Coordenadas y consecuencia de un error


Liébano Sáenz

Desde cualquier ángulo que se vea, las autoridades federales cometieron un grave error al  haber dejado correr la versión sobre la imputación penal a tres ex gobernadores del estado de Tamaulipas. La situación debe ser, con buena razón, motivo de la más seria preocupación pues no sólo enrarece el desarrollo normal de las campañas, sino que afecta la legitimidad y la credibilidad de una de las instituciones clave en la lucha contra la impunidad y el crimen.

Es común que la PGR realice indagatorias, ésa es parte de su razón de ser; pero filtrarlas a la prensa en un momento que supone efectos políticos graves obliga a una reflexión rigurosa y honesta sobre la tarea que le corresponde a la dependencia en este periodo. Nadie, ni siquiera los correligionarios de los ex gobernadores o la dirigencia del PRI, está demandando impunidad; la exigencia es simple y es legítima: la información sujeta a reserva no debe ser utilizada en medio del proceso electoral. Sin embargo, no es la primera vez que esto ocurre, siempre sucede con adversarios del PAN.

El daño ha sido severo, principalmente para la institución y para las personas. El asunto no puede soslayarse por la simple consideración de pertenecer a un partido o haber gobernado un Estado en particular. El daño también afectó al partido al que los aludidos están vinculados. Las casualidades tienen poca credibilidad y, en este caso, sencillamente no tienen cabida. El incidente, en la víspera de las elecciones, obliga un reclamo y amerita una explicación de fondo. La filtración también perjudica al gobierno federal, por abandonar a través de acciones como esta, el espacio de imparcialidad que le corresponde y, por violar el Estado de Derecho y aparecer, en cambio, como supuestos articuladores de una estrategia con objetivos político- electorales.

Los errores en el caso no cesan. Primero, un importante funcionario de la PGR aclara que no se dará información alguna sobre la investigación contra los tres ex gobernadores y, al día siguiente, se conoce el origen de la acusación a través del diario Reforma, medio que tuvo acceso a una averiguación previa que debió haber estado bajo reserva.

La información obtenida por Reforma proyecta la fragilidad del caso. Dice textualmente el diario: las acusaciones “derivan de denuncias anónimas, de afectados y de un testigo protegido identificado como “Pitufo”, un ex integrante de Los Zetas que declaró durante un juicio que su banda gozaba de la protección de los gobiernos tamaulipecos”; según el propio diario, se trata del mismo informante que en el pasado, ha declarado contra Gregorio “Greg” Sánchez y en el proceso conocido como el “michoacanazo”. Inevitable recordar la “oportunidad” electoral en la divulgación de estos dos escándalos cuyos afectados hoy están todos libres por falta de méritos.

También llama la atención que la información fue divulgada una vez que el PRI registró a Manuel Cavazos Lerma como candidato al Senado. La misma fuente señala que las actas circunstanciadas a partir de denuncias anónimas se integraron desde hace ya tres o cuatro años. Los hechos por sí mismos no constituyen prueba alguna de responsabilidad y, en todo caso, serían necesarios mayores elementos para poder hacer alguna imputación,  para que un juez estimara, si es el caso, iniciar formalmente proceso. Hasta ahora, la única verdad es el daño que se ha infligido a instituciones y personas, al proceso electoral en curso, a la relación entre el gobierno y la oposición y a la procuración de justicia.

Lo ocurrido exige una acción más decidida por parte del Congreso. La mejor auditoría y el mejor control del quehacer del gobierno deben emanar de los otros dos Poderes. El Judicial sólo puede actuar a partir de la formalidad de los procesos jurisdiccionales, pero el Congreso sí tiene, con mayor claridad y libertad, esta potestad de control sobre la actuación del Poder Ejecutivo y sus dependencias. Sin embargo, en los hechos, es muy preocupante la dificultad con la que las Cámaras federales cumplen este cometido; un encargo que no persigue precisamente el bien de los partidos que la integran, sino el de la propia legalidad que debe dar sustento al modelo republicano de la división de poderes. Insisto, los hechos deben de preocupar a todos los ciudadanos y principalmente a quienes nos representan en las Cámaras.

El PRI ya anunció que presentará denuncia contra quien resulte responsable por el delito de violación del secreto procesal. Enrique Peña Nieto por su parte, ha sido insistente en denunciar el uso de las instituciones del Estado como instrumentos electorales; pero más voces y otros partidos debieran hacer lo mismo en aras de una democracia que busca su madurez. A su vez, los involucrados tendrán que emprender las acciones legales que les permitan esclarecer su presunta responsabilidad en la comisión de los supuestos delitos que les imputan; para ellos, no se trata nada más de una lucha mediática, sino de una indagatoria en su contra. No sobra decir que es tarea de los medios de comunicación mantener en alerta a la opinión pública, pero el ejercicio de su labor no debe limitarse a convalidar el principio de la presunción de inocencia, es necesario darle curso a los reclamos de abuso, descuido o negligencia por parte de las autoridades responsables de la procuración de justicia.

Las circunstancias exigen hacer un alto en el camino; el país y los procesos electorales que en él se desarrollan no deben ser sorprendidos por escándalos mediáticos o manejos facciosos de la información que finalmente son producto del descuido elemental de las autoridades. La cuestión no se resuelve únicamente con una denuncia o con sanciones ejemplares, es imprescindible el compromiso de todos para actuar con estricto apego a la ley.

Es así como todos los partidos y los candidatos en competencia por el poder, están llamados a ofrecer una cuota mayor de prudencia en aras de un propósito justo y genuino. Nada compensa y nada justifica el daño que se provoca al convertir a todos en víctimas o culpables de un absurdo error. Sería muy lamentable que efectivamente todo esto derivara de una estrategia articulada por quienes protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ésta emanen.

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