Democracia sin demócratas


La Cámara de Diputados no pudo cumplir con el mandato que avaló antes en la reforma constitucional electoral, cuyo artículo transitorio Cuarto determinaba que la renovación parcial del Consejo debería tener lugar en un término no mayor a 30 días a partir del inicio de vigencia de la reforma. Resulta paradójico que el Constituyente Permanente haya aprobado la reforma constitucional con relativa facilidad y expresiones amplias de consenso; que el Congreso haya expedido prácticamente un nuevo Cofipe en el curso de menos de dos meses, con el voto mayoritario de PRI, PAN y un PRD dividido, y que por otro lado, la Cámara no haya podido procesar el nombramiento de tres consejeros, decisión, por mucho, más sencilla y crucial para la conclusión del proceso de reforma.

El procedimiento para la selección de consejeros se acredita por sus resultados. No es para festinar el mal paso, tampoco para ignorarlo. Lo acontecido es una radiografía de las dificultades e insuficiencias de la vida parlamentaria y de la política de estos tiempos. Se abrió la puerta para que cualquier interesado pudiera acceder a la responsabilidad de consejero. Un grupo cuantioso de ciudadanos de buena fe decidieron participar, la mayoría de estos, con credenciales de excelencia para el cargo; no sólo vieron pasar la oportunidad, también padecieron el desdén por la exclusión sin fundamento y, en algunos casos, hasta el escarnio y el insulto se hicieron presentes por el anfitrión.

Lo ocurrido hace pensar que el consenso extraordinario para la reforma legal ocurrió por el deseo compartido de las fuerzas políticas para reducir la presencia comercial y editorial de la radio y tv, así como para eliminar la presión de los partidos pequeños al momento de formar coaliciones. El acuerdo se hizo fácil cuando se trató de ajustar a otros, no al momento de las determinaciones positivas.

Esto explica que la remoción del consejo anterior no representara dificultad alguna; el acuerdo se hace presente cuando se trata de enfrentar, combatir o disminuir a un real o imaginario adversario común de quienes detentan la posición de influencia en el Congreso, los de enfrente son los medios, los partidos pequeños o los mismos militantes que van a la justicia electoral para defender su derecho a ser votado.

En el proceso de valoración de propuestas, prevalecieron los vetos y las inexplicables e infundadas exclusiones, así como el doble lenguaje: una cara hacia el público y otra en la reducida mesa de negociación. La intransigencia condujo a la posposición de la selección y con ello el incumplimiento de la reforma aprobada por los mismos diputados semanas antes.

Trivializar el tema invocando legalidad de la posposición agravia a la sociedad que los diputados dicen representar. Los argumentos empleados son insostenibles, como el de que a lo imposible nadie está obligado. Si así fuera el caso, no habría Presupuesto, ni Ley de Ingresos, tampoco instalación del Congreso. No es aceptable que los diputados consideren como imposibilidad lo que ellos mismos signaron. Los legisladores incumplieron con el mandato constitucional y la responsabilidad recae en las tres principales fuerzas políticas, las que, de manera sorpresiva, supieron caminar juntos en el proceso legislativo.

El nuevo Cofipe contiene cambios profundos que deben concretarse a la brevedad; en realidad el IFE pasa a ser Instituto Nacional Electoral, con efectos centralizadores, especialmente en la asignación de publicidad en radio y tv. Las funciones de fiscalización se han tornado más complejas y especializadas y se ha establecido una separación clara entre las tareas de gobierno a cargo del consejo, respecto a la de administración y operación a la responsabilidad de los órganos ejecutivos.

Con estos cambios es inexplicable que los tres nuevos consejeros, incluyendo a quien será el presidente no se conozcan en el momento en el que debe tomar curso el proceso de renovación institucional. La incertidumbre pesará sobre los consejeros designados en 2004. La única base defendible para la renovación del consejo y el reemplazo de su presidente, es que el relevo era necesario para el cambio en la institución, como sucedió en otras ocasiones. La posposición deja al descubierto que la exigencia de los relevos en el órgano electoral fue producto del agravio de algunos, la mezquindad de los de en medio y la indolencia de otros; no se percibe interés para el perfeccionamiento de las instituciones electorales.

El IFE, uno de los mayores logros del proceso democrático, resultó el eslabón débil de la polarización política propiciada por partidos y autoridades gubernamentales durante las elecciones federales pasadas. En estricto rigor jurídico, el presidente del consejo no renunció, tuvo que separarse del cargo porque quienes mandan en el Legislativo, resolvieron aplicar retroactivamente la Constitución en perjuicio de los integrantes del consejo y, por ende, de la autonomía de la institución. A los demás integrantes, el peso de la humillación inicial, cuando se concedió por el PAN la remoción, era razón suficiente para dejar la responsabilidad. La renuncia era la respuesta digna a un trato injusto e indebido.

Los diputados han llevado a la peor de sus crisis al IFE. Es tiempo de que las autoridades y los líderes políticos nacionales acuerden los términos para enmendar el curso, esto es, la sesión extraordinaria de la Cámara para resolver la crisis y cumplir a la brevedad lo dispuesto en la Constitución; sin embargo, da la impresión de que se ha pensado de manera distinta. Lo acontecido no es un accidente, es la secuela de un deterioro constante de las instituciones de la República.

Los acuerdos de consenso son el ideal. Lo deseable es que el consejo sea designado con el aval de las tres principales fuerzas políticas. Sin embargo, el consenso implica responsabilidad y sentido de lealtad institucional, de otra suerte se vivirá la dictadura de las minorías intransigentes. La única salida a la situación la representa un acuerdo de mayoría, pero también en este caso se requiere de un compromiso con la pluralidad, para evitar arrollar a las minorías.

La dificultad de los diputados para cumplir con el mandato constitucional no sólo plantea un problema de legalidad, también de moral pública y de elemental sentido de responsabilidad. La clausura del periodo sin haber concluido el compromiso constitucional de renovar el consejo del IFE es una derrota de la política, un lamentable episodio que revela la degradación a la que se ha llevado a la representación popular.

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