El Presidente y su partido


Liébano Sáenz

Uno de los asuntos más problemáticos en el régimen presidencial es la relación del Ejecutivo con su partido. Lo es porque el Presidente es jefe de Estado, es decir, representante de todos (poderes, partidos y el conjunto de la nación) y, también, jefe de gobierno, esto es, jefe de la administración, la que debe actuar sin distinción alguna. El Presidente gobierna de acuerdo con el programa del partido que los electores votaron, pero debe hacerlo en función del interés general.

La administración pública no debe ser rehén de los intereses partidistas, pero tampoco ésta debe boicotear el mandato democrático de un presidente. Ejemplo: un gobierno puede actuar bajo una determinada filosofía respecto al gasto público, la que habría de coincidir con la postura que su partido planteó en la elección; lo que no es permisible en una democracia es que exista un criterio faccioso en la aplicación de los recursos fiscales o en los programas sociales. La igualdad ante la ley implica, también, igualdad ante la administración pública. Los criterios de diferenciación o selección deben ser congruentes con un sentido de interés público, ejemplo, la política de subsidios a quienes más lo requieren o determinaciones de discriminación positiva para incorporar minorías.

Los partidos que gobiernan presentan circunstancias particulares, las que tensan la relación con el gobierno al que dieron origen; es común la pretensión partidaria de obtener beneficios de la autoridad que le fortalezcan en la competencia por el poder y, por lo mismo, resienten las decisiones gubernamentales que generan impopularidad o desgaste. La tensión puede derivar en desencuentro, particularmente en los momentos de mayor dificultad económica o cuando el partido sufre un fuerte descalabro electoral.

La idea de que el partido mantenga autonomía del gobierno es un error, puede haber diferencia en función de las distintas tareas que a cada estructura atañe, pero no debe haber conflicto u oposición. Un partido que en el intento de salvar algo opta por abandonar al gobierno que llevó al poder, acaba perdiendo todo, ya que su propia actitud se vuelve argumento irrefutable contra sí mismo. Tampoco el gobernante puede desentenderse de su partido, pero este encuentro debe darse en el programa, en el proyecto trascendente de la organización política no en los objetivos electorales inmediatos del partido.

La vinculación partido y gobierno adquiere su mayor concreción en el Congreso. En una democracia es común que los legisladores se apeguen a la línea partidista, la que, a su vez, debe ser consecuente con la posición del gobierno. En el régimen mexicano esto es lo normal, porque el sistema electoral y el de representación se basa en partidos, no en la relación directa legislador-elector, como sucede en el régimen norteamericano. La plataforma electoral no la registra el candidato, sino la organización partidista.

Estas reflexiones sirven para entender dos situaciones recientes: la propuesta del PRD y del PRI para reformar la operación de la política social del gobierno federal y, el relevo del coordinador parlamentario del PAN en el Senado, Santiago Creel. Para el primer caso, debiera evitarse que la política social esté sometida a criterios partidistas; la oposición está planteando propuestas que la remiten al orden local. Cierto, es de elemental prudencia evitar que los funcionarios federales en los estados y las estructuras en su entorno, estén sujetos a consideraciones partidistas electorales. Sin embargo, el involucramiento del ámbito local no garantiza imparcialidad, incluso se puede agravar, especialmente, si las autoridades estatales o municipales no son consecuentes con este principio de imparcialidad e igualdad de todos frente a la ley. La suma de parcialidades nunca ha sido un mecanismo de imparcialidad o principio general para el buen gobierno. La política social requiere de la coordinación de los tres órdenes de gobierno. Cualquiera que sea el sentido de la reforma, debe asegurar que se cumpla el propósito que motiva la política social, más en un país con significativas diferencias sociales y regionales.

Tampoco es aceptable que los beneficiarios de los programas sociales de cualquier nivel de gobierno sean seleccionados a partir de consideraciones partidistas o que quienes lo hayan sido por criterios de política social, sean objeto de tratamiento político electoral por las autoridades con acceso privilegiado a la información o a la aplicación de los programas. Nada más detestable que lucrar electoralmente con las apremiantes necesidades de los más pobres.

Respecto del relevo de Santiago Creel en la coordinación del PAN en el Senado, es pertinente señalar que todo gobierno requiere del apoyo de su partido, especialmente el que deriva del quehacer parlamentario. Los heterodoxos modos de Germán Martínez para procesar el relevo del senador no invalidan la exigencia de que la coordinación parlamentaria sea consistente con las prioridades del gobierno y del partido, mucho más en una circunstancia de poder dividido y de intenso debate. Empero, no es aceptable el argumento de carácter electoral, sean las elecciones de 2012 o las de 2009.

El PAN ha resuelto en sus ordenamientos internos establecer la potestad de la dirigencia nacional para designar a los coordinadores parlamentarios. Esta norma es inconsistente con el derecho de los legisladores para determinar democráticamente quien debe realizar tal labor. Paradójicamente, en su momento, el mismo Germán Martínez, como diputado, fue objeto de una medida semejante a la que ahora se presenta.

Esta forma ha sido cuestionada porque los dirigentes de los partidos no son designados por los electores y, por lo mismo, no podrían imponerse sobre quienes sí fueron democráticamente electos. Esta situación llama a una reforma al Congreso que garantice fórmulas democráticas de organización en las fracciones parlamentarias, así como una efectiva rendición de cuentas que rompa con la impunidad política, que con frecuencia se hace evidente en el representante popular, derivada de sus condiciones de anonimato en su desempeño.

No debe perderse de vista que una adecuada relación entre el Presidente, su partido y los legisladores de su bancada es la base para una gestión exitosa. Sería sano que eso hubiese motivado el cambio del PAN en el Congreso.

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