Consulta ciudadana


El tema sobre democracia directa —los ciudadanos deciden— respecto a democracia representativa —los ciudadanos deciden quién decide— es un viejo debate. Su reinserción en estos tiempos se asocia a la crisis de las instituciones representativas, los partidos y el parlamento. En esta circunstancia, se escucha sugerente invocar la consulta directa en lugar de remitir las decisiones a los legisladores. Sin embargo, la situación es mucho más compleja y, en mi perspectiva, un gobierno sujeto a las veleidades de la opinión pública nos puede llevar por una senda peligrosa. La consulta ciudadana es un mecanismo de decisión que prevé la Constitución, pero sólo en los casos que la ley defina. El artículo 26 de la Carta Magna no es autoaplicable porque se refiere a atribuciones de órganos de autoridad, debe atenerse a la ley que establezca el Congreso para tales prepósitos.

La democracia moderna es la democracia representativa, su principal problema en la actualidad es la baja estima y credibilidad que tienen los partidos y los legisladores. Por esta razón es fundamental que los partidos mexicanos se conduzcan con apego riguroso a la legalidad y a la democracia en sus procedimientos internos, pues la crisis de la democracia representativa se origina en la crisis de los partidos y esto ha llevado también a la crisis del Congreso y a la baja estima y confianza de los ciudadanos en los legisladores.

En estos días, en todo el mundo, la democracia directa —la consulta popular—, se aplica sólo en forma extraordinaria. Lo regular y normal es que sean las instituciones representativas quienes tomen las decisiones. El plebiscito y el referendo funcionan como salvaguardas para ciertas decisiones críticas o fundamentales, cuando el tema por sí mismo garantiza que la decisión deba trascender el ámbito natural de la democracia representativa —partidos y parlamento— para llevarlo a los ciudadanos.

En esta circunstancia un procedimiento de democracia directa debe asegurar un elevado interés de la población para evitar que una baja participación de la población en la consulta subvierta la voluntad mayoritaria. De otra forma, en una consulta popular, la minoría activa se impondría sobre la mayoría silenciosa, la que ya se habría expresado en otro momento, cuando se votó por un representante, a quién corresponde asumir las decisión en nombre de dicha mayoría.

Por esta razón las consultas no pueden ser invocadas con ligereza; dañan en sus fundamentos la democracia representativa y propician que los representantes no asuman su responsabilidad, sino que trasladen el costo de sus decisiones a la sociedad misma. En otras palabras, la democracia directa, aplicada sin un sentido de su funcionalidad excepcional, bien puede ser la puerta grande al deterioro de las instituciones regulares de la democracia. Hay decisiones necesarias que deben tomar los representantes, no siempre cómodas o agradables, pero eludirlas, no sólo los hace irresponsables, sino que a la larga minan las condiciones de su legitimidad y credibilidad. Por ejemplo, si los temas fiscales o los relativos al pago de servicios estuvieren sujetos a referendo, se viviría en una situación de caos y descomposición generalizada, toda vez que estos nunca se darían, con las previsibles consecuencias del caso.

El buen gobierno, como lo señalé en mi pasada colaboración, se asocia al equilibrio fiscal. Finanzas sanas requieren decisiones incómodas y, por lo mismo impopulares. Incluso, una de las amenazas más serias que encara hoy el país, está en el frente económico si no se actúa con contundencia y oportunidad. Desde ahora se requieren políticas de austeridad y de incremento en los ingresos del Estado.

La pluralidad del Congreso no garantiza buenas decisiones y esto debe preocupar, más que al gobierno o a los opositores de la propuesta gubernamental de reforma energética, a la sociedad misma. Por ejemplo, la reforma fiscal quedó muy por debajo de las metas y objetivos que fundaron el cambio legal. En lugar de modernizar al sistema recaudatorio y crear reglas para formalizar a una significativa proporción de la economía en la ilegalidad, se llevó a medidas que gravan a los mismos de siempre y sólo marginal e indirectamente a nuevos causantes.

De la misma forma, la reforma electoral, si bien es cierto que contiene avances valiosos y pertinentes, también incorporó aspectos que dañan el ejercicio de las libertades en aras de un incierto principio de equidad. Además, al IFE se le convirtió en policía para vigilar a los medios, en lugar de propiciar la confianza para que la gente haga uso de su derecho de asociación a través de los partidos políticos o de voto activo o pasivo (ser votado).

La insuficiencia de nuestras instituciones representativas no debe llevar a su reemplazo a través del gobierno de la opinión pública. El debate actual debe trasladarse a un tema fundamental: cómo tener mejores representantes populares y partidos que cumplan su función con la democracia y el buen gobierno. Los partidos políticos son insustituibles y son fundamento para una democracia eficaz y vigorosa. La cuestión es que los partidos no pueden esperar ganar confianza pública si no están dispuestos a cambiar para representar mejor a los ciudadanos, sus anhelos y preocupaciones. Ninguno de los grandes partidos puede decir que está a la altura del desafío. Incluso, en diverso grado, todos viven deterioro en su vinculación con la sociedad.

Muy poco se ha hecho para actualizar a la democracia representativa. El Congreso ha pospuesto una y otra vez su reforma interna. Los partidos en lugar de someterse a la democracia, someten a la autoridad electoral y al órgano jurisdiccional. Nuestra joven democracia está enferma; en lugar de atenderla, se busca reemplazarla a través del gobierno de opinión pública. El desafío es aliviarla, la opción de la consulta popular la puede poner en la morgue.

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