Una realidad indeseable


Liébano Sáenz

Los tiempos que se aproximan se avizoran indeseables para todos, al menos así se deben considerar si lo que está de por medio es el bienestar de los mexicanos. El deterioro del escenario económico es inequívoco; han pasado muchos años de estabilidad macroeconómica, pero los signos a la vista son preocupantes y no hay evidencia de que haya ocurrido lo peor o de que estemos en un bache circunstancial.

El país y el mundo cambiaron, no así muchas de las instituciones públicas nacionales a partir de la nueva realidad que se impuso desde 1997. Si algún juicio crítico podría hacerse de los últimos 11 años —a partir del momento en que el presidente perdió mayoría en el Congreso—, sería que se mermó la capacidad de renovación institucional propia de la década anterior. Bastaría comparar los cambios que se hicieron de 1989 a 1997 para tener sentido de la diferencia.

La responsabilidad sobre esta pérdida es compartida por todas las fuerzas que concurren en la política y tiene que ver, más que todo, con las dificultades propias de un régimen presidencial en situación de gobierno dividido, es decir, cuando el Presidente no tiene mayoría que le respalde en las cámaras federales. Una reforma institucional de mayor calado fue pospuesta, particularmente la que modernizaría a la Presidencia en un entorno de gobernabilidad democrática. En el pasado la fortaleza de la Presidencia resultaba del dominio de un partido en la integración del Congreso, no de la formalidad constitucional.

De manera análoga se puede hablar de una reforma estructural que no fue llevada hasta su última etapa. Aquella que hiciera realidad la funcionalidad del mercado a través de una oferta mediante la concurrencia de competidores, que ampliara la inversión privada, que diera realidad a una eficaz capacidad de supervisión y control de los procesos económicos críticos por parte del Estado y, particularmente, que condujera a la modernización del sistema hacendario mexicano.

¿Está el país hoy equipado para enfrentar las dificultades de un entorno económico adverso? Sí, pero supone niveles de colaboración entre poderes y de corresponsabilidad política de la pluralidad, considerablemente superiores a los mostrados hasta ahora.

El PRI, con un enorme costo político y electoral, pero con singular responsabilidad y lealtad, en 1995 dio respuesta contundente y eficaz para enfrentar la crisis financiera y recuperar el crecimiento, lo que permitió un aumento ininterrumpido de más del 5% del PIB durante un lustro. Además, —y en mi apreciación lo más importante—, se crearon las condiciones para que el relevo de administración ocurriera en términos de estabilidad política y económica no conocidos desde 1964. La sucesión presidencial de 2000 es la única a lo largo de toda nuestra historia que ha tenido lugar en términos de normalidad institucional en el marco de un paradigma de democracia liberal. En 2000, al término de la gestión, con un crecimiento de 7.1% y estabilidad política, había razones sobradas para apreciar con optimismo el porvenir.

Los antecedentes revelan que no existe una respuesta gubernamental suficiente para evitar los efectos perniciosos de una crisis económica. Muestran, además, que un error de política económica puede incrementar su daño, especialmente si en el afán de contener sus efectos sociales se altera el equilibrio presupuestal o si las medidas correctivas no se ejecutan con oportunidad. Asimismo, si la información sobre lo que están haciendo las autoridades genera expectativas más allá de los resultados, esto provoca un sentimiento de engaño y frustración a la hora que el consumidor encara la realidad del mercado, como ocurrió en diversos episodios de un pasado que en la actual circunstancia resiste verse lejano.

La baja recaudación que caracteriza al sistema financiero, llama a la prudencia y a evitar la tentación de recurrir al gasto público indiscriminado en la atención a la crisis. Una política de ahorro del gasto corriente es urgente, pero esto no sólo debe ocurrir en el gobierno federal; los gobiernos estatales, los otros dos poderes federales y los órganos autónomos debieran pensar seriamente en la disminución de su gasto. Lamentablemente, la austeridad ha sido borrada del diccionario de la mayor parte de nuestra clase política.

Son ya casi 13 años de estabilidad macroeconómica; sus saldos no todos son materia de orgullo o satisfacción, en especial, no lo es la desigualdad, la migración de juventud y talento, la deuda pública, el desempleo y la concentración económica. Pero, al menos, generaciones del México urbano, no han conocido lo que significan elevados índices de inflación, escasez e incertidumbre. Sin embargo, frente a un escenario económico adverso, empieza a adquirir magnitud la vulnerabilidad del país, de sus instituciones y la disfuncionalidad de las actitudes y valores de su clase política.

Es previsible, como en cualquier democracia, que en la competencia política se busque ganar provecho de la inconformidad por la situación económica. En el pasado, desde el poder se invitaba a la oposición a conducirse dentro de una ética de responsabilidad, especialmente en el momento de aprobar presupuesto para evitar el desequilibrio fiscal, sin que nada ocurriera.

Un sector muy importante del sindicalismo nacional ha llamado la atención, desde su perspectiva, sobre el escenario económico. Las autoridades han implementado medidas preventivas y de contención que han sido críticamente evaluadas por un sector de opinión. Los legisladores demandan de las autoridades federales explicaciones. Los empresarios también han externado su preocupación por lo que acontece y lo que el gobierno hace.

Hoy día, lo importante es que los actores de la política y la economía entiendan que hay un terreno común que cuidar. Las diferencias y el debate son propios de la democracia. La lealtad de la oposición no es sometimiento, sino compromiso y adhesión a los principios para la coexistencia de la diversidad en la libertad. Hay una realidad económica indeseable; sus efectos nocivos potenciales sobre el bienestar de los mexicanos pueden ser graves, no debe ocurrir así sobre las instituciones de las libertades y la democracia. Ante lo indeseable de la realidad, es deseable que sus beneficiarios así lo entendieran. La singularidad del momento es ocasión para apreciar la cantera de la que provienen.

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