Tiempos de responsabilidad (2)


Liébano Sáenz

En días pasados el Presidente se refirió al tema de la lucha contra el crimen organizado en términos enérgicos y preocupantes. Sus palabras han sido directas y son un llamado de atención para que este combate sea apreciado como es, un tema que a todos involucra, por la gravedad de sus implicaciones y consecuencias. El mensaje ha merecido respuesta del sector político relacionado con el Congreso y ha recogido diversos comentarios de la opinión publicada.

En la guerra contra el crimen organizado es necesario que el conjunto institucional, el político y la misma sociedad cierren filas ante lo que parece ser una modificación preocupante en las expresiones del enfrentamiento, cuyo signo más evidente es el asesinato de policías en el vértice de la jerarquía de las instituciones de seguridad pública. El mensaje presidencial atiende a la necesidad de alertar a la sociedad sobre lo que acontece, así como fortalecer la cohesión institucional y social en esta lucha. Aunque, por la forma de emisión de los señalamientos hay quien los tome como recriminación, más que todo es un exhorto para actuar en un frente unido en esta nueva etapa de la lucha contra el crimen.

En la misma línea del Presidente, el martes, en Culiacán, el general secretario Guillermo Galván señaló que la relación del Ejército con la sociedad civil ha escalado a una nueva etapa donde se superan prejuicios y mitos. El miércoles, pidió a los partidos legitimar una interfase cívico militar en el combate al crimen organizado. En respuesta el senador Manlio Fabio Beltrones ofreció al Presidente todo el apoyo del grupo parlamentario del PRI. Por el PAN, el senador Santiago Creel respondió que ganar la batalla al crimen organizado es un asunto de Estado, por lo que se debe apoyar independientemente de razones partidistas. Los representantes del PRD expresaron su preocupación para que los resultados de la estrategia vayan más allá de los operativos y de la presencia del Ejército en el combate del crimen organizado.

El Ejército cuenta con un respaldo abrumadoramente mayoritario de la población. Incluso, se incrementa en las regiones en las que ha tenido que acentuar su presencia por las expresiones violentas del crimen organizado. Las fuerzas armadas han cumplido con la instrucción presidencial; efectivamente hay una nueva etapa en la valoración de su desempeño en auxilio a las autoridades civiles, pero, como lo ha solicitado el general secretario, es preciso que partidos y legisladores abran espacio a una iniciativa que legitime la obligada y excepcional presencia del Ejército en esta lucha, esto debe expresarse en la política, el debate y en la reforma al marco legal. Las expresiones de los partidos, cada uno a su modo y en su perspectiva, hacen sentir un propósito de respaldo a la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen.

La parte más sensible del exhorto presidencial se refiere a la responsabilidad de los medios en esta guerra. Al periodismo en el mundo, no suele gustarle que el gobierno le diga cómo hacer su tarea, de allí la respuesta de un sector respetable del periodismo nacional. En la perspectiva del gobierno preocupa la estrategia mediática del crimen organizado que pretende, por una parte, debilitar a las fuerzas del orden, atemorizando a policías y a quienes les auxilian; por la otra, propiciar que la sociedad civil y política demande del gobierno complacencia en lugar de firmeza y determinación. El periodismo nacional ha cumplido para mantener a raya al crimen organizado, de allí las desapariciones y ejecuciones de los profesionales de la información.

Quien está en el frente de batalla, resiente en extremo la ingenuidad o frivolidad en el tratamiento de las capacidades delictivas del enemigo y los perniciosos efectos de su actuación, afortunadamente casos de excepción y sólo en el periodismo regional. Se requiere de reconocimiento al esfuerzo y sacrificio de policías y soldados en esta lucha, no tanto por razones de imagen o aceptación, sino porque, como en toda guerra, es fundamental el ánimo del combatiente y el respaldo de la sociedad a la que se pretende defender. Al Presidente le corresponde convocar a las instituciones y a la sociedad a enfrentar con energía al crimen y rendir justicia a quienes caen en esta cruenta y larga lucha.

Es positivo que desde el sector político se planteen preocupaciones como es la salvaguarda de las libertades. También es de esperarse que el respaldo al gobierno por los medios de comunicación, tenga lugar a partir de la libertad de expresión y con el apego de las normas propias del oficio. Nada de ello se contraviene con la necesidad de mantener distancia al despliegue publicitario y propagandístico del crimen organizado. En la medida de un apego a la legalidad, en beneficio de lo que nos es común, es preciso divulgar el esfuerzo institucional para combatir el crimen organizado.

El Poder Judicial también debe actuar para preservar su integridad. Se requiere una aplicación enérgica de la ley, tema que también implica al Ministerio Público, ya que la integración de las averiguaciones condiciona la actuación del juzgador. El escalamiento de la lucha anticipa que los jueces, al igual que los periodistas y los policías, estén en la mira.

Se precisa de leyes y recursos para fortalecer el músculo institucional a fin de enfrentar al enorme y creciente poder del crimen. Mucho se ha hecho, pero es insuficiente. A manera de muestra está el rezago en materia de reclusorios; la detención de muchos criminales de alta peligrosidad se remite al ámbito local, donde operan y reclutan, haciendo de las cárceles auténticos santuarios para actividades delictivas.

Privilegiadamente, en la guerra es necesario el respaldo social. La denuncia es indispensable. Pero no existe un marco institucional que ofrezca confianza que disuada el temor a quien señala a peligrosos delincuentes. Las campañas publicitarias no bastan para cambiar el estado de cosas.

Son tiempos de responsabilidad y ésta debe expresarse en apoyo a las acciones que realizan las instituciones del Estado mexicano en la lucha contra el crimen.

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