La crisis del Congreso


La crisis que padece el Congreso va mucho más allá de la obstrucción de un grupo minoritario de legisladores a la tribuna o al recinto parlamentario. Sin ninguna duda eso, lo ocurrido, es lamentable, preocupante y muy grave, pero la crisis subyacente lo excede. Su origen no está propiamente en el Congreso, tampoco es exclusiva de sus integrantes, mucho tiene que ver con los partidos y el desenlace de la competencia política en julio de 2006, con su secuela de agravio, rencor, oportunismo y desencuentro.

En la valoración del desempeño del Congreso no puede haber complacencia, porque el proceso democrático ha depositado las decisiones fundamentales del país en quienes lo integran. A mayor poder, mayor responsabilidad. Por esta razón los legisladores, en lo individual y en los grupos parlamentarios que constituyen, no pueden ni deben eludir un elemental ejercicio de autocrítica.

A diferencia de los primeros nueve años desde que el Presidente perdió mayoría parlamentaria, el Congreso ha aprobado reformas muy importantes. Incluso, algunas de ellas con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. La reforma del ISSSTE, la fiscal y la electoral atienden temas muy serios y trascendentes para el país; sin embargo, especialmente para los dos últimos casos, los cambios legales acusan insuficiencias e incorporan aspectos contraproducentes al objetivo que inspiró cada una de estas reformas.

Ahora, el Congreso aborda uno de los temas más sensibles de la política. La reforma a Pemex; es urgente y las opciones para darle eficacia y rentabilidad a la paraestatal se han reducido precisamente por los alcances tan estrechos que tuvo la reforma fiscal. Es difícil que Pemex pueda resolver por sí mismo sus necesidades de inversión y modernización sin afectar de manera importante los cuantiosos recursos que se trasladan al gobierno, precisamente, por la vigencia de un régimen recaudatorio ineficiente. La reforma fiscal incrementó marginalmente los ingresos públicos y lo hizo de manera injusta y, eventualmente, de dudosa constitucionalidad como se infiere del hecho de que el IETU es el acto de autoridad que mayor número de impugnaciones ha recibido en la historia del derecho de amparo.

Aun más graves fueron algunas disposiciones aprobadas en la reforma electoral. En unos meses ya se advierte lo que aquí dijimos antes de que hubiera iniciativa: que el sector que domina al Congreso pretendía un IFE a modo, es decir, un órgano electoral débil y sometido. La institución que ha sido columna vertebral de la modernización de las prácticas e instituciones electorales está en su peor momento. No se le fortaleció, se muestra errática y frágil ante los partidos, de la misma forma en la que el Tribunal Electoral ha eludido cumplir con sus responsabilidades de someter a los partidos a la legalidad y democracia interna, al no resolver la diferencia que hay en el PRD bajo el cuestionable argumento de que es un tema de la exclusiva competencia del partido, cuando quien invoca justicia lo hace, precisamente, porque su partido no ha podido resolver internamente la dificultad

Sin desconocer aspectos muy positivos en los cambios a la Constitución y a la ley electoral, es muy preocupante el desdén generalizado en el Congreso hacia el régimen de libertades. Es evidente que el sector político que ahora decide, prefiere evitar los riesgos del exceso de libertades —dificultad intrínseca a toda democracia—, restringiendo su ejercicio. Una y otra vez, con distintos propósitos y en distintos grupos parlamentarios se muestra este desprecio por el régimen de libertades, sustento de toda democracia.

Lo menos que se puede decir es que los resultados de la actual legislatura son discutibles. Lo importante ahora es cómo recuperar la capacidad decisoria del Congreso, pero en un marco de responsabilidad política y lealtad a los valores y principios de la democracia. La reforma no ha llegado al Poder Legislativo, las reglas sobre el trabajo parlamentario son rígidas y estrechas; además, las condiciones de anonimato del ejercicio legislativo hacen de los diputados y senadores fichas sueltas del juego político. La rendición de cuentas, la transparencia y el equilibrio no existen en el Congreso, por esta razón se ven impotentes cuando un sector decide romper con las reglas elementales del trabajo parlamentario. El déficit de legitimidad anula la credibilidad y fuerza del llamado a la sensatez o la prudencia que hacen los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias.

En los tres principales partidos existe divorcio entre autoridades partidistas y sus coordinadores parlamentarios. La complacencia de quienes dirigen formalmente a los partidos políticos sobre el deterioro del Congreso es la causa principal de la situación. No hay autoridad por encima de los dirigentes de los partidos que no sea el de la opinión pública, que pueda señalarles su desentendimiento con la obstrucción que ha sufrido el Congreso.

Nadie gana con esta crisis; es hora de que los legisladores, sus coordinadores y los dirigentes de los respectivos partidos, entiendan y asuman la responsabilidad que la democracia les ha otorgado colectivamente. Es necesario que el Congreso recupere normalidad para desahogar la agenda legislativa. Es lamentable que los trabajos parlamentarios tengan lugar en recintos alternos. Todavía peor es la autoexclusión del Frente Amplio Progresista, una de las fuerzas políticas fundamentales del espectro ideológico.

La reforma al régimen vigente de los hidrocarburos debe atenderse. La pretensión de eficacia al legislar ha ocurrido restringiendo el debate y la consulta. Es un error que debe enmendarse. El tema ahora en cuestión es una excelente oportunidad para que el Congreso acredite su representatividad y capacidad de respuesta.

Es muy probable que la iniciativa del Ejecutivo tenga modificaciones sustantivas. Lo importante es que el nuevo marco legal corresponda real y efectivamente a las necesidades del país. Así mismo, que a través de un proceso legislativo en el marco de la inclusión, se dé el debate con aprecio a la voz de los muchos legítimamente interesados en el cambio. Una reforma a la satisfacción de todos es imposible, pero esto no debe dar lugar para descalificar a priori los argumentos a partir de la aritmética parlamentaria. La anhelada reconciliación se ha alejado del horizonte. Ahora sólo queda, para quienes tienen la investidura parlamentaria, cumplir con la responsabilidad conferida, legislar, para eso fueron electos.

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