IFE, promoción personalizada y gobernantes locales


La mayoría del Consejo General del IFE ha tenido la precaución de no lanzarse a la excitativa de senadores para demandar a los mandatarios estatales, alcaldes y otros legisladores que suspendan lo que a ellos les parece ser una violación del nuevo párrafo del artículo 134 que prohíbe la promoción personalizada. El acierto de los consejeros ciudadanos radica en detenerse para hacer un examen legal acucioso y así cuidar los términos de su actuación y evitar convertirse en los operadores de aquellos legisladores a quienes preocupa, por razones meramente de competencia política, la publicidad institucional de mandatarios locales.

La excitativa de intervención del IFE muestra que la redacción del nuevo artículo constitucional obedeció más a una disputa política anticipada que a cualquier otra consideración; se advierte que la preocupación de fondo no es el uso de los recursos públicos, sino la notoriedad o visibilidad que adquieren supuestos competidores potenciales al recurrir a los medios de comunicación en la difusión de las tareas de desempeño. Echar a andar al IFE dio resultado con una minoría del consejo, incluso se llegó a decir que sancionarían a los secretarios de finanzas de los gobiernos locales por la contratación de tiempos en radio y tv, así como gasto publicitario. Ahora, para bien del IFE, tendrá que prevalecer la opinión de los abogados.

¿Tiene atribuciones el IFE para regular la publicidad de funcionarios estatales, municipales o legisladores? No, al menos no la tiene fuera del periodo electoral, salvo que se trate de actos anticipados de campaña, pero para ello hay otro tipo de sanción y procedimiento; la promoción personalizada no implica, necesariamente, un objetivo electoral. Aquí lo hemos dicho, el artículo 134 como está redactado, no se enmarca en un sentido electoral o de equidad en la disputa por las candidaturas, aunque ese haya sido el auténtico propósito de quienes promovieron la modificación constitucional.

El artículo 134 requiere de una legislación secundaria para determinar qué significa promoción personalizada, quiénes son autoridades competentes para cumplir lo legalmente establecido y cuál es el procedimiento de investigación y sanciones aplicables; de hecho, el Cofipe algo ha anticipado y ha señalado que la publicidad asociada a los informes, durante un periodo determinado y en una demarcación propia del informante, no representan propaganda. Una excepción muy estrecha, ya que los mensajes del Presidente de la República propios de su investidura, ejemplo, salutación de Año Nuevo, bien podrían calificarse de violatorios de la ley y la Constitución. Las autoridades deben tener un espectro de libertad de expresión para así cumplir sus responsabilidades, ese debe ser el sentido que el legislador debe dar al momento de reglamentar lo dispuesto por el artículo 134. Sería inaudito y no tendría precedente en país alguno, el que las autoridades estuvieran amordazadas por razones de disputa política al interior de los partidos.

La cuestión es que el Congreso federal no tiene atribuciones para legislar en materia de publicidad de funcionarios estatales, municipales y legisladores locales, aunque sí para efectos de procesos electorales federales. Además, el artículo tiene elementales agujeros, por ejemplo, un funcionario puede realizar promoción personalizada siempre y cuando no se haga con cargo al erario, esto es, si la publicidad la costea un partido, un particular o una persona moral no hay infracción alguna; incluso, tal como está redactado es disputable que la prohibición aplique a los legisladores. Tampoco se puede sancionar la publicidad que hagan particulares en actos de promoción personalizada, generando condiciones de inequidad al momento de la competencia por las candidaturas. Una mejor redacción de la disposición constitucional hubiera significado mayor certeza jurídica y claridad sobre sus alcances.

En las pretensiones políticas de quienes promovieron la reforma al artículo, dieron por sentado una perspectiva centralista que ahora los delata; el Congreso federal no tiene atribuciones para legislar en materia de publicidad local, tampoco el IFE para normar los promocionales o publicidad que realicen autoridades locales fuera del periodo de campañas. La misma reforma constitucional remitió a las legislaturas de los estados proceder a la adecuación de sus leyes en el término de un año a partir de la promulgación de la reforma constitucional; incluso estados con comicios locales en dicho periodo, como Hidalgo, Guerrero o Estado de México, pueden legislar pasado su proceso electoral.

Los congresos de los estados finalmente tendrán que iniciar procesos de reforma para dar contenido al artículo 134. Es recomendable que al hacerlo, los legisladores locales, eviten la tentación de hacer nugatorio su contenido, pero también, entender que los gobernadores y los alcaldes requieren de un razonable margen de libertad para la comunicación con sus gobernados.

Ejemplo ilustrativo de los supuestos que deben estar presentes al momento de legislar el artículo 134, ocurrió en Tabasco, en ocasión de las graves inundaciones en noviembre del año pasado. La situación pudo desbordarse y volverse inmanejable. La presencia del gobernador Granier en la radio, la prensa y la televisión fue crucial para la conducción del problema. A más de 100 días de la tragedia y todavía con la secuela de afectación, los habitantes de Tabasco pueden apreciar con legítimo orgullo la civilidad con la que enfrentaron la adversidad extrema. Sin embargo, hoy día, en su condición de líder político de la entidad, el gobernador, en una interpretación que estimo excesiva de la norma, y para evitar señalamientos interesados de sus adversarios, no tiene manera de hacer llegar un mensaje de agradecimiento y reconocimiento a los millones de mexicanos que solidariamente contribuyeron a aliviar la situación.

La inhibición a la promoción personalizada puede tornarse en camisa de fuerza que limite las tareas propias de quien gobierna. La mala redacción del artículo y su inadecuada interpretación podría llevar al extremo de la mordaza o a hacer nulo su propósito a través del litigio –riesgo que entraña que el juez se vuelva legislador–; lo más sensato es que el Congreso federal, la Asamblea del DF y las legislaturas de los estados procedan, en el ámbito de sus atribuciones, a dar claridad al artículo reformado.

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