¿Y después de lo electoral, qué sigue?


La reforma electoral ha hecho un ajuste profundo a la relación entre los partidos y los medios. De consumarse, las elecciones serán distintas; es deseable que la corrección las mejore. Sin embargo, si no se hace un cambio igualmente a fondo a la otra parte de la relación, los partidos políticos, es difícil que esto suceda. Un cambio que los someta a la democracia y a la legalidad conjuraría la preocupación genuina sobre el imperio de la partidocracia.

La reforma política auspiciada por don Jesús Reyes Heroles apuntaba a la transformación simultánea de dos espacios cruciales para la representación política: la integración de la Cámara de Diputados, y el reconocimiento e inclusión de fuerzas políticas existentes, pero ajenas a la vía electoral. Mucho ha pasado desde ese entonces. Las instituciones electorales se han transformado, ahora los partidos tienen base constitucional. El cambio legal ha sido en su beneficio. Los partidos han transitado por la democracia, pero la democracia no ha transitado al interior de éstos, es más, con el poder y el dinero algunos han involucionado.

Las reglas existentes tienen limitaciones de origen. La más importante, según politólogos, es que un solo acto –el porcentaje de votación nacional– resuelve el derecho de asociación (formar un partido), el derecho del partido para competir, el derecho a las subvenciones y apoyos públicos, y el derecho de acceder a la representación.

Otro tema de controversia lo reviste el hecho de que los partidos pequeños eludan la prueba de los votos mediante la figura de coalición. Por esta vía, es el acuerdo de los dirigentes y no el voto ciudadano lo que determina las candidaturas, el acceso a la representación y las prerrogativas futuras. Este procedimiento ha propiciado una suerte de chantaje y que los partidos pequeños hagan uso indebido de “la franquicia”.

Para algunos, los partidos de ahora se muestran como ricos renegados, reticentes a la rendición de cuentas, autoritarios en su interior y ávidos de ampliar los privilegios de sus dirigencias. El desencuentro con los medios electrónicos va mucho más allá de un pleito por el dinero, más bien es la disputa por el espacio público. No obstante la diversidad y el protagonismo de los partidos en la política, el abstencionismo es elevado, no son pocos los ciudadanos distantes de los partidos y la desconfianza pública respecto de éstos es amplia.

Mucho es lo que debe hacerse, la cuestión es si los partidos –los que influyen en exceso en el proceso legislativo– son capaces de dar curso a una reforma que los ponga al día y los potencie en sus funciones para la inclusión ciudadana que auspicie la integración de la representación política, el debate nacional y hacia dentro de la organización y desarrollo de los comicios.

Existe ambigüedad en el intento. Por ejemplo, desapareció la propuesta original de reforma electoral para que los partidos, aun en el caso de coalición, aparecieran de manera diferenciada en la boleta, así, se le otorgaba al ciudadano y no al acuerdo de dirigentes, la determinación del peso electoral y posiciones legislativas que le correspondería a cada opción.

Fue un acierto que la reforma revirtiera el intento de limitar a los partidos la postulación de candidaturas; es contraria a los derechos humanos, tal como expresa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José). Los partidos son indispensables para la democracia representativa; sin embargo, es preciso cuestionarnos si deben tener el monopolio para acceder al cargo público, especialmente en el ámbito municipal. Mil ochocientos municipios tienen una población inferior a cuarenta mil habitantes y más de mil no alcanzan los diez mil ¿hace sentido la intervención obligatoria de los partidos en dichas comunidades? Claro que no y corresponde a las legislaturas de los estados decidirlo, no a un criterio general constitucional.

Un tema crucial para el sistema de partidos es el registro. Es un despropósito restringirlo a las Agrupaciones Políticas Nacionales; la libertad de asociación debe ser irrestricta. Lo que debe hacerse es diferenciar los requisitos a partir de los derechos involucrados, por ejemplo, la libertad de integrar un partido no debe tener límite, no así los partidos que pretendan participar en el proceso electoral; los requisitos para acceder a las prerrogativas deben ser mayores y, desde luego, también para arribar a la representación nacional. La idea es conciliar libertad con un sentido de orden en el sistema de representación.

Un tema más es el referente a la democracia y legalidad internas de los partidos. Si los partidos tienen la virtual exclusividad para acceder al cargo público, entonces es necesario que abran sus puertas a los ciudadanos y no que las cierren con requisitos excluyentes, injustos y, especialmente, sujetos a la discrecionalidad de sus dirigencias. Es muy preocupante que los partidos se resistan a que las autoridades electorales actúen para garantizar los derechos políticos de los miembros de los partidos. La ley electoral y la que regula el tribunal deben establecer mecanismos que aseguren que la democracia y la legalidad transiten en los partidos. Es deseable que el ajuste a las leyes amplíe la tutela a los derechos de los militantes.

La democracia al interior de los partidos no debe ser opcional. Es preciso establecer en la ley los procedimientos democráticos a los que habrían de sujetarse todas las organizaciones. Las decisiones fundamentales les corresponden a los miembros de los partidos, no a sus dirigentes; para ello es un imperativo facultar a la autoridad electoral para participar en la organización de elecciones internas, asimismo, los padrones partidistas deben ser públicos y, tal como sucede en algunos países, depositados ante el órgano electoral.

La salud de una democracia remite a la calidad de los partidos. Son muchas las exigencias para mejorar el sistema de representación, muy pocas consideran la importancia de lo que tiene que hacerse en materia de partidos. La oportunidad que ofrece la reforma electoral hace obligado redefinir la vida interna de los partidos, hoy por hoy, muy por debajo de las exigencias del desarrollo político del país.

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