Un IFE a modo


La autonomía e independencia son imprescindibles para el buen desempeño del IFE. Es inaceptable cualquier intento que vulnere al la institución. La sustitución de los consejeros es un negativo precedente, no sólo para el IFE, sino para todos los órganos autónomos

 

Uno  de los mayores logros de la reforma política es el IFE. La creación de un órgano electoral confiable significó un momento fundacional de la normalidad democrática. Su concreción tuvo lugar por aproximaciones sucesivas; no bastaba las atribuciones y la modernización de los instrumentos y procedimientos electorales – alcanzados en la reforma de 1990-, también era importante la integración y la designación del órgano superior de gobierno. La reforma de 1996 garantizó la autonomía y la independencia de la autoridad electoral respecto del gobierno, los partidos políticos y el Poder Legislativo. el Consejo General se integraría por 9 consejeros designados por voto calificado de la Cámara a propuesta de los grupos parlamentarios. Los representantes de los partidos y de las cámaras concurrirían en el consejocon voz, pero sin voto; el diseño garantizaba la autonomía del órgano electoral frente al gobierno, los partidos y el Congreso.

La reforma fue exitosa en el objetivo general; sin embargo, la elección de 2000 mostró deficiencias serias en la fiscalización. Además, los problemas que enfrenta el Consejo General actual tienen como origen las particularidades de su designación; la no participación de la fracción del PRD, que insistía en la reelección de alguno de los integrantes del anterior consejo y la división en la fracción parlamentaria del PRI, que evolucionaría en la remoción de su coordinadora parlamentaria, conduciría a que el PRD y una parte del PRI no asumieran un sentido de compromiso con los nombramientos aprobados por el voto calificado de los diputados.

La intención de quienes pretenden reemplazar al actual consejo se debe, pues, a la manera de su integración, fragilidad que propició la impugnación de los comicios presidenciales. La lección que deja esta controversia es que en materia electoral, las decisiones fundamentales deben ser avaladas por las tres principales fuerzas políticas. La mayoría, simple o calificada, es insuficiente. Las reglas del juego y quienes las hacen aplicar deben tener la aceptación de los principales contendientes.

La autonomía e independencia son imprescindibles para el buen desempeño del IFE. Es inaceptable cualquier intento que vulnere al la institución. La sustitución de los consejeros es un negativo precedente, no sólo para el IFE, sino para todos los órganos autónomos, inclusive para el más elevado tribunal del país.

Respecto a la autonomía del IFE, es alarmante la pretensión de introducir cambios que dañan la independencia de la institución. La idea de crear una contraloría designada por un poder externo e interesado y dependiente de una instancia ajena al IFE menoscaba la esencia misma de la institución electoral. De igual manera debe juzgarse la intromisión de la Cámara de Diputados en la integración de las comisiones permanentes del Consejo General del IFE.

La tarea de la Cámara de Diputados es legislar, aprobar el presupuesto y ejercer el control horizontal de la administración pública, al través de la Auditoría Superior de la Federación y la comparecencia de funcionarios federales. Pero a la Cámara no le corresponde, como lo señaló la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el fallo en materia de presupuesto, realizar funciones de administración, especialmente en un órgano de autoridad cuya condición esencial de eficacia es precisamente su autonomía respecto del gobierno, los partidos y el Congreso. Una entidad electoral a modo de los partidos sería la peor involución que pudiera tener el IFE.

Un órgano confiable e independiente es una instancia incómoda, mucho más cuando las organizaciones políticas se apartan de lo establecido en la ley. Sin embargo, es la mejor garantía para los partidos, en la medida en que se acredite imparcialidad, legalidad y profesionalismo. Una autoridad electoral débil o pusilánime frente a quien más grita o presiona, abona el terreno para que la disputa por el voto salga del cauce electoral y se remita al terreno de la lucha callejera.

El IFE es patrimonio de los mexicanos; es obligación elemental para quienes aspiran a una democracia confiable y moderna, preservar su autonomía y fortalecerlo frente a los embates de los interesados en su debilidad. Las instituciones deben diseñarse o adecuarse con amplia perspectiva y sentido de funcionalidad al conjunto del sistema, dejando al margen la inmediatez o los intereses particulares.

La situación llama a un cambio para salvaguardar al IFE del agravio y la mezquindad de quienes se sienten afectados por su desempeño. Para ello es necesario, en el marco de las deliberaciones actuales, separar las funciones de organización de las elecciones, sobre las de fiscalización y sanción a los partidos. Esta segunda tarea la debe realizar, un órgano técnico autónomo, especializado e imparcial.

Las debilidades del IFE resultan no de la voluntad de quienes integran sus órganos directivos, sino de la falta de un marco legal que le otorgue atribuciones plenas para fiscalizar con oportunidad y eficacia a los partidos. La propuesta de reforma electoral que trabaja el Congreso tiene diversas disposiciones muy favorables que deben concretarse, por ejemplo, fortalecer la fiscalización y sancionar que terceros interfieran indebidamente en las campañas. También existe un principio de acuerdo, con la reserva de los partidos pequeños, para que éstos tengan la presencia y las prerrogativas que determine el voto y no el acuerdo de coalición suscrito por las dirigencias. Es preciso dar base legal para determinar los alcances del secreto bancario, de manera tal que la fiscalización pueda realizarse con oportunidad y eficacia.

La reforma electoral debe seguir adelante, pero no cualquier reforma, menos aquella que transforme instituciones a beneficio de quien tiene el poder de proponer y decidir. Sería muy lamentable, incluso para los mismos partidos, que prevaleciera la intención de vulnerar la autonomía del órgano electoral. Un IFE a modo es, técnicamente, un golpe de estado a la democracia.

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