Reforma impugnada


La jueza Rafaela Franco Flores rechazó el recurso interpuesto por un grupo de destacados intelectuales y periodistas para impugnar la reforma constitucional en materia electoral. Semanas antes ocurrió algo semejante con el recurso presentado por dirigentes del sector empresarial respecto de la misma reforma. La decisión habrá de resolverse en el tribunal de alzada, lo que constituirá un precedente de señalada importancia.

Es deseable que los particulares encuentren en materia constitucional y en la electoral vías de impugnación frente a actos que se consideren inconstitucionales; en cuestiones tan trascendentes para la vida pública no se debe dejar a los ciudadanos en estado de indefensión. El sistema de justicia está a prueba; lamentablemente la legislación y los precedentes jurisdiccionales van a contracorriente.

El juicio de amparo presenta limitaciones, pues sólo protege a quien lo invoca. Las acciones de inconstitucionalidad de los poderes públicos, los legisladores y los partidos pueden anular una norma; paradójicamente la acción que interpongan los particulares no logra el mismo resultado. Esta situación revela la necesidad de dar curso a las propuestas de reforma planteadas por la Suprema Corte en su Libro blanco. Una ley declarada inconstitucional, bajo ciertos supuestos, debiera tener efectos para todos. Asimismo, como lo ha reconocido la Corte, es necesario un régimen de justicia al acceso de todo ciudadano y que no se centre, como ocurre hasta ahora, en temas patrimoniales.

La justicia es la manera óptima de reconciliarse con la legalidad. Para el éxito en el litigio, las argumentaciones son, esencialmente, de carácter legal. Así es porque la justicia requiere de procedimientos, reglas y pruebas formales. Aunque se ha avanzado en un sentido garantista de la justicia, la intervención del juez está acotada por la ley y por lo que las partes aporten y argumenten dentro del proceso. En no pocos casos los jueces y la justicia cargan la responsabilidad por la deficiente defensa legal en procesos que con mejor desempeño del representante legal hubieren tenido otro desenlace.

En el caso concreto, la restricción a la libertad de expresión contenida en la reforma es lo que motiva la impugnación de referencia. Se invoca un interesante y heterodoxo precedente respecto a la supremacía de los derechos individuales sobre la parte orgánica de la Constitución; no está por demás señalar que existen varias disposiciones del Cofipe contrarias al régimen de garantías, especialmente en lo que atañe a la libertad de asociación, a la de expresión y al derecho ciudadano de ser votado.

En la impugnación ideológica o política a la reforma se esgrimen dos señalamientos: primero, el prejuicio de los legisladores, quienes estiman que a los ciudadanos se les debe proteger sobre la intromisión de terceros ajenos a la elección, es decir, la reforma asume indebidamente que los electores no están en condiciones de discernir, diferenciar y decidir sobre la publicidad que encaran; en ese sentido, no es una exageración concluir que el legislador ha considerado al ciudadano como un menor de edad al que hay que proteger aún sacrificando sus garantías más preciadas.

El segundo argumento de la impugnación es el que cuestiona que exista “intromisión”, ya que el actor central en los comicios no son los partidos y los candidatos, sino la sociedad, la que se expresa a través del voto ciudadano. Por lo mismo, en opinión de quienes impugnan la reforma, los particulares deben tener la libertad para examinar, cuestionar, respaldar y, en su caso, promover o rechazar propuestas, candidatos o plataformas electorales. Este aspecto es uno de los temas más controvertidos, incluso en el sistema norteamericano, donde impera el valor de la libertad sobre cualquier otra consideración. Quienes se pronuncian por la regulación estricta, estiman que quien está en mejores condiciones para el ejercicio de la libertad no es la sociedad en general, sino aquellos que detentan mayores recursos políticos
y económicos.

Es positivo que un grupo de intelectuales y periodistas que han acreditado un escrutinio serio y riguroso de candidatos, partidos y propuestas, estén decididos a recurrir al juicio de amparo para evitar verse limitados en el ejercicio de su libertad de expresión, incluso del derecho a comprar espacios comerciales en la radio y tv. La cuestión remite a los alcances que debe tener la libertad de expresión en los medios electrónicos y, si es el caso, de que los particulares estén impedidos de realizar evaluaciones críticas a candidatos por la vía de la publicidad bajo el argumento de que la elección sólo compete a los partidos
y sus candidatos.

Al respecto, es de llamar la atención la inercia de los legisladores de excluir a la sociedad de la elección, lo que adquiere relieve a través del régimen restrictivo de libertades y del principio de que el amparo no procede en temas electorales, lo que ha dado lugar a situaciones de indefensión, contrarias al régimen de derechos políticos reconocidos por los estados democráticos, como aconteció con Jorge Castañeda en su propósito de hacer valer el derecho a ser votado.

Estamos presenciando un creciente desencuentro del sector político y los partidos con la sociedad. La preocupación fundamental es que la reforma da lugar a una nueva normalidad que aísla a los partidos de la sociedad y los aparta del aliento reformador liberal. Ciertamente, las nuevas reglas establecen un régimen de transparencia y de información aplicable a los partidos, pero ese no era el único problema a resolver. También estaban los temas de la democracia y la legalidad internas y ni siquiera fueron objeto de discusión. Propuestas elementales como el que los partidos puedan recurrir al IFE o al listado ciudadano para la organización de sus procesos internos no fueron incorporadas al texto legal.

La reforma electoral plantea desafíos y problemas más allá de lo previsto. La impugnación judicial es la opción para replantear su apego a las garantías individuales. Las vías de justicia son estrechas e inciertas. En esta hora de la Corte es deseable que el máximo tribunal tenga la última palabra para determinar si hay base para el amparo. Por lo demás, no hay peor injusticia que la que excluye del derecho de recurrir al juez para ser escuchado y, en su caso, vencido en un proceso justo.

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