Los peligros del silencio


Después de una década de cuasi parálisis legislativa, en este año el Congreso ha dado impulso a cambios significativos en diversas materias, especialmente, en lo electoral. Es la primera ocasión en la que se presenta un Congreso activo y productivo en una situación de gobierno dividido, es decir, cuando el Presidente no tiene mayoría parlamentaria.

Sin embargo, un Congreso productivo presupone una sociedad y un gobierno igualmente activos. Los peligros del silencio se asocian a la incapacidad para generar los contrapesos necesarios para que la actividad legislativa tenga apego al interés nacional, con base en la perspectiva de las necesidades del país que parte desde el gobierno, así como la expresión de la sociedad en su diversidad. El quehacer legislativo no debe darse en el vacío; sociedad y gobierno tienen su parte. De la misma manera que el debate debe extenderse al país y éste, inevitablemente tendría que darse a través de los medios.

Ante el protagonismo del Congreso el silencio es un error, como también lo es descalificar a la crítica bajo el argumento de que los así llamados poderes fácticos no deben participar. Los poderes establecidos requieren para su buen desempeño una sociedad participante y con organizaciones activas, incluyendo las de corte gremial y privado.

Que los legisladores actúen no es suficiente; es imprescindible que lo hagan en función del interés nacional. No hay manera de resolver esta exigencia si no es en el marco de una intensa, efectiva y amplia participación social. La secuela de las elecciones de 2006 ha dominado el espectro de la política hasta hoy, particularmente en la reforma legal. En el proceso se entreveran los viejos resentimientos de los sectores políticos identificados con los usos del régimen no democrático (lastimados por un marco democrático avalado por ellos, pero en sus resultados, repudiado también por ellos mismos) y el agravio de quienes no se sintieron satisfechos con los comicios de 2006. Sin embargo, es importante recordar que las exigencias del cambio no son exclusivas del sector político.

Es fácil y ventajoso trasladar la responsabilidad del deterioro electoral a los medios, al IFE o a los llamados poderes fácticos. Debiera haber un mayor sentido de autocrítica que ratificara una voluntad de lealtad a la institucionalidad democrática. Esta actitud habría llevado a una reforma electoral en la que los partidos modificaran su vida interna y efectivamente rindieran cuentas a los órganos de autoridad y a sus miembros. Los tres grandes partidos han preferido mantenerse al margen de lo que debió haber sido el propósito de la reforma reciente: eliminar las fichas libres en la contienda por el voto.

El camino adelante no se puede transitar con la reedición del pasado. Hoy las fuerzas parlamentarias de los tres grandes partidos coinciden y esto ha conducido a sorpresivos acuerdos. PAN, PRI y PRD unifican posiciones en el proceso de reforma. Sin embargo, especialmente en lo electoral, no parece haber claridad sobre cuál es el interés superior a proteger; en lo que sí hay definición, es en las bajas de la batalla. Los perdedores son el IFE, los medios de comunicación, los partidos pequeños y, con ellos tres, la sociedad toda.

La reforma ha privilegiado el control político del órgano electoral por parte de una Cámara distante de la sociedad que dice representar. Esto, a su vez, plantea graves pérdidas que no se pueden soslayar: el IFE era el elemento fundamental de la transición mexicana, nada hubiese funcionado sin su credibilidad; hoy se perfila a ser el elemento más débil del proceso electoral. Los legisladores argumentan lo contrario, sin embargo, los hechos están a la vista y la incapacidad para cumplir el transitorio constitucional conlleva un vicio de origen. La responsabilidad, ahora más que nunca, se ha vuelto rehén de la intransigencia.

La libertad de expresión sufre una merma cuando particulares no pueden utilizar en tiempos de campañas los medios de comunicación concesionados por el Estado. La libertad de los partidos y candidatos ha quedado acotada al no poder emplear expresiones de campaña diferenciadora, recurso ordinario y común a todas las contiendas electorales.

En la nueva legislación, la libertad de asociación sufre un doble golpe: por una parte, la formación de partidos continúa siendo un proceso burocrático, difícil, y ahora, a resolver cada seis años. Se confunde el derecho a recibir prerrogativas o acceder a la representación popular, con la libertad de asociación, en la que una de sus expresiones es la de agruparse en partido político. Por otra parte, hay una merma en el derecho de los militantes para participar en la organización al restringir el acceso a la justicia electoral para reivindicar el derecho a ser votado y se frena la intervención de la autoridad electoral para asegurar regulaciones democráticas.

El texto de la reforma electoral ve a los medios como intrusos en el juego electoral y la autonomía de la autoridad electoral como amenaza, como si la tarea política fuese exclusiva de los políticos profesionales, y sin advertir que hay importantes espacios de libertad en los periodistas de la radio y tv. Inquieta, en especial, la merma de la libertad de expresión y la actitud de asumir a quienes se oponen como una mascarada de los intereses de las empresas. El efecto deseado por el sector político es el del silencio. Sorprende que ninguno de los partidos históricos haya entendido las implicaciones de ello.

Finalmente, el federalismo también sufre un retroceso importante. Será este IFE (controlado desde la Cámara), y las dirigencias nacionales, quienes determinen y negocien términos para el empleo de publicidad en radio y tv en comicios locales. En este aspecto (que debiera ser de la exclusiva competencia local), los órganos estatales de los partidos y las autoridades electorales locales han quedado marginados.

La necesidad de reforma era y es incuestionable. A los poderes establecidos y sólo a éstos les corresponde dar curso al cambio. Sin embargo, es inadmisible el intento de marginar a la sociedad. Todavía más preocupante es que quienes tienen a cargo la dirección política de los legisladores lo asuman como un problema a resolver a través de la sorpresa, la exclusión y el silencio. Podría ser que el edificio de la democracia esté quedando expuesto y en peligro a partir de la fragilidad de sus pilares. La democracia es como un todo.

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