La restauración autoritaria por la vía legislativa


Como pocas veces hoy es evidente la distancia entre democracia y proyecto liberal. El desenlace de los comicios federales parece haber generado una inercia contraria al fortalecimiento de las libertades. La reforma electoral ha dado lugar a un ataque sin precedente al régimen de libertades, a la vez de que se deteriora uno de los logros más importantes y trascendentes del proceso democrático: la autonomía del órgano electoral.

Es de notar que la pluralidad que caracteriza al Congreso no ha dado cabida siquiera a un debate sobre el tema de las libertades. La sociedad ha sido deliberadamente excluida, como si la política fuera un asunto reservado a gobernantes y legisladores. Cabe destacar que el proyecto inicial de reforma constitucional contenía una clara y franca agresión contra la libertad de expresión. La respuesta airada de representantes de la radio y la televisión introdujo un matiz en el proyecto, a última hora. Por el ánimo y unidad que privó entre las tres principales fracciones parlamentarias, hoy es pensable que de no haber ocurrido tal inconformidad, el proyecto así se habría presentado al pleno de la Cámara.

Así, sin mayor explicación, se ha impedido que la sociedad participe en la deliberación para la reforma. A los grupos relacionados con los cambios no se les ha pedido aportar opinión, así sean los empresarios y periodistas de la radio y la televisión o los representantes de las casas encuestadoras de opinión. Por lo que ha trascendido, los gobernadores también fueron mantenidos al margen de esta importante reforma. El gobierno ha participado por la vía de la omisión. Algunos coordinadores de las bancadas han expresado que de haber abierto el proceso a la consulta, se hubiese complicado la reforma; es decir, deliberadamente optaron por el madruguete y el descontón.

La aprobación de la reforma constitucional bajo estas condiciones ha propiciado que se exacerben los rasgos autoritarios e intolerantes en la reforma a las leyes ordinarias. Predomina en el proyecto un IFE a modo y sometido a quienes dominan el Congreso, así como reglas que atentan contra la libertad de expresión. La regulación de los partidos para avenirlos a la democracia y la legalidad no aparecen en las propuestas conocidas hasta hoy. Tampoco ha habido espacio para simplificar el proceso electoral en función del ciudadano.

Este giro antiliberal del Congreso —forma y fondo— ha generado una inercia hacia la cerrazón. Dos son las premisas que fundan esta actitud autoritaria: asumir que toda crítica o resistencia a la reforma tiene como origen el interés de los sectores beneficiados con el status quo. Así, se llega a la descalificación de todo cuestionamiento que invoque la libertad de expresión, por una supuesta falsedad en la motivación o propósito. Bajo esta idea, para los promotores de esta reforma, quienes hacen observaciones críticas al cambio, más que principios, defienden intereses. La otra premisa autoritaria es suponer que la promoción de intereses —económicos, gremiales o de cualquier naturaleza— atenta contra la democracia y la representación política y social de los legisladores.

No hay duda que la reforma electoral tiene aspectos positivos; pero éstos no dan base ni justificación para un proceso legislativo a espalda de la sociedad. Las elecciones no son cuestión exclusiva de partidos, autoridades y candidatos; los actores fundamentales son los ciudadanos y su premisa de eficacia es la libertad, particularmente, la de expresión, la que se ejerce no sólo por candidatos y partidos, sino por ciudadanos a través de medios impresos de propiedad particular y de medios concesionados del Estado, igualmente organizados bajo el régimen de empresa.

La preocupación de los concesionarios de radio y televisión sobre los efectos económicos a sus empresas con las nuevas reglas del juego, es legítima y es un error grave descalificarla por prejuicio y desinformación. En todo caso, si en los legisladores existe la convicción de rentas y utilidades elevadas en el sector, su respuesta es por la vía fiscal, no la de control de programación y la imposición por igual del gravamen implícito en la expropiación de tiempos de alto valor comercial.

El autoritarismo y la intolerancia van de la mano de la burocratización. Al parecer, modificaron la prohibición inicial para que los medios escritos publicaran estudios de opinión que no tuviere el visto bueno de un grupo de escogidos, como si hubiera consenso en materia de metodología o la mejor manera de hacer un estudio demoscópico. Sin embargo, persiste la propuesta de que las autoridades definan línea a los contenidos noticiosos en la radio y tv, además, podrán imponer sanciones gravosas. La responsabilidad en el ejercicio de las libertades no resulta de la imposición de las autoridades.

Algunos —también preocupados por la evolución de la reforma electoral— consideran que el ataque a la libertad de expresión es secundario, toda vez que no hay manera de callar a la sociedad, argumento intelectualmente válido, pero que entraña un alto costo en el supuesto de que así no sucediera. En mi opinión, el problema más serio con las nuevas reglas del juego que se pretenden establecer tiene que ver no sólo con las instituciones electorales, sino con la libertad de expresión. Quizá habrá muchas voces que no se avengan a las restricciones implícitas, pero otras sí habrán de callarse, porque la ley debe cumplirse, aun sea percibida como injusta.

Los legisladores deben reconocer que la representación de intereses, incluso los económicos o de gremio, es del todo legítima. También lo es la preocupación de muchos por el agravio implícito al régimen de libertades. Hay intereses económicos que se defienden, tarea legítima, insisto, pero también principios qué salvaguardar. No nos equivoquemos, la restauración autoritaria por la vía legislativa no es un momento, es un proceso, una inercia que hay que identificar y contener. De otra suerte, con el tiempo, todos habremos de lamentar no haber actuado o minimizado el riesgo.

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