Los medios y el IFE


Es espinosa la tarea de aplicar la ley. Para el IFE, el problema no sólo ha sido la compleja normatividad electoral y los diversos y, en ocasiones, contradictorios precedentes del Tribunal Electoral; también es probable que contribuye a ello la falta de familiaridad de los integrantes del Consejo General con la disciplina jurídica. Ha habido muy buenos abogados, pero han prevalecido los buenos politólogos y sociólogos; de por sí, es complicado transitar por el terreno de la legalidad, mucho más cuando no se tiene el instrumental y los recursos.

Los cambios recientes en la Constitución y en el Cofipe corresponden a explicables necesidades para mejorar las reglas del juego electoral; sin embargo, algunos de estos cambios adolecen deficiencias en el campo de la técnica jurídica. Por ejemplo, al agregado que se realizó sobre el artículo 134 de la Constitución, que pretendió evitar la promoción personalizada de funcionarios a través de la publicidad institucional, se le ha querido dar una interpretación de carácter electoral, cuando en realidad la disposición se refiere a la imparcialidad de autoridades y al manejo adecuado de los recursos públicos; en otras palabras, el bien jurídico a proteger en este caso, no es la equidad en la contienda, sino el buen destino de los bienes públicos.

Erróneamente, algunos consideran que el propósito de dicho cambio fue evitar la ventaja que funcionarios públicos tienen con miras a la disputa por las candidaturas; por su redacción —que es lo que importa—, no es el caso, lo que implica que no le corresponda al IFE la aplicación de dicha norma, sino a autoridades responsables de la vigilancia del buen manejo de los recursos. En el ámbito local, le atañe a los Congresos estatales legislar sobre la materia y, a los órganos competentes en la fiscalización y auditoría, les concierne aplicar la ley, de ninguna manera es tarea de los órganos electorales.

Los objetivos y alcances positivos de una reforma pueden ser anulados por deficiencia en la ley; tal puede ser el caso de las disposiciones en materia de acceso a la radio y tv. La reforma pretendió evitar el exceso o los abusos de candidatos, partidos, particulares y empresas de comunicación; asimismo, facilitar a los partidos y al IFE el acceso a radio y tv, al remitir una buena proporción de ese gasto a los tiempos que los medios otorgan al Estado. La ley y el acuerdo de pautaje de la publicidad de los partidos, conllevan un impacto patrimonial significativo, ya que se determina que los promocionales tengan lugar en los horarios de mayor audiencia y, por lo mismo, de mayor valor comercial. Debe haber acuerdo no imposición; los legisladores debieran contribuir al entendimiento y no a la confrontación.

Quizás el prejuicio que existe en un sector de los políticos contra los medios electrónicos les haya animado a una decisión de tal naturaleza; sin embargo, para efectos prácticos esa medida sería el equivalente a una expropiación. Además, como ya lo he señalado en otra ocasión, si el tema es que las empresas de radio y la tv ganan mucho dinero, para eso están los impuestos, para gravar de manera proporcional y equitativa las utilidades a través de reglas claras y procedimientos preestablecidos. Un manejo equivocado o ligero de estos asuntos, podría acarrear consecuencias hacia la industria de los medios concesionados, particularmente, respecto a la calidad de la programación y la libertad de expresión, dos bajas que irremediablemente ocurren cuando los medios padecen el apremio económico.

A la autoridad le corresponde proveer la ley a su exacta observancia en la esfera administrativa, como lo establece la Constitución respecto a las facultades del Ejecutivo. No se pueden establecer obligaciones ni sanciones a través de reglamento. Tampoco se pueden crear atribuciones. Además, el procedimiento sancionador debe estar definido en la ley. Este aspecto es un principio elemental de derecho; no se requiere ni exquisitez ni profundidad de conocimiento. Sin embargo, según ha trascendido en medios, el Consejo General está por aprobar un reglamento sobre el artículo 134 Constitucional en materia de publicidad sin que la Constitución le otorgue facultades para ello.

Se ha dicho desde el Tribunal Electoral, como una opinión no formal, que el IFE sí puede reglamentar a partir de la regulación de actos anticipados de campaña. Este aspecto, además de jurídicamente discutible, conduce a excesos insostenibles, ya que toda publicidad personalizada sería, potencialmente, objeto de sanción. Un artista, o un conductor de medios o cualquier persona con notoriedad podría ser sancionado por incurrir en actos anticipados de campaña. El artículo que regula la publicidad es el 134 y le corresponde al Congreso legislar, como ya lo hizo con el Cofipe para el caso de procesos electorales federales y respecto a servidores públicos igualmente federales. Esta disposición sólo se refiere a servidores públicos y respecto a la publicidad institucional; no aplica a los particulares, tampoco a la promoción de servidores públicos financiada por particulares o partidos políticos.

El PRI ha sido el único partido en inconformarse con la idea del reglamento. El tema no es si resulta conveniente regular a los medios o no, tampoco son discutibles los motivos que animaron la reforma constitucional al 134, el asunto nos remite a un estricto argumento de legalidad, esto es, si el IFE tiene o no, atribuciones para normar y sancionar a los particulares y a los funcionarios estatales.

Los consejeros del IFE son la autoridad electoral más elevada. La reforma constitucional ha depositado en ellos enormes responsabilidades, pero es importante hacer notar que después de las reformas recientes, las dirigencias formales e informales de los partidos, han adquirido una mayor influencia que parece estar interfiriendo en la autonomía que el órgano electoral debe tener. La anhelada normalidad democrática no debe pasar por el agravio, tampoco por la recuperación de adeudos imaginarios por resultados que la voluntad ciudadana no concedió. De los consejeros, hoy más que nunca, se requiere hacer valer la ley a todos, incluso a los partidos, pero en el estricto apego de sus atribuciones. La única acción de autoridad permisible es la que se ejerce con la ley en la mano.

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