Reforma mordaza


Uno de los más lúcidos analistas de los partidos y prácticas electorales, Antonio Crespo, en su colaboración periodística, el pasado miércoles aludió al tema de las implicaciones derivadas de la interpretación del nuevo artículo 134 constitucional que regula la publicidad personalizada. El analista, con razón, identifica la ambigüedad en la redacción de la disposición y asume, con sentido común, que una aplicación rigorista, impediría que funcionarios públicos (para el caso el presidente Calderón explicando su iniciativa de reforma al sector energético), como en cualquier democracia, hicieran uso de los medios para el cumplimiento de sus responsabilidades. El analista asume que una ley reglamentaria de la norma constitucional podría hacer del Presidente una excepción para poder aparecer en imagen, voz y nombre en tiempos fuera de campaña, ya que no hay reelección presidencial y no es costumbre que un mandatario sea electo para otro cargo una vez que concluye el mandato.

La observación de Crespo es de sentido común, lamentablemente no tiene sustento constitucional. Hay un principio elemental de derecho que señala que frente a la observancia de la ley no se puede invocar uso o costumbre en contrario. Bajo esta premisa, el Presidente está obligado, igual que cualquier otro funcionario, a cumplir con la ley. Tampoco los gobernadores o alcaldes pueden reelegirse, aunque pueda darse el caso de que sean electos para otro cargo. La diferencia de éstos con el Presidente no la establece la ley, sino la costumbre o el prejuicio, pero nada impide que el Presidente, legalmente, pueda ser electo para un cargo distinto al que ostenta.

Tampoco es posible que una ley reglamentaria se aparte del texto que regula. La ley que se expida sobre el artículo 134 constitucional no podría modificarlo. Si la Constitución no hace distingos, no los puede hacer el legislador o el intérprete. No puede establecerse un régimen diferenciado para el Presidente y otro para los demás funcionarios porque el texto constitucional no da lugar para ello. Acierta el analista en identificar los problemas implícitos en la norma y las dificultades que inecesariamente se trasladaron al IFE que, ciertamente, va a estar sobrecargado de litigios por habérsele encomendado la función de policía y de aduana en el acceso a la radio y tv. Sin embargo, la solución no es sencilla porque el error implícito en la redacción del artículo 134, no lo puede enmendar la ley reglamentaria.

En mi opinión existe una indebida interpretación del artículo 134. Es claro que la motivación de los autores de la reforma fue evitar que prospectos de candidatos hicieran uso indebido de la publicidad institucional para promocionarse personalmente. Sin embargo, por la manera como quedó redactado dicho artículo, y por tratarse de un artículo que se refiere al uso de los recursos públicos, debe entenderse que el interés jurídico a proteger de esa norma, no es el de la equidad en la elección, sino la correcta aplicación de los bienes públicos —la publicidad institucional— a fines propios de la función gubernamental. Para efectos electorales es el Cofipe el que establece las sanciones derivadas de los actos anticipados de campaña, aplicable a funcionarios y a particulares. Además, la infracción al artículo 134 puede ocurrir independientemente si el funcionario tiene una motivación electoral o partidista. “En ningún caso”, dice el artículo 134 constitucional, puede haber publicidad en la que aparezca nombre, voz, imagen o símbolo. Por ello, por absurdo que parezca, hay base para cuestionar la legalidad en el uso de la publicidad cuando da un mensaje el Presidente, así está redactado el precepto constitucional.

No está por demás señalar que las cámaras federales no tienen facultades reglamentarias en la aplicación local del artículo 134 constitucional. Es común la creencia que el Congreso puede reglamentar todas las disposiciones constitucionales, sin embargo, el artículo 124 constitucional es inequívoco de que los órganos federales, en este caso el Congreso, sólo pueden realizar las funciones que expresamente les determine la Constitución, para estos efectos, el artículo 73 y otras disposiciones constitucionales. Nada hay en la Constitución que faculte al Congreso federal para legislar de manera irrestricta en materia de publicidad de funcionarios estatales o municipales o de procesos electorales locales.

El problema que alude Crespo es innegable, pero es más grave de lo que anticipa y más difícil de resolver. El origen de las dificultades del IFE se finca a partir de un tema ahora muy presente: legislar sin efectuar un análisis a profundidad de las implicaciones de sus iniciativas. La eficacia legislativa en función de la rapidez del proceso de aprobación de las iniciativas, casi siempre concluye con malas leyes, como ocurrió, sin duda, con algunos de los aspectos torales de la reforma electoral.

Desde el punto de vista doctrinario o conceptual, el problema obedece a tres consideraciones fundamentales, primero, a la falsa creencia de que todo lo político es electoral; segundo, al desdén a las libertades por los políticos que dominan el proceso decisorio, y, tercero, a la convicción de éstos, de que las decisiones fundamentales sólo deben tener lugar en los espacios formales de la política y asilados de la sociedad. De allí que al IFE se le hayan asignado atribuciones excesivas en la reciente reforma, incluso, que el órgano electoral mismo se adjudique facultades que la ley no le concede, como es confundir la publicidad en radio y tv, con la de los medios impresos.

El desdén a las libertades es una de las más nefastas herencias del pasado no democrático, el que se reaviva con una mala experiencia en los comicios de 2006. Con la reforma, los legisladores decidieron restringir peligrosamente la libertad de expresión con tal de evitar su eventual abuso. Lo peor del caso es que sus autores ni siquiera advirtieron lo que aprobaron, de otra manera, no se explica por qué los partidos integrados en el FAP contrataron promocionales en televisión para hacer pública su posición sobre la reforma energética (un derecho elemental para cualquier partido en una democracia). También el caso aplica para el Presidente, al exponer personalmente en la televisión las razones para la aprobación de su iniciativa. A juzgar por la respuesta de los legisladores y sus reacciones, hoy encuentran que las tareas que su reforma encomendó al IFE no sólo amordazan a la sociedad, sino a ellos mismos.

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