¿Seguridades o libertades?


La reforma constitucional de justicia en materia penal —todavía inconclusa— ofrece ilustrativas lecciones que bien apreciadas pueden redituar en una mejor relación del Congreso con la sociedad. En un breve recuento: la Cámara de Senadores introdujo cambios importantes a la iniciativa del Presidente, con ello se logró el voto calificado de las dos terceras partes requeridas; posteriormente, en la Cámara de Diputados se modificó la minuta no obstante la activa participación del gobierno en el cabildeo para su aprobación. En los diputados pesaron más las reservas de ciudadanos, líderes de opinión, juristas de renombre y con experiencia, así como la postura de la CNDH. El nuevo texto regresó al Senado con una modificación importante: no permitir que la policía incursione en domicilios sin autorización de juez.

El debate es importante porque plantea un dilema frente a dos intereses jurídicos fundamentales: la seguridad y las libertades. En la última fase, la controversia se centró en las atribuciones de las policías para ingresar a domicilios sin mandato de juez. Por un lado está la postura respecto a la inviolabilidad absoluta del domicilio, por el otro, quienes asumen que la gravedad de la situación y lo pernicioso del crimen organizado conduce, necesariamente, a un régimen de excepción respecto a las libertades individuales. En el fondo esta disyuntiva es de lejano origen y es análoga a la que ha venido ocurriendo en EU después de los ataques terroristas de septiembre de 2001.

Un sector se pronunció en contra de la minuta no a partir de argumentos en abstracto, sino de la situación actual de policías y autoridades de procuración de justica; en su decir no acreditan confianza para dejar en sus manos el margen de discrecionalidad para allanar domicilios, implícito en la propuesta enviada por el Senado. Estos argumentos y la resistencia de los diputados del Frente Amplio Progresista y, presumiblemente, de una parte importante de priistas, hicieron modificar la minuta al excluir la propuesta de artículo 16, con lo que se obtuvo una votación abrumadoramente a favor de la reforma constitucional.

En general, las reformas no necesariamente son buenas por sí mismas, tampoco por la magnitud del consenso que las respalda; hay cambios legales positivos, negativos, inocuos o regresivos. Hay opiniones encontradas respecto a qué privilegiar, ¿libertades o seguridad? Finalmente son los resultados los que prueban las bondades de los cambios. El hecho es que se requiere de una policía dotada de capacidad para actuar al amparo de la ley, de allí la importancia y pertinencia de los recurrentes cambios a la Constitución.

Ha sido preocupación de diversos gobiernos modificar las bases legales para que la justicia penal adquiera mayor eficacia. No obstante los avances y el significativo esfuerzo para mejorar policías y la procuración y administración de justicia; sin embargo, el cambio no se corresponde a las expectativas ciudadanas. Los policías, el ministerio público y los jueces son vistos con desconfianza; no sólo es cuestión de prejuicio social, sino una realidad que muchos ciudadanos encaran y padecen. También afecta la natural y explicable propensión de los medios de magnificar los casos de deficiencia o insuficiencia de las fuerzas del orden. Es un hecho que el crimen organizado ha evolucionado no sólo en sus expresiones de agresión y violencia, también en tecnología, organización y armamento. Para todos es crucial que el Estado tenga capacidad para enfrentarlo en el marco de la ley.

Es fundamental modernizar el sistema de justicia penal; no es conveniente que los gobiernos civiles declinen en su responsabilidad de mando aduciendo la fragilidad de los cuerpos policiacos, dramática en muchos municipios del país. Para muchos, la intervención del Ejército en funciones de policía no es deseable, pero la vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad pública, la gravedad de la situación en ciertas regiones del país y la amenaza que el crimen organizado representa para la seguridad nacional ha obligado a recurrir a este expediente extremo. Este empleo del Ejército no debe ser norma o costumbre, ya que implica un abandono del mando civil en tareas fundamentales, tema crucial para la vida democrática y que debiera llamar la atención a quienes aprecian con complacencia la incursión de las fuerzas armadas ante el fracaso o impotencia de las autoridades civiles.

En la revisión de la reforma es muy importante el aprecio de las libertades y encomiable que los legisladores actúen en consecuencia. Pero no debe dejarse de lado la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar al crimen en el marco de la ley.

La lección más importante de esta etapa del proceso legislativo es que el debate sobre los cambios legales, especialmente el de la Constitución, no debe emprenderse exclusivamente en la formalidad del proceso legislativo, es decir, en las comisiones y el pleno. El debate, desde la misma presentación de la iniciativa, debe ser abierto, aunque comprometa o complique los objetivos del proceso reformador. Legislar sin ampliar el espectro de opinión y consulta es contraproducente y genera una distancia todavía mayor entre los ciudadanos, los partidos políticos y sus representantes en el Congreso.

Esta legislatura ha logrado realizar cambios legales que el acumulado de las tres anteriores no alcanzó. Se entiende que ahora, en el afán de lograr el éxito para concretar reformas en un Congreso muy dividido, se opte por la celeridad y por acotar los espacios de consulta y deliberación; sin embargo, lo acontecido en la reforma de justicia penal aconseja, para todos los casos, recuperar el sentido de opinión y apertura en todas las etapas del proceso legislativo, especialmente cuando se va a elaborar el dictamen en la Cámara de origen. Por lo pronto, el Senado y, posteriormente, las legislaturas de los estados habrán de aprobar un proyecto polémico que intenta conciliar libertades con seguridad. Es un mensaje positivo que el crimen advierta no sólo la determinación de las autoridades para combatirlo, sino la adhesión del Congreso y del conjunto de la sociedad.

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