Negociar con el EPR


Negociar con un grupo que ha optado por las armas plantea un serio dilema para la autoridad. Por una parte, quien gobierna pretende resolver un conflicto a través de medidas ajenas al ejercicio de la violencia; por la otra, la negociación, por sí misma, representa una concesión mayor frente a la obligación de mantener el estado de derecho; al dialogar la autoridad pone en cuestión su propia legitimidad y da espacio a la de sus enemigos. Consecuente a este dilema, unos llaman al acuerdo sin restricción ni condición, otros exigen que la autoridad responda en uso de sus atribuciones y responsabilidades, que es la de mantener el orden o, en el mejor de los casos, una negociación que como punto de partida se ofrezca la rendición incondicional de la fuerza beligerante.

No es una cuestión menor. Menos para un país que desde el gobierno del general Cárdenas ha privilegiado la política y no la violencia. Igualmente difícil cuando la insurrección ha ocurrido por la insuficiencia de la vía democrática, como acontecía en el pasado no muy lejano o, como siempre, por las condiciones de inequidad e injusticia extremas. Aun así, no hay argumento válido para la violencia, mucho menos la que afecta de manera directa o indirecta a la población. Ninguna guerra es aceptable, todavía menos, la que tiene como objetivo atemorizar o afectar a la población.

No hay guerrilla buena y mala. El Estado debe actuar a partir de las particularidades de cada grupo, de su proyección social y la representatividad de sus causas. No hay recetas aplicables a todo momento. Menos las que se derivan de la guerra fría, del combate a criminales de alta peligrosidad o del terrorismo sistemático, circunstancias de la que México ha sido ajeno, afortunadamente. Las respuestas de manual o por analogía no dan resultado y, casi siempre, conducen al desastre si no es que a la tragedia.

La respuesta del Estado mexicano al levantamiento del EZLN deja lecciones a valorar, particularmente aquellas que produjeron buenos resultados. En los primeros días del levantamiento, el gobierno federal actuó bajo la lógica de la guerra; posteriormente, decretó un cese unilateral a la iniciativa de fuego y procedió a un accidentado y prolongado proceso de negociación con resultados meritorios, el más importante, la contención del conflicto en su expresión militar, redujo la cuota de sangre.

En 1995 fue crucial que el tema se viera por el gobierno nacional en amplia perspectiva; este tipo de conflictos deben apreciarse en su real dimensión, es decir, con enfoque de Estado y, por lo mismo, la solución convoca a todos los poderes y fuerzas políticas. En aquel entonces, la intervención del Congreso dio una salida política complicada, pero virtuosa. La pluralidad del Congreso fue referente de legitimidad democrática del Estado mexicano. La forma legislativa de las instancias y procedimientos para el acuerdo dio un piso legal para el acuerdo; el conjunto institucional se involucró en el diálogo.

Aun cuando de antemano supiésemos que el autonombrado EPR no estuviera dispuesto a llegar a un acuerdo —que todavía no es el caso—, es un acierto del gobierno del presidente Calderón optar por la negociación, especialmente porque la iniciativa de dialogar provino del grupo beligerante, en el asumido propósito por esclarecer el secuestro de familiares próximos a su dirigencia, acción que les llevó a atentados contra instalaciones de Pemex, en demanda de respuesta de las autoridades para esclarecer o reconocer responsabilidades. Los hechos de algún modo reivindican la actuación de los servicios de inteligencia, a quienes por cierto, se les ha demandado una exigencia mucho mayor de sus posibilidades, en especial, por el desmantelamiento al que fueron sometidos en el pasado reciente.

Las autoridades federales siempre han señalado que son ajenas al hecho que el grupo invoca como razón de los atentados. En estos últimos días, altos jefes policiacos del gobierno de Oaxaca son investigados. Insisto, nada hay que justifique la vía violenta, sea de los grupos guerrilleros o la que resulta de la actuación ilegal de autoridades. Los hechos exigen prudencia, sentido común e inteligencia en los dos sentidos de la expresión. A los medios de comunicación y a la sociedad organizada les corresponde aportar un entorno propio para el diálogo en el marco de la libertad de expresión y de la voz diversa que les caracteriza. Lo deseable es que el grupo guerrillero transite a la vía política. Este objetivo será el resultado de un largo proceso que demanda paciencia y perseverancia de todos.

Sin embargo, los buenos propósitos deben ser consecuentes con las responsabilidades y los límites a los que está sometida la autoridad. Por lo anterior, es urgente que el Congreso construya una base legal para que la actuación del gobierno no demerite la legitimidad de las instituciones ni la legalidad. El tema es cuestión de Estado; el Poder Legislativo no puede mantenerse expectante de este proceso. No se advierte conveniente que se involucre en la negociación misma, como ocurrió con el EZLN, pero sí que respalde al Ejecutivo con el marco legal que le permita la negociación y la eficaz interlocución de las personalidades que el grupo guerrillero invitó para los encuentros con la autoridad federal. Ahora resultaría prematuro abordar el tema por ser un efecto concluyente, pero debe tenerse en mente que la única forma legal de perdón que concede la democracia es la amnistía y, de ocurrir, sería al Congreso a quien correspondería procesar esa decisión.

El Congreso debe actuar en consecuencia de la responsabilidad que le corresponde. Su tarea no debe ser la sistemática reducción de atribuciones del Ejecutivo, la disputa por los recursos públicos o la disminución de los espacios de libertad, como ocurrió con la reciente reforma electoral. Tampoco puede prevalecer, mucho menos para estos temas, la lógica del condicionamiento o intercambio de concesiones. Si hay un momento, tema o circunstancia que demanda un sentido de compromiso y lealtad a las instituciones de la República, es éste, cuando el Presidente ha resuelto actuar por la vía de la negociación ante el EPR. El aval parlamentario al Ejecutivo y un marco legal para que la negociación tenga lugar debe ser tarea primaria.

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