La letra chiquita del Cofipe


…la presente Iniciativa contempla la incorporación en el Cofipe de normas que permitirán a los partidos y a sus afiliados desarrollar su vida interna sin estar sujetos al cuestionamiento inmediato ante las autoridades electorales

Exposición de motivos de la reforma al Cofipe

En el proceso legislativo es conveniente saber escuchar a todos, incluso a quienes discrepan. A manera de ejemplo del valor de la crítica, es el caso del proyecto inicial de reforma constitucional que se difundió y que contenía un ataque inequívoco a la libertad de expresión; la modificación, a horas de presentarse al pleno legislativo, fue resultado de la inconformidad de unos y la disposición de escucharlos por parte de los senadores. El hecho, por sí mismo, reivindica la conveniencia de una deliberación abierta y honesta, sin imposturas, pero sin descalificaciones. Los ajustes que ha habido al proyecto inicial, en mi opinión insuficientes, pero positivos, muchos de ellos ocurrieron por la preocupación argumentada de empresarios y observadores de los asuntos públicos. La sociedad también tiene su parte en el cambio legal.

Un sector ha dicho que la reforma electoral es un intento para establecer la partidocracia, señalando con ello el dominio de los partidos sobre el conjunto político y el sistema de representación. No comparto la expresión; no son los partidos como tales los beneficiarios del nuevo marco legal, sino quienes ahora allí mandan. En otras palabras, la reforma no hace de su objetivo la renovación de los partidos, al contrario, plantea un retroceso.

Para el sistema representativo partidos fuertes, pero democráticos, son un activo. No lo son organizaciones dominadas por el clientelismo, la verticalidad y el despotismo a la hora de las decisiones fundamentales, como es la selección de dirigentes y candidatos, declarados, ahora en la ley, temas internos y, por lo mismo, de difícil tutela para que las autoridades garanticen su curso democrático. Los partidos deben fortalecerse, pero no a espaldas de los ciudadanos y de la legalidad. La reforma contiene muchas disposiciones positivas, pero éstas palidecen en función del conjunto y del previsible efecto, negativo, en cuanto a la democracia hacia el interior de los partidos. Pareciera que el fin del cambio sería sustraer a los partidos de la legalidad electoral, bajo la premisa obsoleta de que al ser asociaciones voluntarias de ciudadanos, la supuesta voluntad de sus integrantes es la autoridad suprema de decisión, con lo que se niega la posibilidad de que sus miembros recurran a la autoridad o al tribunal para reivindicar derechos.

Esta idea es consecuente con el señalamiento, en la exposición de motivos, que considera como indeseable la “judicialización” de la vida interna de los partidos. Como un analista recientemente cuestionó ¿para quién es indeseable?, ¿qué tipo de judicialización es la que se cuestiona?, ¿por qué ha habido ese aumento de casos judiciales?

El asunto tiene que ver con el incremento del número de juicios para la protección de los derechos políticos de los ciudadanos, que miembros de los partidos interponen para salvaguardar su derecho a ser votado. La Sala Superior ha visto acrecentar de manera considerable estos asuntos. Los ciudadanos cuentan con una incierta y difícil vía judicial para ver protegidos sus derechos. Las dirigencias de los partidos han expresado su inconformidad y en su sentir, el IFE o el Tribunal no deben actuar en lo que consideran asuntos internos. La nueva ley se hace eco de esta postura, con ello protege no a los partidos, sino a las dirigencias frente a los casos judiciales que se plantean precisamente por un escalamiento de las prácticas antidemocráticas; el propósito de la nueva ley es reducir aún más ese estrecho espacio para que los miembros de los partidos reivindiquen sus derechos.

El nuevo Cofipe lleva a que sean las instancias de justicia de los partidos las que resuelvan y definan las controversias, órganos de dudosa imparcialidad y eficacia para garantizar un proceso justo. Así, lo que protege la reforma es la supremacía de los dirigencias, quienes desean ver ampliada su discrecionalidad en la designación de candidatos, a costa del derecho a ser votado que tiene todo miembro de un partido político. Los mismos legisladores que aprobaron esta reforma son víctimas potenciales de las nuevas reglas.

La reforma presenta otro retroceso grave, el que tiene que ver con eliminar el derecho de ciudadanos o la atribución de autoridades para revertir reformas de ordenamientos partidistas violatorios de la legalidad o la democracia. La impugnación sólo podrán hacerla los militantes y en un término de 14 días después de su presentación a la autoridad para su registro, no en el momento de su aplicación o de la afectación, como debiera ser. Estatutos ilegales o francamente antidemocráticos no podrán ser objeto de impugnación. Las reglas internas de los partidos quedarán firmes, no en el afán de certeza jurídica, sino para evitar ser impugnadas o impedir que la autoridad obligue a los partidos a una normatividad interna democrática. Esta disposición asegura partidos al margen de la legalidad y de la democracia.

Entre los aspectos positivos de la reforma es rescatable que se haya establecido el principio de que los partidos se sometan a la prueba de los votos. Los partidos deben tener el poder y los recursos que la voluntad ciudadana exprese, no los acuerdos de coalición entre dirigentes. El hecho de que en la boleta electoral aparezcan de manera diferenciada los emblemas de los partidos coaligados es una excelente idea. Así, los asientos legislativos, los recursos públicos, las prerrogativas de ley y su eventual permanencia se vincularán con los votos obtenidos. Sin duda, esto es positivo, pero sólo atañe a los partidos pequeños, los grandes construyen una normatividad a la medida de los intereses de sus dirigencias.

Con la nueva ley podrán registrarse nuevos partidos cada seis años, en lugar de tres. ¿El país tiene los partidos que se requiere? ¿La pluralidad actual es representativa del país diverso y complejo que es México? La respuesta a las interrogantes no es de especialistas, encuestados, comentaristas ni de políticos; en una democracia la deben dar los ciudadanos a través de su voto, sin embargo, con la reforma actual se impide que los partidos se renueven, se abre la salida de los partidos pequeños, pero se reduce la puerta de entrada. Una ley a modo.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s