La presidencia moderna


La reforma al Estado mexicano es considerada necesaria por los diferentes sectores que están implicados en su definición y realización; a pesar de las divergencias que pudiese haber, los signos son alentadores y lo importante será que cualquier transformación incluya la construcción de un Ejecutivo más eficaz.

El desarrollo político del país se ha acompañado de una reconocible capacidad para la reforma institucional. Hace tres décadas, bajo los auspicios de don Jesús Reyes Heroles, se dio un momento fundacional en la reforma política; la pluralidad en la Cámara baja, la definición del sistema de representación con base en partidos políticos y la reconciliación política, fueron los signos definitorios de este inicio.

Durante veinte años se darían cambios relevantes en lo electoral, parlamentario, sistema de partidos, descentralización territorial del poder, derechos individuales y Suprema Corte de Justicia. La democracia llegó sin ruptura precisamente porque las instituciones pudieron darle vitalidad y cauce; sin embargo, una vez alcanzada la normalidad democrática se perdió el impulso reformador, cuando aún se requerían cambios en el orden institucional.

El advenimiento democrático modificó la cuadrícula del ejercicio del poder. Los medios de comunicación se transformaron en importantes actores autónomos; a contrapelo de la vieja tradición estatista, adquirió relieve un sector privado moderno, que acusa niveles elevados de concentración y con significada influencia para la defensa de sus intereses; el Distrito Federal se democratizó y conjuntamente con los estados se fortalecen; la política se vuelve más local y el país se ve inmerso en un mundo cada vez más global.

El cambio más profundo ha sido el traslado del poder decisorio del gabinete al Congreso de la Unión, a la vez de que las condiciones de apertura y transformación de la economía le confieren al Estado y al gobierno responsabilidades de control y supervisión que no han sido atendidas en la transformación institucional.

Hoy día el tema nacional no es la democracia en sí misma, sino más bien sus condiciones de existencia plena: la equidad social, el estado de derecho y la calidad de desempeño de los poderes públicos. En relación con esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha convocado a una amplia reforma judicial. El Ejecutivo y el Congreso, en distintos momentos y con diversas propuestas, se han pronunciado por una reforma del Estado. Los gobiernos estatales y del DF generaron una trascendente propuesta de reforma hacendaria. Buenas iniciativas abundan, lo que ha faltado es la capacidad para hacerlas realidad.

Hay signos alentadores para que la reforma ahora cobre realidad: el Congreso ha aprobado un marco para dar curso a los cambios; todos los partidos y el gobierno se han pronunciado por la reforma institucional. El desafío es hacer de esa intención propuesta compartida, políticamente viable y, en lo sustantivo, consecuente con el interés general.

Uno de los temas cruciales es la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se han planteado iniciativas respecto al fortalecimiento del Congreso, incluso no han faltado propuestas para transitar a un sistema parlamentario o sus variantes.

Uno de los proyectos de mayor interés es el referente al gobierno de gabinete; a manera de parlamentarizar al Ejecutivo se plantea crear la figura de jefe de gabinete, funcionario que sería aprobado por el Congreso o una de sus cámaras a propuesta del Presidente y, eventualmente, una mecánica de trabajo para vincular más estrechamente al gabinete con el Congreso.

A contrapelo, una corriente de opinión –la que suscribo– se refiere a la necesidad de fortalecer al Presidente en el marco de la democracia.

El presidencialismo autoritario no tiene como referencia las atribuciones constitucionales del Ejecutivo, sino el dominio de un solo partido, sometido al Presidente, lo que concentraba el poder e impedía el escrutinio y la rendición de cuentas a través del sistema de pesos y contrapesos, indispensable en toda democracia.

En México, el Presidente tiene muy limitadas sus atribuciones en aspectos cruciales, como los alcances y modalidades de veto, para la negociación del presupuesto y la manera como sus iniciativas son atendidas en el proceso legislativo.

Modernizar la Presidencia implica actualizar el régimen de división funcional de poderes, para que cada instancia pueda cumplir sus responsabilidades y, en su caso, propiciar la complementariedad y colaboración.

También significa reconocer a los órganos autónomos de autoridad como el IFE, la CNDH, el IFAI y el Banco de México, lo que ha modificado la doctrina convencional sobre la división del poder público.

La reforma política debe considerar, al menos, tres ejes: el sistema de partidos para hacerlos más representativos, democráticos y funcionales a las exigencias políticas; el Congreso de la Unión para dar agilidad al proceso legislativo y que sus integrantes rompan las condiciones de anonimato que propician su sometimiento a burocracias partidistas o a los factores de poder, y la Presidencia para que cuente con los instrumentos que le permitan cumplir sus responsabilidades.

Modernizar la Presidencia significa darle capacidad para realizar las funciones como jefe de gobierno y jefe de Estado. Por vía legislativa debe crearse la Oficina de la Presidencia, la que facilitaría al Presidente la coordinación del gabinete, la negociación política y la comunicación con la sociedad. Asimismo, es preciso establecer, además de una nueva normatividad para la negociación del proyecto de gasto público, la Oficina del Presupuesto a efecto de que las definiciones de gasto y las negociaciones entre las entidades y dependencias del gobierno federal tengan como referencia al Presidente y no a una oficina del gabinete.

En un régimen presidencial la gobernabilidad democrática implica una Presidencia acotada, pero con instrumentos para cumplir el mandato que el voto mayoritario le confiere. La tarea es fortalecer y actualizar a la Presidencia, no debilitarla.

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