El desdén de las libertades


La representación política se aleja peligrosamente del régimen de libertades. En el debate no hay aprecio a la tradición liberal. La convergencia de múltiples proyectos, visiones e intereses coinciden en el viejo prejuicio de que la solución mora en el Estado, los problemas y peligros, en lo privado

El desdén a las libertades, particularmente el del sector político, tiene viejo origen. Ahora, en una democracia vigente, pero aún por consolidarse, se aprecia con claridad ese déficit. El proyecto liberal naufraga; su realidad son las citas y los discursos; ante los dilemas y desafíos que la realidad presenta, gana el instinto que distancia de las libertades. La causa no es el demonio del neoliberalismo, sino más bien el apego a una cultura ancestral que confía mucho más en el Estado que en el ciudadano. El interés público —cualquier cosa que quiera decir esto— que se arrogan las autoridades, prevalece sobre las libertades, incluso en temas tan básicos como la seguridad personal o la libertad de expresión.

El cambio que se pretende introducir en el IFE, no sólo tiene su origen en lo acontecido en la elección presidencial pasada, también está presente el deseo de los partidos de revertir o atenuar la función fiscalizadora y de sanción de la autoridad electoral. Uno de los temas más comprometedores para la autonomía del IFE respecto de los partidos y legisladores, es la creación de la Contraloría, cuyo titular sería designado por la Cámara de Diputados, a manera de someter a los consejeros por la vía de la amenaza de remoción desde la Cámara misma. Esta propuesta data de 2004, en un predictamen nunca presentado al pleno, motivado entonces como ahora, por un sentido de revancha a partir del resentimiento generado por las sanciones que el IFE impone a los partidos.

Aceptado, no es nuevo el afán de control editorial en la radio y la tv. Como se ha dicho, las reglas de vinculación del IFE con los medios vienen de atrás. Sin embargo, lo que ahora sí es nuevo es el régimen de sanciones, el que incluye, según el proyecto preliminar, la suspensión de transmisión y, en opinión del presidente del Senado, la revocación del permiso o título de concesión.

El sector político —en el gobierno, en las Cámaras y en los partidos— reivindica su hegemonía sobre la sociedad y los órganos autónomos de autoridad. El grupo más autoritario, el más contrario al cambio democrático, ha encontrado un filón qué explotar para reducir al IFE, así como para someter a los medios de comunicación electrónicos, a quienes ven como causa de su desgracia y el obstáculo para su regreso. El habilidoso regenteo del agravio o insatisfacción con los comicios de 2006, sentimiento común en ganadores y perdedores, ha servido para abrir camino hacia este proceso de restauración autoritaria.

En el intento, se ha presentado el argumento —conceptualmente válido— de hacer prevalecer al Estado sobre los factores de poder. Sin embargo, hay que precisar que la influencia y hegemonía de éstos tiene origen en la economía y la ausencia de reglas sobre la calidad y la competencia, que le den eficacia al mercado. Atacar el problema por sus efectos siempre conduce a resultados indeseables. Por ejemplo, la tarea editorial en la radio y la tv ha tenido un desempeño muy constructivo en el fortalecimiento de la democracia. La referencia no es 1988, sino 2000 y, especialmente, 2006. Crear reglas de control editorial con la perspectiva de aquel entonces, no sólo es falaz, sino que mina o pone en riesgo los rasgos más positivos de la evolución que ha habido en medios electrónicos. La autorregulación es el mejor y más seguro camino.

Resulta paradójico, por una parte, el deseo de los legisladores de controlar y acotar a los medios como si fueran infractores; por la otra, la confianza de un sector de opinión de que esto no tendrá efecto en la realidad. Los primeros no especulan; de manera unificada han cambiado Constitución y leyes; los segundos se atienen a la inercia liberadora de la que ellos han formado parte y que les hace anticipar que las normas no habrán de aplicarse. En medio están las empresas, sujetas a la formalidad que conlleva cumplir las reglas y la de ser consecuentes con el mercado y la influencia de quienes dominan el proceso decisorio público y gubernamental.

Poco ayuda en el debate la descalificación anticipada de quien habla, por una asumida falta de autoridad moral o por la presunción de que se hace en nombre de un tercero. Así no hay intercambio posible, ni siquiera para escuchar lo que se dice, preocupa o propone. No es una disputa de virtudes personales, sino de valores y principios, particularmente los de libertad, los que deben medirse en sus propios términos, no por quien lo dice.

Hay que releer a Cosío Villegas en su crónica de La República Restaurada para observar episodios de gloria que entreveran democracia y libertades políticas. Los estatistas casi siempre han ganado la partida, ocurrió por la vía de los hechos en el porfiriato y por el de las instituciones en el régimen que se origina en 1929. Ahora, sin resistencia política, lo hacen a través de las instituciones democráticas, a contrapelo de los principios que las inspiran y de espaldas a la sociedad.

El estatismo no sólo tiene que ver con la propiedad de los medios de producción; sus fundamentos nos remiten a la relación de lo público y lo privado; de un mayor peso del Estado sobre el individuo. Es un debate que antecede a la nación, como bien explicó Octavio Paz. No hay soluciones ni respuestas finales. Me quedo con la convicción de Paz sobre el valor de la libertad y de don Daniel en el ejercicio de la crítica política a través del periodismo. En el horizonte de un mejor porvenir ambos apuntan a la libertad, no al Estado. La democracia que visualizan es la de los ciudadanos, no la del sector político. Cuando más se requiere de la presencia del proyecto liberal, en el pensamiento y práctica política, más encara el rechazo de quienes ahora deciden.

La representación política se aleja peligrosamente del régimen de libertades. En el debate no hay aprecio a la tradición liberal. La convergencia de múltiples proyectos, visiones e intereses coinciden en el viejo prejuicio de que la solución mora en el Estado, los problemas y peligros, en lo privado. En el argumento, el ciudadano y las libertades se ven negados. Los abusos y las omisiones de políticos y gobernantes —origen de la influencia desmedida de los llamados poderes fácticos— corren a cuenta de las personas y sus derechos. Lo de hoy día es el desdén de la clase política a las libertades.

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