconvenientes que esta cesión del poder implica para la sociedad. Otro ejemplo lo representa la relación entre el Presidente Calderón y el gremio magisterial con su expresión partidista. Y un antecedente más, fue la experiencia en la PGR cuando el Presidente Zedillo nombró al coordinador de los diputados del PAN como titular de esa dependencia. El Presidente Calderón confirió importantes responsabilidades a varios priistas; sin embargo, esto no fue producto de un acuerdo con las fuerzas políticas, sino de una decisión personal. Ninguno de ellos continúa en su cargo.
La realidad es que hay ideas que resultan seductoras en la teoría, pero no tanto en la práctica. En México existe una larguísima tradición de construir instituciones a partir del idealismo que se manifiesta en momentos relevantes de reforma constitucional. Cabe recordar la reflexión aquella de James Madison sobre la Constitución Norteamericana, las instituciones políticas, los pesos y contrapesos, y la misma división de poderes, la cual debería partir de la realidad de la condición humana, muy distante de los ángeles o de esa concepción idealizada de quienes encabezan a los gobiernos. Así, por ejemplo, un legislador en la pretensión de reelegirse por qué optaría: ¿por cumplir cuidadosamente su responsabilidad para estar en mejores condiciones para reproducirse en el cargo o/y establecer relación con los factores de poder, especialmente el dinero y los medios que son fundamentales para ganar la elección?
El anhelo por un mejor gobierno subyace en el debate por la candidatura presidencial del PRI. La disyuntiva es si esto se alcanza con la parlamentarización de la administración o con la modernización de la Presidencia. De manera reiterada en este espacio, me he inclinado por lo segundo, y el antecedente argumentativo de ello lo constituye el libro La Presidencia Moderna, que publiqué hace cinco años con el propósito de hacer una reflexión sobre el sistema de gobierno y las acciones para mejorarlo. Desde esta perspectiva, es lamentable que los diputados no hayan dado curso a la propuesta aprobada por el Senado sobre la reconducción presupuestal ni hayan hecho una definición más clara sobre el poder de veto y de iniciativa del Presidente de la República.
Por otra parte, quizá lo más significativo es la demora de los legisladores para llevar a cabo una reforma sustantiva a los partidos políticos y al mismo Congreso. Es inaceptable que, ahora que resulta fácil proponer y prometer, aquellos que alzan su voz demandando un cambio en las instituciones políticas sean omisos en su propia casa como ha ocurrido con la reforma del Congreso y la de los partidos políticos. Algunos de ellos anticipan, en términos apocalípticos, el regreso del presidencialismo avasallante cuando no han sido capaces de actuar frente a las instituciones fundamentales de la democracia: los partidos y el parlamento.
¿Cómo ceder el Gobierno al Parlamento cuando no sólo no existe una tradición política que vincule al ciudadano con el régimen de partidos, sino que los mismos legisladores, con o sin razón, son una de las figuras políticas que inspiran menor confianza de sus representados? Si lo que se busca es que la legalidad y la democracia internas fluyan con mayor claridad al interior de los partidos; si el propósito es lograr una mejor relación en el triángulo ciudadano-partido-representante popular, y si uno de los grandes objetivos es la transformación de la Presidencia para que pueda cumplir a plenitud el mandato democrático y dar curso al anhelo por un mejor gobierno, entonces, necesariamente, imperiosamente, esta es la reforma política que se debe plantear.
