¿El Presidente Calderón violó la Constitución?


liebano_saenz_int1.gifEl lunes 7 de enero el presidente Calderón emitió un mensaje televisado a nivel nacional con motivo del inicio de año. La pertinencia y conveniencia de hacerlo está fuera de cuestión. Su condición de jefe de gobierno y del Estado mexicano lo obliga a este tipo de presencia mediática. Temas de importancia y de preocupación pública, como es el impacto del TLC o la lucha contra el crimen organizado, deben ser encarados en la brevedad que ofrece la oportunidad de un mensaje de tal naturaleza.

De manera análoga puede decirse que los mandatarios estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, deben comprometerse públicamente al cumplimiento de metas y, en su caso, invitar a la sociedad en el desarrollo de las tareas de gobierno. El poder requiere de rituales y símbolos. El sentido de representación se construye con las acciones y las obras, pero también con las palabras. En buena parte gobernar es comunicar.

Si el Presidente puede emitir un mensaje de tal naturaleza, en consecuencia, el jefe de Gobierno del DF, los gobernadores, los presidentes municipales, los legisladores o cualquier servidor público también lo puede hacer. Bajo la misma lógica, si es posible para el inicio de año, también puede el Presidente aparecer a cuadro con motivo de alguna otra efeméride o acontecimiento, como informe de gobierno, aniversario de inicio de gestión, etcétera.

Sin embargo, la Constitución fue reformada en meses pasados. De su texto, se advierte que los redactores de la reforma, quizás sin proponérselo, incurrieron en un exceso tal, que pudiera haber amordazado a los servidores públicos en el ejercicio de sus responsabilidades. En efecto, el artículo 134, párrafo sexto dice: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

El texto constitucional aludido en su parte final dice que la publicidad gubernamental, además de corresponder a objetivos institucionales y a fines informativos, educativos o de orientación social, en ningún caso deberá incluir nombres, imágenes o voces que impliquen promoción personal del servidor público. ¿Cómo evitar la promoción personal si hay imagen, nombre o voz del emisor del mensaje? La redacción es deficiente para ofrecer certeza o claridad. El término “promoción personal” es impreciso, subjetivo y, en el mejor de los casos, ambiguo.

Podría interpretarse que es suficiente cumplir con el primer aspecto, es decir, que la publicidad sea institucional y con ello se obvia la cuestión, por lo que es permisible que aparezcan imágenes o voces. En consecuencia, el presidente Calderón y cualquier otro funcionario que haya actuado en forma semejante, lo hizo con apego al nuevo texto constitucional.

El problema es que el texto sí crea una hipótesis de conflicto entre el hecho y la norma, ya que además de institucional, en la emisión del mensaje, de conformidad con la letra de la reforma, no debiera haber imagen o voz que implique personalización del funcionario que emite el mensaje. Se podría decir que el mensaje presidencial no implicó promoción personalizada, la cuestión es que si se acepta tal apreciación, prácticamente haría nugatoria la reforma, esto es, que cualquier otro funcionario, aludiendo equivalentes razones institucionales, podría hacer uso de los medios de comunicación en los mismos términos que en el pasado.

El anuncio de un funcionario en un espectacular o en un promocional televisado o en la radio, refiriéndose a una obra, a un hecho o logro de su gestión es estrictamente institucional; sin embargo, quienes promovieron la reforma pretendieron evitar que los funcionarios se promovieran para evitar en el futuro condiciones inequitativas para la competencia electoral. Tan es así que el cambio en la Constitución se da en el marco de una reforma electoral, cuyo propósito, en diversos artículos, es delimitar la libertad de expresión y sus eventuales excesos, en aras de la equidad en la competencia.

En esta interpretación sobre los fines de la ley, aparentemente el Presidente estaría al margen de la controversia, toda vez que al no haber reelección no habría inequidad futura. Sin embargo, esta apreciación corresponde al prejuicio que se deriva de la experiencia previa, no de la estricta lógica jurídica. Por ejemplo, nada excluye como hipótesis legal, que un ex presidente pueda ser postulado para otro cargo, por lo mismo, la idea de inequidad futura se sostiene, incluso para quien difícilmente en el futuro encararía las urnas. Además, los gobernadores y los presidentes municipales también están sometidos al principio de la no reelección, por lo que al permitírsele al Presidente de la República, también a ellos habría de aplicarles el beneficio.

Está fuera de duda la conveniencia de que el Presidente de la República pueda dirigirse al país, al igual que los mandatarios locales a sus gobernados. Sería absurdo impedírselo. Sin embargo, el exceso de significado del texto constitucional presenta una controversia que exhibe las consecuencias de una mala reforma o si se quiere de una reforma buena, pero que llegó a mal puerto porque su motivación fue modificar las coordenadas en una competencia anticipada por la Presidencia de la República.

Es el caso de una buena y necesaria reforma que podría haberse pervertido en el proceso de su concreción al haber eludido un debate auténtico sobre su contenido y sus efectos, por unos legisladores que erróneamente asumieron que su indisputable representación, les daba derecho para legislar a espaldas de la sociedad; una buena reforma con deficiente expresión por creer que toda observación y crítica era una respuesta embozada del statu quo. Una mala reforma por el desdén a las libertades, generalizado en la clase política.

Un pensamiento en “¿El Presidente Calderón violó la Constitución?

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