El día del presidente


El ceremonial del Informe de gobierno, pensado a principios del siglo pasado para que el Ejecutivo rindiera cuentas sobre el estado general que guarda la nación, ha dado paso a un evento poco terso, en el que las discordias sobresalen. El fin del ritual puede estar cerca.

La inconformidad manifiesta en desorden es uno de los signos del Informe presidencial desde hace casi veinte años. En septiembre pasado ni siquiera llegó a eso; simplemente no se dieron las condiciones para que el Presidente hiciera uso de la tribuna ante los ánimos exaltados de un grupo significativo de diputados y senadores.

El problema va mucho más allá de la indisciplina o la falta de urbanidad política, tiene que ver con un problema de fondo con el acto mismo. La evolución democrática del país no da para un formato en el que el Ejecutivo rinda cuenta de su gestión ante un auditorio silente y, de alguna forma, complaciente. La institución del Informe presidencial debe cambiar.

Este tema fue objeto de comentario del presidente Felipe Calderón con los dirigentes partidistas asistentes a la pasada gira internacional. Del testimonio de éstos se infiere que la intención es lograr un acuerdo para proceder de inmediato a su revisión. Es probable que se dé un cambio en la materia.

Para ello se precisa que en sesiones extraordinarias del Congreso de Unión se realice una reforma a la Constitución. Para evitar contratiempos y el voto calificado, los cambios también podrían resolverse en la ley ordinaria y dejar el acto a la entrega de un documento, con un ceremonial breve.

El texto constitucional establece que la obligación del Presidente es asistir a la apertura de sesiones y presentar un informe escrito; constitucionalmente no se requiere continuar con una tradición que devino desuso, y que desgasta y aleja a dos Poderes de la Unión.

Lo importante del cambio a procesar es que la asistencia del Presidente ante el Congreso el primero de septiembre sea un evento de Estado, no de gobierno; un encuentro de la pluralidad del Congreso, ante un Presidente que represente a todos; un jefe de Estado, representante de la Unión, no quien dirige al gobierno; un Presidente que con comedimiento y respeto se dirija al Congreso, no que le sirva de escenografía para un mensaje televisivo que dé inicio a una fastidiosa campaña propagandística de las acciones gubernamentales.

En el diseño de la difusión del acto, debiera tenerse presente que no es un acto del Ejecutivo, sino del Congreso en ocasión del inicio del periodo de sesiones.
El origen de la disposición constitucional viene de las Cortes de Cádiz; reminiscencia de la monarquía parlamentaria que el republicanismo presidencialista adoptó. Por cierto, en el antecedente se señalaba que el rey asistiría sin guardia y sin más asistentes que los requeridos en el ceremonial. En Inglaterra, hoy día corresponde al primer ministro redactar un texto con un sentido no partidista; el monarca se limita a darle lectura. El mensaje es el ritual, no el texto.

En Estados Unidos, referencia del régimen presidencial, el evento conocido como state of the Union se ha mantenido en sus expresiones de Estado; en México, a partir de la Constitución de 1917, consecuente con el proyecto de Venustiano Carranza, se hizo evento de gobierno al señalar en el artículo 69 que el Presidente “presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”.

El desorden en el pleno legislativo característico de los últimos tiempos es inevitable. Así sucede, porque es imposible que la pluralidad democrática en el Congreso se avenga con lo que hace y dice el gobierno. Los buenos modos en la política no dan para tanto. El mensaje es una afrenta no sólo a la diversidad política, sino a la libertad de expresión y deliberación propia de todo parlamento.

La institución está mal en sus orígenes, situación distinta si la ceremonia tuviera un sentido de Estado, es decir, entorno, protocolo y mensaje a partir de la pluralidad y diversidad nacional. Un Presidente que habla, actúa y representa a todos.

En el contexto de la ceremonia del Informe no es propio el debate del Ejecutivo con los legisladores en lo individual, es un encuentro entre poderes. En su momento, María de los Ángeles Moreno, presidenta del Congreso, al llamar al orden a los señores legisladores que pretendían interpelar al Ejecutivo, señaló con acierto que el diálogo sólo puede tener lugar entre pares, esto es, entre legisladores y, en todo caso, entre el Presidente de la República y el presidente del Congreso.

Tal parece que en venganza por lo que los legisladores han tenido que soportar, algunos proponen que el Presidente esté presente al momento de las intervenciones de las fracciones parlamentarias.

El diálogo que tiene lugar en la apertura de sesiones se da entre poderes, no con las fracciones parlamentarias, por ello la respuesta del presidente del Congreso debe ser en términos generales y con palabras que cuiden la pluralidad que caracteriza al órgano legislativo.

Lamentablemente en ello también se ha fallado; con singulares excepciones –por ejemplo, la respuesta de Beatriz Paredes al segundo informe del presidente Fox–, el mensaje del presidente del Congreso, en el mejor de los casos, se presenta en función de la mayoría, no de la totalidad del Congreso, incluso ha sido frecuente hablar a nombre de su propia fracción, como si fuera la expresión de la totalidad del Congreso.

La institución del Informe presidencial debe cambiar para ser consecuente con su propia naturaleza: el encuentro entre dos poderes de la Unión, no para dar lugar a un espectáculo que a nadie beneficia y que muy probablemente ratificaría la pobre imagen, credibilidad y prestigio que los ciudadanos conceden al Congreso y a sus integrantes.

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