Tomar el poder por la puerta de atrás


Para bien o mal, el país tiene una cultura presidencial, mientras que, lamentablemente, los diputados y los partidos -fundamentales para la parlamentarización- padecen descrédito y desprestigio

Desde el Presidente perdió en 1997 la mayoría en las Cámaras, el poder decisorio nacional se trasladó al Congreso. En términos de reformas, esta década no presenta buenas cuentas. El amplio poder presidencial se ha acotado, el equilibrio de poderes es real, pero no ha sido eficaz para generar un mejor gobierno. Persisten, y en algunos casos se gravan, los problemas de siempre: desigualdad, corrupción, inseguridad jurídica.

Históricamente los mayores golpes a la democracia han sido precedidos por una crisis resultado del poder desmedido del Congreso sobre el gobierno. Sucedió en el siglo XIX en el periodo La República Restaurada, llamado así por don Daniel Cosío Villegas, crisis que abriría paso al régimen de Porfirio Díaz. Años después, la caída de Francisco I. Madero está antecedida por el ataque sistemático al Presidente por la prensa y el Congreso. Las condiciones sociales y políticas del país propiciaron un presidencialismo sostenido por un partido con virtual monopolio en la definición de los cargos públicos y legislativos.

Para una corriente de opinión, la solución al presidencialismo, a sus excesos y colapso, es un Congreso protagónico. Debilitar a la Presidencia y fortalecer al Congreso ha sido la divisa del cambio político en estos años.

La fuerza del Presidente deriva del dominio de su partido, no de sus atribuciones constitucionales. Así, por ejemplo, el veto es sumamente rígido; las observaciones que presenta el Presidente a un proyecto aprobado por el Congreso, plantean el difícil dilema de que se regrese en su conjunto al órgano legislativo, no que se suspendan sólo las partes bajo observación. No hay obligación del Congreso para dictaminar las iniciativas del Presidente. En materia de presupuesto no hay previsión para resolver la diferencia entre el Ejecutivo y la Cámara; además, el empoderamiento de gobiernos locales, del DF, de municipios, de los poderes federales o de los organismos autónomos, ha debilitado aún más el otrora poderoso presidencialismo: todos piden, nadie, excepto el gobierno federal, se responsabiliza de los ingresos.

Derivado del desencuentro entre el Congreso y el Presidente, han surgido propuestas para transitar a un régimen parlamentario. Otro sector, con más credenciales políticas que académicas, ha optado por la parlamentarización del régimen presidencial, propiamente, la formación de un gobierno de gabinete, en el que el Presidente propone al Congreso a quienes integrarían el gabinete, incluyendo al jefe; el Congreso o una de sus Cámaras lo aprobaría.

Se asume que con dicha ratificación el Gabinete contaría con el respaldo de una mayoría legislativa y de esta manera las iniciativas, nombramientos y el proyecto de gasto público alcanzarían una mayor aprobación y entendimiento. Se cree que así, el Gabinete y el Congreso trabajarían con una mayor comunicación y colaboración.

La propuesta presenta problemas esenciales, referidos en mi texto La Presidencia Moderna. El Jefe de Gobierno, presuntamente el Jefe de Gabinete, no tendría mandato democrático para su cargo, es propuesto o designado de manera indirecta. Esto es, la designación compartida entre el Presidente y el Congreso hace que quien manda, incumpla con la premisa republicana de que toda forma de autoridad debe tener como sustento la voluntad popular, es decir, el voto ciudadano.

En el orden práctico los problemas son mayores ¿Quién manda? ¿El Presidente elegido por voto popular o el Jefe de Gabinete designado a partir de la negociación del Presidente y las fuerzas políticas del Congreso? En el supuesto de diferencias, ¿quién prevalece?, ¿el Jefe de Gabinete o el Presidente? Más aún, ¿qué certeza existe de que el Jefe de Gabinete va a contar con el apoyo de una mayoría estable en el Congreso?. Si no la tuviere, ¿pierde el cargo?, ¿habría que designar nuevo gabinete? Por ejemplo: si se cambia la composición de la Cámara de Diputados resultado de la elección intermedia, ¿también habría que cambiar al gobierno? Si así es, habría que planear gobierno a partir de un trienio; si en el orden municipal ha sido un problema, sería un absurdo para el nacional.

No está por demás señalar que en el ámbito local la situación tendría repercusiones semejantes. Toda vez que se trata de resolver la relación Ejecutivo y Legislativo, Los mandatarios estatales estarían condicionados a la integración de su equipo de colaboradores al acuerdo del órgano legislativo. Los Gobernadores o el Jefe de Gobierno del DF tendrían que negociar con su Congreso, o la Asamblea Legislativa, no sólo a su secretario de Finanzas o de Seguridad Pública, sino quién habría de coordinarlos.

Las instituciones políticas no resultan sólo de los acuerdos entre sus élites, muchos menos de las tentaciones circunstanciales derivadas de un equilibrio político. Un régimen es producto de un proceso histórico. Para bien o mal, el país tiene una cultura presidencial, mientras que, lamentablemente, los diputados y los partidos -fundamentales para la parlamentarización- padecen descrédito y desprestigio.  No hace lógica que, en la pretensión de mejorar al régimen, se opte por la instancia más cuestionada por sus resultados. la paradoja es que, en el caso, la instancia peor evaluada por la sociedad se regalaría a sí misma, como premio a su desempeño, los privilegios de gobernar sin responsabilidad.

La propuesta tiene como explicación el inmediatismo de los actores políticos no favorecidos por el voto mayoritario en la elección presidencial. La cuestión es que no pueden alterarse los términos del mandato para el que ha sido electa una autoridad; en todo caso eso sucedería para el futuro, situación que plantea, al menos como hipótesis, que cualquiera de los tres grandes partidos puede ganar una Presidencia, peor que disminuida, inhabilitada para cumplir su responsabilidad.

El voto no sólo resuelve la competencia por el poder, también entraña mandato, la aprobación por la mayoría de un proyecto de gobierno. Elegir Presidente no tendría sentido si la integración del gobierno se trasladara a la negociación parlamentaria. El juego es evidente: quienes hoy tienen los hilos de la negociación parlamentaria, pretenden ganar el gobierno por la vía de la maniobra, esto es, tomar el poder por la puerta de atrás, sin votos, sin responsabilidad.

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