Un traje viejo y pequeño


Crece la sensación de que la realidad impone a los actores de la política exigencias para las que no están plenamente preparados; algunos por la dificultad propia del entorno, otros por el desentendimiento de las responsabilidades que un arreglo democrático les asigna. No basta con hacer la tarea cotidiana, también es necesario materializar transformaciones de diversa índole, construir el futuro. El cambio en el país ha sido vertiginoso, no así sus leyes e instituciones: un traje viejo y pequeño, para un cuerpo que crece.

El régimen anterior exhibía mayor capacidad para la reforma, aunque la negociación se realizaba de manera discreta al interior y con los factores de poder; los órganos de decisión procesaban con pocos cambios el acuerdo realizado en otra esfera.

La reforma política en sus diversas etapas pudo concretarse a partir de la iniciativa y negociación desde el gobierno con el voto legislativo del PRI, algunas veces con el concurso de otros partidos, en ocasiones exclusivamente con la adhesión de sus legisladores. Sólo la reforma constitucional de 1996 se votó por unanimidad.

Hay tres maneras de ver el proceso de reforma: en una perspectiva minimalista, serían cambios relativamente menores, pero con un potencial transformador. Una segunda, se refiere al acuerdo mayoritario que erige una nueva normatividad. La tercera es un pacto nacional o de Estado, en el que la pluralidad de los partidos y el conjunto de la sociedad organizada acuerda una nueva institucionalidad, un nuevo piso de reglas del juego que incluye una agenda amplia de transformaciones. Huelga señalar que conforme el tiempo pasa, hace necesaria la tercera opción, aunque la circunstancia política del país, la hace poco probable en esta legislatura.

Las condiciones del equilibrio de fuerzas en el Congreso y la manera como desde el poder se ha visto a la reforma, explican que haya imperado el minimalismo en esta década. Ha habido avances, como ha sucedido con las normas constitucionales en materia de transparencia, pero diez años de gobierno dividido muestran un déficit en la capacidad de procesar reformas, sobretodo si se compara con lo ocurrido en la década previa, periodo en el que se vivió, como nunca, la intensidad del cambio institucional.

Las accidentadas condiciones después de los comicios federales pasados explican las dificultades de esta legislatura para actuar con agilidad en los cambios. Aun así, prevaleció la sensatez; a lo largo de estos meses la normalidad ha caracterizado al Congreso, con momentos difíciles, los dos días primeros de septiembre y diciembre. El presupuesto y los ingresos fueron resueltos en forma y el proceso legislativo tuvo curso con la regularidad característica de los diez años pasados.

Sin embargo, la situación no es satisfactoria. Esta normalidad, por sí misma, es insuficiente respecto a la necesidad de procesar cambios, que se han ido acumulando y que afectan al país en lo político, económico y social. En el último corte en la evaluación de desempeño que realiza la institución Monitor Legislativo, adscrita al CIDE, se registran datos que retratan el cometido de la legislatura actual: aumento significativo en el número de iniciativas presentadas por la Cámara de Diputados; capacidad limitada para procesar iniciativas presentadas; los principales legisladores son los partidos de oposición; caída en los niveles de asistencia en Cámara de Diputados; organización deficiente del sistema de comisiones y, déficit de transparencia en las comisiones de la Cámara de Diputados. (http://www.monitorlegislativo.org/documentos.php).

Estas sesiones ordinarias iniciarán el 1 de septiembre con una agenda legislativa intensa. Por una parte, la reforma fiscal debería de aprobarse con antelación a la presentación del proyecto de Presupuesto y de la Ley de Ingresos del Ejecutivo; por la otra, los legisladores del PRI han señalado que la aprobación con ajustes importantes de dicha iniciativa, debe acompañarse de la reforma electoral y del régimen fiscal de Pemex. Esto significa una alteración del ciclo legislativo, en el sentido de que tradicionalmente las primeras semanas de septiembre daban lugar a la llamada glosa del Informe y eran escasamente productivas en cuanto a cambios legales.

La reforma electoral no es un asunto de trámite; tampoco puede ser abordada sin considerar un espectro amplio de propuestas y perspectivas que van más allá de los partidos políticos. Lamentablemente son recurrentes los lugares comunes y supuestas verdades que demandan un examen más cuidadoso por los legisladores. La democracia representativa descansa en partidos, hoy más que nunca requieren su fortalecimiento a través de un régimen de rendición de cuentas que propicie su modernización, con apego a la democracia y legalidad internas. El lugar político de cada partido y su peso en el Congreso deben tener como origen el voto, no el acuerdo entre las dirigencias, como lo permite la legislación vigente en materia de coaliciones.

En este espacio, el sábado pasado aludimos a la agenda amplia de la reforma. Con realismo, la situación actual no muestra signos alentadores. Sin embargo, desde el gobierno debiera tenerse presente lo acontecido en las pasadas dos administraciones presidenciales, cuando en la segunda parte del sexenio el Presidente vio disminuir la presencia de su partido en el Congreso. Lo anterior significa, desde ahora, intensificar la negociación y propiciar el acuerdo bajo la hipótesis de que la actual circunstancia, a pesar de sus vicisitudes, podría resultar más favorable para la negociación y el acuerdo respecto a la que se presentase en la segunda mitad de la administración.

El traje viejo y pequeño no es cuestión de estética; impide movilidad, dificulta la respiración y le resta vitalidad al cuerpo nacional. Ha pasado demasiado tiempo; el costo acumulado se traslada a las próximas generaciones. La reforma es una responsabilidad que sólo compete a los legisladores, nadie los puede relevar en esa tarea. El país alcanzó el histórico anhelo democrático; a los actores de ahora les atañe acreditarlo con resultados.

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