La sucesión presidencial, un año después


La sucesión presidencial en términos de una mediana civilidad ha sido la dificultad mayor del país desde su origen. Hace un año el país eligió a su quincuagésimo quinto Presidente de su historia y el vigésimo segundo desde el inicio de la Constitución de 1917. Buena parte de esos dos siglos se caracterizó por los extremos del gobierno: la dictadura y la anarquía, para usar la casi centenaria expresión de Ramón Prida. Esa polaridad costó pérdida de cientos de miles de vidas, territorio y oportunidades de prosperidad. Los orígenes de esa desastrosa polaridad fue el accidentado proceso sucesorio del poder. La rebelión, la asonada y hasta el golpe de Estado se hicieron presentes para tratar de darle algún tipo de salida, al grado en que la estadística misma de cuántos mandatarios ha habido es discutible, ¿cuentan los 45 minutos de
Pedro Lascuráin de los Monteros? El proceso sucesorio en dos largos periodos —el porfiriato, 1876-1911 y el del partido dominante, 1929 a 1997— se resolvió al margen del estándar propio de lo que sería una democracia plena. Por fortuna, este último no rompió con la estabilidad lograda ya durante décadas. Por el contrario, la fortaleció.

La sucesión presidencial del 2000 es crecientemente calificada como singular.
Primero, por su normalidad democrática y, en segundo lugar, por representar una expresión de alternancia en medio de la civilidad política y paz social. Años antes, cualquier proyección sobre la caída del PRI habría planteado el caos, la fractura y la violencia. El relevo de la administración fue igualmente singular por la colaboración a lo largo de todo el tiempo.

No fue casual lo acontecido ya hace siete años. Más que del ganador, el buen curso del proceso y la credibilidad de los resultados tuvo mucho que ver la actitud de quienes no fueron favorecidos. En 1994 inicia el reconocimiento del resultado adverso por el PAN. El precedente se correspondería por el PRI, seis años después. Los gobernadores locales, desconcertados al inicio por el resultado y preocupados por lo que pudiera ocurrir con un mandatario de un origen partidista distinto, pronto disiparon dudas, incluso advirtieron ventajas resultantes de su independencia política.
Era pensable y deseable que el inicio del siglo inauguraría una etapa del proceso sucesorio presidencial, en el que la disputa por el poder se diera en el marco de elecciones justas, con resultados aceptados por los contendientes y el conjunto de la sociedad. No ocurrió así y no sólo por lo estrecho de la diferencia o lo encendido de la competencia.
La conducta poselectoral de los contendientes para reconocer al triunfador no es gratuita, influye la convicción de que la competencia fue justa y que los resultados expresan la voluntad mayoritaria de quienes decidieron votar. La normalidad democrática es una construcción de largo tiempo para lograr la confianza acumulada de contendientes y de los ciudadanos en los comicios. Todavía hoy, existe un
porcentaje significativo, minoritario, pero importante de personas quienes piensan que las elecciones pasadas no fueron justas y esto ocurrió así por la conducta de Vicente Fox, actitud en la que prosigue aún después de haber concluido su mandato.

A nadie le corresponde hacer más por un proceso sucesorio en el marco de la normalidad que al Presidente en funciones. Esto se construye a lo largo de la gestión, incluso desde su condición de electo, para que su indiscutible poder e influencia no interfiera en una decisión que sólo corresponde a los electores. Un Presidente que decide tomar distancia del proceso sucesorio se acompaña del escepticismo
generalizado; posteriormente, se dará el reclamo de los afines por la falsa impresión de desinterés o desdén respecto al partido que lo llevó al poder. Si el resultado es adverso, el desenlace es amargo, no faltarán quienes, para explicar su propia tragedia o infortunio, invoquen o alienten en sus correligionarios un supuesto sentido de abandono o traición. Partido y gobierno, cada cual en lo suyo, aún hoy día resulta problemático.

La tentación de reproducirse en el poder es de esperarse. Francisco I. Madero pensó que la eliminación de la reelección inmediata acabaría con el problema. No fue así. No sólo cuentan las afinidades y preferencias —ningún Presidente carece de éstas—; en México ha pesado mucho más el temor hacia el que aspira y se opone. Ya el ex presidente uruguayo José María Sanguinetti decía que una virtuosa transición democrática se daba a partir de la adecuada administración de dos sentimientos: la
impaciencia de opositores arribando al poder y el miedo de quienes estaban en el proceso de dejarlo o compartirlo.

Una variante de ese miedo, una suerte de “fraude patriótico” subyace en el largo recuento de sucesiones accidentadas o al margen de las reglas de la democracia. Por su causa, muchos de los presidentes mexicanos han sido responsables de que el proceso sucesorio salga del cauce de la normalidad
democrática. Lo acontecido hace un año es la reedición de una vieja tradición autoritaria de intolerancia y desconfianza a la voluntad mayoritaria, que mucho ha dañado a la nación. Es preciso reconocerlo y, más que eso, superarlo.

En el pasado reciente ha habido involución. La investidura presidencial se volvió parte de la contienda y al hacerlo, dificultó el necesario tránsito hacia la democracia interna de los partidos, que castigan la disidencia interna con la exclusión real o virtual. El espacio que han ganado autoridades locales ha propiciado el interés de quienes mandan de interferir en el proceso sucesorio en sus partidos o en la elección constitucional. En estas horas de la democracia, la alternancia, poder dividido y de las libertades, en los resultados nos vemos cada vez más dibujados en el espejo del México autoritario.
Es preciso recuperar la confianza compartida de que la disputa del poder debe tener cauce a través de las elecciones. Las reformas planteadas en el Congreso mucho pueden contribuir, así como una actitud de los partidos de un mayor compromiso con la democracia, sus reglas y principios. Lo más significativo es lo que hagan las autoridades; no es cuestión de fiscales, sanciones o intimidación, nada mejor que la
convicción de quienes tienen la investidura sobre la claridad de su compromiso: ejercer responsablemente el poder sin otro propósito que el bien de la República.

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