¿Reforma o secuestro de régimen?


liebano_saenz_int1.gifEl rasgo distintivo de esta etapa de la política nacional es el poder decisorio del Congreso. Desde que el presidente dejó de tener mayoría en la Cámara de Diputados, hace más de una década, el Congreso había perdido capacidad para procesar reformas. No ha ocurrido así en esta legislatura, la que ha avanzado en temas de significada importancia en su primera mitad de ejercicio.

El relieve del Congreso se presenta ante un repliegue del gobierno federal y local, de las dirigencias formales de los partidos y de la sociedad organizada. Tal actuación tiene lugar con un margen de autonomía sin precedente. Esto implica un Poder Legislativo más fuerte, aunque no necesariamente más representativo. En el balance de desempeño de este año se puede decir que no siempre el interés general ha estado en la prioridad del Poder Legislativo. Quizá por el perfil de los coordinadores parlamentarios o por la misma integración de las cámaras, ha hecho falta una perspectiva incluyente de la política. Prevalece un sentimiento de desdén hacia lo que los políticos actuales asumen ajeno y, no obstante el origen de su poder, persisten distantes de la sociedad civil.

La agenda para reformar al propio Congreso no ha avanzado a pesar de varias propuestas pendientes de dictamen. La transparencia allí se vuelve revelación y escándalo frecuente precisamente porque no hay procedimientos y reglas de gobierno interno. La discrecionalidad en la asignación de los recursos por los coordinadores de las fracciones indica que el clientelismo parlamentario se ha agravado. El Poder Legislativo, más que cualquier otro, ha visto incrementar su presupuesto; sin embargo, poco se ha hecho en su modernización.

Por ese pasado de escasa actividad legislativa en temas de relevancia, la autocomplacencia se hizo sentir en la conclusión de este periodo de sesiones. En la evaluación, al Legislativo le ha hecho falta autocrítica, incluso bajo estándares tradicionales; por ejemplo, el daño grave que se le hizo al IFE o los pocos alcances de la reforma fiscal respecto a la necesidad de transformar el régimen tributario o fortalecer las finanzas públicas.

En el curso de 2008 habrá de plantearse en el seno de los trabajos de las cámaras el cambio de régimen. Destacados académicos se han hecho eco de la pretensión de un sector de la política a efecto de parlamentarizar al régimen presidencial mediante la figura de gobierno de gabinete, esto es, que el Congreso o la Cámara de Diputados ratifique las propuestas del Ejecutivo para designar secretarios del despacho, así como crear la figura del jefe de gabinete, también sujeta a ratificación por el Poder Legislativo. Se habla también de voto de censura, recurso parlamentario para descalificar al gobierno y modificar al gabinete.

Las implicaciones del cambio serían de un impacto mayor. Terminaría la tesis de la responsabilidad republicana en la persona del Ejecutivo; el Poder Legislativo realizaría funciones que tienen que ver en estricto sentido con tareas de gobierno, como es participar en la designación de los funcionarios responsables de la administración pública.

En otras ocasiones he planteado observaciones críticas a la propuesta por consideraciones de arquitectura institucional y de estructuración del poder público. Independientemente de esto, es preciso preguntarnos si el Congreso está en condiciones de acometer tal tarea. No el Congreso en abstracto sino el actual, como existe, con los diputados y senadores tal cuales son, con las inercias positivas y negativas en cuanto a la organización y la representación, con el horizonte de los cambios posibles en la integración de las cámaras a partir de la modificación en la ley electoral que fortalece a los partidos con estructura territorial, con los partidos que existen y tal cual existen. Con estos elementos es preciso preguntarnos si un cambio de tal naturaleza sería para el bien de la República, si serviría para hacer realidad un gobierno más eficaz en cumplir con sus responsabilidades, si favorecería la construcción de un sistema político que dé respuesta a los grandes problemas históricos como es la pobreza y la desigualdad, de una ciudadanía disminuida, que por experiencia desconfía del derecho y recela lo institucional.

El tema es si se tiene un Poder Legislativo y un régimen de partidos adecuado para cumplir con lealtad institucional una responsabilidad de tal magnitud. Lo que sucedió con la frustrada designación del presidente del Consejo General del IFE o el colmo, el reparto entre los diputados de los recursos no ejercidos, sólo como una significativa muestra del déficit de responsabilidad en el parlamento. Imaginemos qué sucedería, si al lograr un superávit financiero, el gobierno de Felipe Calderón convoca a una cena, semejante a la que sí convocaron los integrantes de la cúpula de la Cámara, para repartir el ahorro entre los miembros de su gabinete. Trasladar la designación de los altos funcionarios del gobierno al Poder Legislativo, tal cual ahora se comporta, significaría premiar a quienes no han acreditado solvencia política y compromiso institucional.

El partido en el poder, a diferencia de la oposición, plantea una serie de propuestas dirigidas a fortalecer el régimen presidencial, muchas de ellas inobjetables, como determinar preferentes ciertas iniciativas del Ejecutivo para dictaminarlas en términos perentorios, ampliar la facultad reglamentaria del presidente y el prescindir de la autorización para viajes del presidente al extranjero.

Es explicable que quienes no han sido favorecidos con el voto, particularmente quienes han ejercido en este año la condición de partido bisagra, les resulte atractivo gobernar desde el Legislativo. Sin embargo, las instituciones tienen que modificarse con perspectiva. Las de carácter electoral, casi siempre se transformaron a partir del inmediatismo de los partidos involucrados; pero hablar de cambio de régimen, es hablar de una transformación de tal magnitud y trascendencia, que sería un grave error realizarla en la conveniencia circunstancial.

Ninguno de los tres grandes partidos debe asumirse como derrotado anticipadamente en la renovación de la presidencia. Por ello, modificar el régimen sólo para satisfacer intereses personales, sería tanto como trastocar al Estado en función ya no de un partido o proyecto ideológico en particular, del todo inaceptable, sino peor aun, en interés de un proyecto individual.

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