La fortaleza de la Presidencia


La polémica en torno al Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, va mucho más allá de una disputa política, controversia legal o diferendo sobre la reforma en materia energética. Precisamente, porque los señalamientos se están procesando al interior del Congreso, el tema se traslada a la valoración del régimen presidencial en circunstancias adversas. Tan es así que la situación ha llevado a prominentes legisladores a señalar que lo acontecido fortalece la necesidad de un cambio importante en el régimen vigente, en particular, que el Presidente someta a ratificación del Senado o del conjunto del Congreso, los nombramientos del gabinete.

Veamos las cosas en perspectiva y con serenidad. Todo gobierno tiene momentos de dificultad. Es propio de la política la controversia por un evento o revelación de impacto mediático que pone en entredicho, con o sin base, a un alto funcionario o una decisión. Uno de los mejores textos que documentan este tipo de situaciones en la presidencia norteamericana, es Shadow del periodista Bob Woodward, obra que hace un recuento de las crisis que han padecido los presidentes con posterioridad a la renuncia de Nixon, en la que Woodward tuvo un papel destacado desde el Washington Post.

Ni con mucho la situación que coyunturalmente ahora se vive aquí, sería tan complicada como la que enfrentaron cualquiera de los mandatarios norteamericanos; sin embargo, nunca se les ocurrió a los legisladores de aquel país sugerir como solución, un cambio al régimen presidencial vigente. En todos los casos, con mayor o menor dificultad, pudieron superar la adversidad. Fue monumental el desafío, así como los problemas derivados de las actuaciones de la fiscalía especial que se creó por mandato del Congreso, después del escándalo del Watergate. Los hechos documentan la fortaleza de la institución presidencial en situaciones adversas o de acoso propios de la política.

Para algunos, resulta seductora la idea de un gobierno de gabinete, pero hace falta una mayor discusión pública al respecto. Contrario a lo que se ha señalado por sus promotores, no creo que el origen ni la magnitud de la polémica a la que se asocia al secretario de Gobernación, tengan que ver con el mecanismo vigente de designación de secretarios. Tampoco estimo que los problemas que se enfrentan se resolverían si el Presidente tuviera que acordar con la mayoría en el Congreso, los nombramientos de su gabinete; al contrario, se agravaría la crisis y afectaría seriamente a la institución presidencial, al someterla a la negociación con los partidos en el Congreso.

El solo hecho de insinuar que un funcionario designado con el respaldo de la mayoría parlamentaria no enfrentaría controversia o impugnación política, hace pensar que el aval del Congreso se traduciría en inmunidad, perspectiva que, además de falsa, sería indeseable; es premisa de toda democracia que cualquier factor de poder —formal e informal— estén sujetos al escrutinio, por excelencia, el del Congreso.

Los pesos y contrapesos entre los poderes son la esencia del régimen presidencial. Moral y políticamente es inaceptable la tesis de que un funcionario designado o ratificado por el Congreso, por ese hecho, no sería objeto de escrutinio. La misma bancada panista, en repetidas ocasiones, ha dado prueba de que la afinidad partidaria no es razón para rehuir la rendición de cuentas que los funcionarios deben al Congreso.

La Presidencia es una institución suficientemente fuerte para superar la adversidad o las controversias, incluso aquellas que pudieran provenir del Congreso. La designación presidencial del gabinete hace personalmente responsable de los nombramientos al mandatario, pero, también, le otorga la libertad para definir —en los mejores términos posibles— la respuesta que deba darse a las circunstancias particulares. Para la funcionalidad del régimen presidencial, sería contraproducente que las designaciones tuvieran que ser consensuadas con una mayoría en el Congreso, especialmente en situaciones de adversidad. El acuerdo entre el Ejecutivo y una mayoría del Congreso para el nombramiento de los titulares de las dependencias es deseable, pero no indispensable y mucho menos obligatorio, ya que haría al Presidente rehén de la minoría que participara con el partido en el gobierno.

No debe haber la menor duda de que los secretarios están subordinados al Presidente, quien tiene un mandato personal derivado de la mayoría del voto. El Congreso no puede ni debe contravenir lo resuelto en las urnas, imponiendo a un jefe de gabinete o designando secretarios. Al Poder Legislativo le corresponde crear y modificar las leyes; en algunos casos, realizar funciones de control horizontal de la administración pública y, excepcionalmente, ratificar o designar funcionarios, pero no es lo suyo interferir en las actividades que son propiamente de gobierno. La designación de los consejeros del IFE por la Cámara de Diputados da muestra de las dificultades para procesar colectivamente nombramientos, especialmente cuando éstos tienen lugar a través del voto legislativo calificado.

El porcentaje de votación no es medida de legitimidad. En todo caso, la solución a un bajo porcentaje es la segunda vuelta, no así, el deteriorar la autoridad presidencial limitando su poder de nombramiento del gabinete. Los cuestionamientos que ha habido en elecciones nunca han tenido que ver con el porcentaje obtenido, sino con la manera como se lleva a cabo la elección. Insistir en esa ruta es trasladar el asumido déficit de legitimidad de un presidente electo con bajo porcentaje, a la negociación política con los partidos representados en el Congreso, lo que significaría disminuir en extremo el mandato del Presidente, además de que anularía el sentido del voto popular como sustento de la autoridad presidencial.

No es aceptable que se intente sacar ventaja de la presente circunstancia para debilitar estructuralmente a la institución presidencial. Justamente, las particularidades de la situación que ahora se vive abonan en la necesidad de que el Presidente cuente con atribuciones amplias para la designación de sus colaboradores. La expectativa ciudadana y la razón profunda del mandato democrático es que el Presidente cumpla a plenitud sus responsabilidades, no que las comparta con los partidos o el Congreso. Para ello es menester el poder de nombramiento de quienes deban asistirle en la elevada responsabilidad del ejercicio del poder presidencial.

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