El que se excluye pierde


Una deficiencia actual es la dificultad para procesar reformas legales. Para algunos la explicación está en las limitaciones y falta de destreza de los actores políticos, para otros es la insuficiencia de incentivos en las reglas del juego vigentes. Desde 1997 el país no ha podido contar con cambios legales sustantivos, incluso en temas de consenso como el electoral; la última reforma amplia en la materia ocurrió ya hace once años. Lo más relevante en ese lapso ha sido la legislación en transparencia y la reforma al ISSSTE.

La relación del Ejecutivo con el Congreso en el régimen presidencial es difícil, más en una democracia con pluralidad y apego de los legisladores a la línea partidista; la situación se vuelve complicada cuando los partidos privilegian planteamientos que no están en el ámbito del Poder Ejecutivo, como es un resultado electoral o una decisión judicial.

¿Por qué la dirigencia formal o informal de los partidos y no los legisladores determinan el sentido del voto en el Congreso? A los dirigentes, en el mejor de los casos, los eligieron sus correligionarios, a los legisladores los ciudadanos. Por elemental sentido democrático quien elige manda, por lo que en el Congreso debe predominar la posición de los legisladores.

El partido es un factor de influencia o de opinión, pero no de autoridad.
En el arreglo vigente el Presidente tiene facultades limitadas respecto al Congreso; las Cámaras no tienen obligación de dictaminar las iniciativas que envíe el Ejecutivo; el veto presidencial es sumamente restringido y en materia de Presupuesto, además de discutible, es de alcances limitados, ya que los diputados con voto calificado prevalecen sobre el Ejecutivo en la asignación del gasto público, tema central para el gobierno.

No hay previsión constitucional en la materia y sólo se cuenta con un discutible criterio de la Corte que debió ser atendido por el constituyente permanente.

Uno de los avances recientes ha sido un mayor entendimiento entre el Presidente y el Congreso, no obstante lo accidentado de la toma de protesta. Las reformas están condicionadas por su viabilidad respecto de la coalición mayoritaria en el Congreso.

La negociación es difícil e incierta. Por ahora, el Ejecutivo ha presentado una propuesta de reforma fiscal, a la vez que el Congreso, bajo el rubro de reforma del Estado, discute una agenda amplia de cambios sustantivos como el sistema de justicia, la reforma electoral, revisión al régimen de gobierno, entre otros.

Los tiempos para la reforma se relacionan no sólo con el proceso de negociación al interior del Congreso, sino por el que ocurre en la sociedad. Por ejemplo, la propuesta de reforma fiscal, por su impacto, obliga a los legisladores a definir tiempos suficientes para el estudio, análisis y consulta, más allá de la explicable pretensión de una aprobación rápida por sus promotores.

El consenso social sobre las reformas es facilitador del acuerdo legislativo; igual cuando una propuesta de reforma es precedida por la adhesión de los sectores interesados. Esto explica la aprobación expedita de la reforma del ISSSTE.

Sin embargo, la democracia representativa demanda que los legisladores, a la vez de mantenerse atentos a la opinión pública, de los electores y de sus partidos, no deben ser rehenes de nadie; su condición de representantes de la nación, como lo señala el artículo 51 de la Constitución, les da autonomía en el ejercicio de su representatividad, la que debe procesarse en términos de responsabilidad colectiva por afinidad partidista según el artículo 70. Los legisladores no se autorrepresentan, pero tampoco deben estar sometidos a partido o líder alguno.

Premisa de buena política es que a mayor poder, mayores obligaciones. PAN, PRI y PRD, por el equilibrio existente, comparten la necesidad del acuerdo. El que se excluye pierde. El mandato de los electores y la plataforma programática del partido implican propuestas a promover por los legisladores.

Este fin de semana el PRD habrá de definir los términos de su participación respecto a la iniciativa de reforma fiscal. Rehuir la negociación es repudiar el mandato democráticamente conferido por los ciudadanos a los legisladores.

Dialogar no es sinónimo de ceder, tampoco debe ser un ejercicio de autismo de posturas inamovibles. Dialogar es la oportunidad de emprender el incierto acuerdo que concilia lo propio con lo de otros. Dialogar es la condición para la coexistencia de la diversidad.

Las deliberaciones sobre la reforma al régimen oscilan entre fortalecer al Presidente o al Poder Legislativo. El debate hace presente el espléndido ensayo de don Daniel Cosío Villegas sobre la Constitución de 1857 y sus críticos, referido a dos gigantes del porfiriato, Justo Sierra y Emilio Rabasa.

Se puede decir que el luminoso, pero breve, periodo democrático de la República restaurada, que bien pudo ser el punto de partida de la democracia mexicana, se malogró por la incapacidad de construir una relación funcional entre el Congreso y el Presidente.

Por las dificultades en la relación entre el Presidente y el Congreso con el arribo de la democracia, se plantea el dilema presidencialismo o parlamentarismo. El objetivo es cómo llegar a un arreglo institucional eficaz.

Un régimen presidencial es la mejor opción por razones de arquitectura institucional y de cultura política, evidente en la manera como los mexicanos aprecian y entienden a la institución presidencial, a contrapelo a la baja estima ciudadana del Congreso y los partidos.

La democracia debe ser útil para los ciudadanos de carne y hueso, para los de hoy y para los del mañana. La colaboración y complementariedad entre el Legislativo y el Ejecutivo es fundamental para un buen gobierno. Se ha perdido tiempo.

Lo importante ahora es, sin prisa pero sin pausa, dar lugar a los cambios legales que el país requiere y crear una nueva institucionalidad que propicie el entendimiento y la colaboración entre el Presidente y el Congreso. El diálogo es consustancial a la política. Nadie con representación legítima tiene derecho a quedarse fuera.

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