El Congreso y su agenda


liebano_saenz_int1.gifEste viernes inició el segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso. El ciclo político hace pensar que éste podría ser el último tramo para alcanzar reformas trascendentes no sólo para la legislatura que habrá de concluir trabajos en 2009, sino para la administración sexenal. La proximidad de tiempos electorales complicará la colaboración y el acuerdo; además, la prospectiva de la elección intermedia, por el momento, no presagia que el partido en el gobierno mantenga la misma presencia parlamentaria. Seguramente la correlación de fuerzas en el Congreso habrá de cambiar de manera importante, especialmente por efecto de las reformas que se aprobaron, las que favorecen claramente al partido con mayor estructura territorial, es decir, el PRI.

La agenda legislativa no es clara; en sus reuniones plenarias las fracciones parlamentarias anticipan prioridades; sin embargo, hay temas insoslayables: la reforma en materia de energía, la de justicia en materia penal y las derivadas de la electoral, las que, por cierto, debieron aprobarse al mes de la promulgación del cambio constitucional. Adicionalmente, la Cámara deberá proceder a la integración del Consejo General del IFE.

El debate se ha centrado en la reforma en materia de petróleo. Es un tema sensible que, como pocos, mueve razones y pasiones. El presidente Calderón, ante sus correligionarios se ha pronunciado por un estudio que muestre la necesidad de una reforma profunda e inmediata. No es que se anticipen conclusiones, pero el estado que guarda Pemex hace prever que el cambio es impostergable. Puede haber diferencia en el sentido de la respuesta, pero no en el diagnóstico.

El cambio en Pemex no es una necesidad del gobierno, lo es para el país en su conjunto. Negar la realidad a nada conduce; la intransigencia puede ser políticamente rentable, pero es desastrosa para el interés general; no menos lamentable es la pretensión de chantaje al gobierno. La situación de Pemex es de tal manera complicada que los cambios deben evaluarse en sus propios méritos, nunca como moneda de cambio para lograr beneficios, la mayor de las veces, de interés no de los partidos, sino de quienes tienen posiciones de influencia y privilegio en éstos.

Actualizar la justicia penal es, igualmente, una necesidad. Sin embargo, no hay atajos en la lucha contra el crimen, mucho menos los que ponen en riesgo las libertades individuales. El Estado debe fortalecerse y tener mayores atribuciones legales para el combate al crimen organizado; este es un empeño de varias administraciones y es preciso darle continuidad. Respecto al combate al narcotráfico, el problema debe verse en una perspectiva más amplia que la penal, también está la económica y la de salud pública. El ímpetu que se observa en lo primero, no queda claro en lo segundo y todavía menos en el tercer aspecto. No es una tarea sólo del gobierno, sino de la sociedad entera. El problema de las drogas está más próximo de lo que parece y es mucho más que una lucha de policías y delincuentes.

En lo pendiente de la reforma electoral deben atenderse asuntos delicados como el secreto bancario, el derecho de réplica en medios electrónicos y lo referente a la justicia electoral. El Cofipe estableció obligaciones para que los partidos informen con mayor detalle sobre los recursos que la sociedad les asigna; sin embargo, el problema más grave no es la opacidad financiera, sino el déficit de legalidad y democracia internas. El desarrollo político del país es incuestionable, no así el de los partidos, incluso, en los últimos siete años han retrocedido. La reforma electoral reciente fue más que complaciente al respecto, prevaleció el criterio de que las autoridades electorales o jurisdiccionales no deben actuar para que los partidos se apeguen a los principios democráticos en sus procesos internos. Los cambios a la ley que regula los medios de impugnación en materia electoral, representan una gran oportunidad para abrir las estrechas posibilidades que los miembros de los partidos y los ciudadanos tienen para avenir a la legalidad y a la democracia, por la vía judicial, a los institutos políticos y a sus dirigencias.

Regular la réplica en medios electrónicos no es simple; la manera como funciona y opera la programación en la radio y la tv lo complica en extremo. Es frecuente que segmentos sean grabados, además de la secuencia en el desarrollo de la programación no se presta, normalmente, a interrupción para dar cabida a la réplica instantánea. Hay preocupación en exceso de los políticos sobre este tema y eso los puede llevar al error. Una mala solución no sólo no resuelve —como sucedió en el tema de la publicidad personalizada, aludido en este espacio en previas colaboraciones— sino que puede resultar en una situación más grave de la que ahora se advierte. No está por demás señalar la conveniencia de que las fuerzas políticas dieran espacio a la autorregulación, como lo han hecho partidos y gobiernos en otros países. La industria tiene estándares de desempeño, internacionalmente reconocidos; no se justifica un régimen especial de prohibiciones y sanciones a partir de los temores o las ambiciones de los políticos.

Los partidos y sus legisladores le han hecho un daño enorme al IFE. Lo explica una extraña combinación que integra el agravio de unos, el interés avieso de otros y la indolencia de muchos. Se justificó el cambio en la Constitución para proceder al relevo de los consejeros actuales, bajo el argumento de que en su designación se excluyó al PRD. En diciembre los diputados en voz de sus coordinadores resolvieron desentenderse de lo que ellos mismos aprobaron en la Constitución, precisamente porque no había acuerdo en las designaciones. Ahora se regresa al problema de origen: la designación con exclusión de una de las principales fuerzas políticas.

La agenda legislativa se presenta como una oportunidad que pone a prueba no sólo la representatividad del Congreso, sino su capacidad para actuar con visión y lealtad a los valores propios de la democracia: libertades, rendición de cuentas y supremacía del interés general.

Publicado en Milenio Diario 

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