El IFE ¿legislando?


El 12 de marzo, el Consejo General del IFE aprobó el reglamento en materia de propaganda institucional y político-electoral de los servidores públicos. El ordenamiento ha pasado inadvertido no obstante su importancia. Lo votado por el IFE plantea problemas de legalidad y la pérdida de terreno del órgano electoral respecto a los factores de poder en los partidos.

La deficiente técnica legislativa en las nuevas disposiciones constitucionales y del Cofipe introducen ambigüedad e incertidumbre, en especial en lo referente a la publicidad institucional que realizan autoridades locales. Se entiende que el Consejo del IFE haya pretendido subsanar las deficiencias vía el reglamento, sin embargo, en tal empeño cometió errores que comprometen la legalidad.

En la reforma electoral, la encomiable intención de evitar abuso en materia de publicidad fue sustituida por quienes buscaron mejorar posición ante la futura disputa por la candidatura presidencial; por ello los más poderosos legisladores han sido quienes con mayor insistencia han exigido que el IFE frene la publicidad institucional de autoridades locales. Esta postura también tiene eco en los legisladores aspirantes a las gubernaturas, quienes ven en los presidentes municipales, adversarios a superar. Sin embargo, la deficiencia en la reforma electoral creó una regulación con agujeros a los propósitos confesables e inconfesables del cambio legal.

El Consejo General del IFE no tiene atribuciones legislativas; al IFE no le corresponde definir qué es publicidad institucional, promoción personalizada o propaganda política electoral; esta es tarea del legislador. Un reglamento no es para interpretar la Constitución o para resolver las lagunas en la ley. Es más, en el caso particular de promoción personalizada en los términos del artículo 134 constitucional, ni siquiera el Congreso de la Unión puede legislar respecto a autoridades locales y municipales, excepto para procesos electorales federales. Como ya se ha dicho, corresponde a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del DF, atender estos temas.

El IFE no puede darse atribuciones a sí mismo por más aceptable o positivo que sea el propósito. La promoción personalizada, como se consigna en la Constitución, no constituye una falta de carácter electoral, sino de desviación de recursos públicos. Puede haber intencionalidad de carácter electoral, pero es hipotética, ya que sólo ocurriría si el funcionario beneficiado decidiera ser candidato, situación prevista y sancionada en la esfera electoral si su conducta fuera constitutiva de actos anticipados de campaña. La promoción personalizada es una infracción de carácter administrativo, por lo mismo, corresponde a las autoridades fiscalizadoras del gasto público, no a las electorales, atender este tipo de asuntos que, para el caso local, se requiere que las legislaturas establezcan los procedimientos, órganos competentes, así como las obligaciones y derechos de los sujetos vinculados con la publicidad institucional.

Recurrir con ligereza al argumento de actos anticipados de campaña —como lo hace el reglamento— para fundar el control de la publicidad, es riesgoso en extremo para la libertad de expresión, ya que afecta por igual a autoridades que a particulares, así como a los medios escritos, no sólo a los electrónicos. Respecto a actos de autoridad restrictivos de la libertad de expresión no puede haber medidas preventivas o cautelares; tampoco autoridades con poder irrestricto o discrecional como lo plantea el reglamento respecto al IFE. En todo caso, el acto anticipado de campaña se sanciona con la pérdida de registro o del derecho a ser postulado candidato. Para la radio y tv hay soluciones particulares, las que no son aplicables a los medios escritos, por razones vinculadas a la libertad de expresión, tesis que no atiende el ordenamiento aprobado por el IFE.

En el afán de lograr equidad o de emparejar la competencia por las candidaturas, según se crea, la reforma electoral riñe con el régimen de las libertades individuales, mientras que las dirigencias fácticas o formales de los partidos fueron beneficiadas por el nuevo régimen legal. Al IFE se le dieron dientes para controlar a los medios y para reducir el espacio de la libertad de expresión en la radio y tv. De la misma manera que se intentó habilitarlo (en falso por la deficiente legislación) para amordazar a las autoridades locales.

En contraste, al IFE, desafortunadamente, no se le dieron atribuciones para atraer a los partidos a la legalidad y a la democracia; los derechos políticos de los miembros de los partidos no fueron protegidos, al contrario, se disminuyeron, bajo el argumento de que las autoridades no deben intervenir en los asuntos internos de los partidos. Al IFE no se le dieron atribuciones para presentar controversias constitucionales y así defenderse de la intromisión de la Cámara de Diputados, como ya ocurrió cuando ésta invadió la esfera de competencia del IFE, al aprobar el presupuesto de 2007 con criterios generosos para los partidos.

Para algunos el desempeño del actual Consejo del IFE traiciona a la reforma electoral. Más bien, el reglamento y el desempeño del consejo convalidan la crítica a la reforma. Ahora el Consejo se muestra vacilante y temeroso de los partidos. El reglamento lo lleva al enfrentamiento al pretender controlar al margen de la ley a los gobernadores y presidentes municipales, situación que contrasta con la determinación de no investigar y no sancionar a los partidos por los spots irregulares o no reportados de la campaña de 2006. Para los partidos, borrón y cuenta nueva; para los medios y autoridades locales, intimidación y amordazamiento a través de un reglamento de dudosa legalidad.

Es un error creer que la política es sólo para los políticos. En esta perspectiva la sociedad, los ciudadanos y los medios de comunicación son tratados como intrusos. El IFE debe servir para que la sociedad participe y enriquezca a la política. Más allá de sus limitaciones e insuficiencia, los medios escritos y electrónicos son, por excelencia, el espacio natural de la democracia, precisamente porque hacen realidad a la libertad de expresión, derecho que a todos compete, no sólo a los políticos.

Documentos disponibles para descargar

Colaboración en formato de MS-Word (.doc)

Reglamento en materia de propaganda institucional y político-electoral de los servidores públicos

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s