Barril sin fondo


Las dirigencias partidistas advierten como injerencia indebida que las autoridades resuelvan
temas internos como legalidad y democracia.

Lo peor que pudiera suceder al momento de la reforma electoral en la ley ordinaria es que los dirigentes ampliaran su espectro de impunidad.

Uno de los desafíos más serios para la calidad de la democracia lo representan los partidos políticos. PRI, PAN y PRD han podidos transitar a la democracia, pero la democracia no ha podido transitar en ellos. Por su lado, los partidos pequeños prefieren aprovechar su condición de asociados de los partidos históricos, en lugar de representar la causa o proyecto que les dio origen y sentido de existencia.

Cada uno de los tres grandes partidos tiene sus propias dificultades. Sus momentos fundacionales han condicionado su existencia y su adaptación a la nueva realidad del país. El PRI continúa en la búsqueda de la figura que representó en su momento el Presidente. En los estados, en algunos casos, los gobernadores la han asumido; en otros sus dirigentes nacionales. El hecho es que el PRI tiene ya siete años en la oposición y no se ha decidido a realizar una reforma profunda que aliente su presencia social y territorial, defina su posicionamiento ideológico y resuelva su gobernabilidad. Los buenos resultados en comicios locales y en la elección intermedia han impedido apreciar la magnitud de la crisis que allí se vive, lo que, a su vez, ha disuadido emprender su reforma. Los resultados adversos en la elección nacional pasada no han merecido una evaluación responsable y seria, quizás porque los problemas del partido van más allá de las limitaciones que mostró su candidato presidencial.

En la dirigencia del PAN persiste la idea de ser la leal oposición a su propio gobierno; su contraparte se inclina a reeditar un esquema poco avenido a los nuevos tiempos y que implicarían, más que acompañamiento, un sometimiento a las exigencias políticas del gobierno. Este tema es preocupante en extremo; que el gobierno participe y se involucre en la actividad partidista, podría propiciar que, también, lo haga en las elecciones, uno de los problemas más nocivos de la democracia mexicana, lo que motivó en otros tiempos la lucha de muchos ciudadanos y, particularmente, la de Acción Nacional.

El PRD tuvo como origen la convergecia de diversas fuerzas políticas en torno a un movimiento de resistencia, encabezado por un líder, que más que dirigente, era el símbolo mismo de la lucha. Un sentido de despojo de la Presidencia de la República se ha vuelto su icono. Una situación tal, no sólo impone dificultades para la institucionalización, sino que genera un ambiente de guerra permanente, lo que afecta la tolerancia, el debate interno y la coexistencia. Uno de los fracasos más severos del PRD ha sido la dificultad para honrar su origen; la democracia interna deja mucho que desear y no le acredita como impulsor del desarrollo político.

Las reglas del juego propician el clientelismo entre partidos; el afán de consenso frustró que prosperara en la reciente reforma electoral una modificación para evitarlo, que los partidos bajo coalición compitieran con siglas diferenciadas en la boleta. Las organizaciones pequeñas pueden eludir la prueba de los votos mediante los convenios de coalición. Fue un mérito que Altemativa y Nueva Alianza alcanzaran el registro en la pasada elección, sin embargo, en los comicios locales no muestran la vitalidad ni la eficacia de la elección presidencial.

La reforma de 1977 elevó a los partidos a rango constitucional. Fue positivo abrir, simultáneamente, la puerta del reconocimiento legal para participar en elecciones y a la integración a la representación popular, através de un centenar de diputados de oposición. Fue definitorio determinar la organización interna de la Cámara de Diputados con base en la filiación partidista en el artículo70 de la Constitución.

El marco legal requiere un ajuste mayor. Los derechos de formar partidos, participar en elecciones, tener perrogativas y acceder a la representación deben diferenciarse, no estar condicionados todo al logro de 2% de los votos. Es el tiempo de una ley de partidos para propiciar su evolución y transformación a la nueva ralidad del país. A mayor poder mayor responsabilidad. Los partidos deben estar sometidos al escrutinio público, la transparencia y la rendición de cuentas. Por tal razón la democracia y la legalidad en sus procesos, deben ser de interés público y, por lo mismo, salvaguardadas por la autoridad, más en un sistema en el que los partidos no sólo tienen el monopolio del accesos al cargo público, sino que son los articuladores fundamentales del proceso de representación política y del debate público.

De hace tiempo los partidos dejaron de ser asociaciones regidas por la voluntad de sus integrantes. En realidad, aquí y en todas partes, esto es un eufemismo para que impere en su interior una oligarquía a la que ya se referían desde su origen los analistas más connotados. Las dirigencias partidistas advierten como injerencia indebida que las autoridades resuelvan temas internos como legalidad y democracia. Lo peor que pudiera suceder al momento de la reforma electoral en la ley ordinaria, es que los dirigentes ampliaran su espectro de impunidad y autoritarismo.

Los recursos significativos que la sociedad otorga a los partidos les obliga a su propia transformación. Los reportes sobre el gasto para actividades específicas -labor editorial, capacitación, estudiós- revelan la indolencia compartida para invertir en su modernización. La alta burocracia se apropia de cuantiosos recursos públicos, ni eso es suficiente, todas las organizaciones registran niveles desproporcionados de endeudamiento y los candidatos pasan la charola debajo de la mesa por los recursos que sus dirigencias les regatean. Las finanzas partidistas son un barril sin fondo.

Los partidos no se deben debilitar, al contrario, fortalecerse por la vía de su transformación. La reforma es urgente. Los legisladores son los primeros obligados en el cambio y si lo advierten bien, es en su propio beneficio. Diputados y Senadores mostraron una sorpresiva voluntad reformadora para acotar la presencia del radio y la televisión en materia de campañas, ahora corresponde dar sentido y razonar el enorme poder y discrecionalidad que cuentan sus dirigencias formales e informales al interior y exterior de la organización. Este cambio será revelador del verdadero propósito de la reforma legal reciente; domocratización o partidocracia.

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