Los partidos “pequeños” en jaque


Liébano Sáenz

Las reglas sobre los partidos políticos han sido deficientes desde su origen. Tarde llegaron a la Constitución y la apertura de las organizaciones a la formalidad se dio en una circunstancia particular, en ese entonces se facilitó el reconocimiento a través de un registro condicionado al resultado electoral para así resolver la resistencia de los partidos para entregar los registros de sus miembros. De ese entonces, 1977, el país ha conocido muchos partidos, incluso casos de organizaciones muy discutibles en cuanto a su condición y representatividad; en algunos casos conocidos y muy lamentables, el verdadero incentivo para obtener registro, era acceder al régimen de prerrogativas, más que el de acceder al cargo público o ganar un espacio para la defensa o promoción de intereses legítimos.

El capítulo más reciente de las reglas sobre los partidos es la determinación de la Corte el jueves pasado, al declarar inconstitucional el artículo 96 del Cofipe, con lo que se obliga a los partidos pequeños a alcanzar por si mismos el 2% de los votos para preservar su registro.

Ha sido un error de origen condicionar el ejercicio de diversos derechos a un solo evento, esto es, el porcentaje de votación. La libertad de asociación –formar un partido político–, no debiera tener ninguna condición; en cambio, lo que si debiera estar condicionado es el derecho para participar en elecciones (acreditar un mínimo de miembros y formalidad en los ordenamientos internos). Requisitos adicionales como un mínimo de votación deben ser la base para obtener privilegios como el financiamiento público o el acceso a medios de comunicación y, todavía más, para tener derecho a la representación nacional o al cargo público.

Por los abusos que se han dado, hay un descrédito de la pluralidad de partidos; sin embargo, la diversidad de opciones no sólo plantea al ciudadano un espectro mayor para el ejercicio del voto, sino que además esto es consecuente con la diversidad social, más en un país tan complejo como es el nuestro. Hay lugar para muchos partidos representativos de causas, regiones o demandas sociales.

El PAN, el PRI y el PRD, son la expresión de proyectos políticos con profundas raíces históricas. Independientemente de las vicisitudes de circunstancia que les hacen variar de preferencia electoral, cuentan con un ascendiente considerable para superar por mucho el mínimo legal que les permite preservar el registro.

La situación de los partidos llamados “pequeños” es distinta, su situación es más vulnerable a la prueba de los votos. El proteccionismo que les había concedido la legislación, al permitirles eludir el desafío de los sufragios cuando se coaligaran, les lastimó en la consolidación de su base social y representatividad política diferenciada. De acuerdo a las normas anteriores, para los partidos era más razonable y ventajoso coaligarse, especialmente en la elección presidencial, que luchar por los votos que avalaran a sus proyectos y candidatos propios. El convenio de coalición establecía cuántos votos habría de asignarse a cada partido. Lo que determinaba la representación de las organizaciones políticas era la negociación entre las dirigencias de los partidos y no la voluntad ciudadana.

La reforma electoral reciente cambió las cosas, ahora los partidos, aun coaligados, deberán presentar sus emblemas en la boleta para que el ciudadano pueda expresar su preferencia; el porcentaje de votos ya no será más el resultado del acuerdo entre las cúpulas, sino de los votos que cada partido obtenga. El artículo 96 del Cofipe, concedía a los partidos pequeños coaligados, la posibilidad de transferencia de votos para alcanzar 2%, siempre y cuando obtuvieran, por sí mismos 1% de los votos, cláusula llamada “de la vida eterna” y ahora considerada inconstitucional por la Corte.

La decisión de la Corte entraña un desafío importante para la mayoría de los partidos existentes. Las prerrogativas de ley, sobre todo, para los que participaron de manera coaligada en la elección federal de 2006, son suficientes para acometer el reto electoral que les permita preservar su registro y acceso a la representación nacional. En 2009, 2% de los votos significarán aproximadamente 650,000 sufragios, suma que puede apreciarse enorme si los partidos no trabajan desde ahora con seriedad en su empeño. Es una llamada de atención a un año de la elección para que construyan una estructura territorial estable, un programa diferenciado de sus pares, así como una base social consecuente con el proyecto que abandera el partido.

No empiezan de cero. Todos los partidos, incluso los de registro reciente, tienen proyecto e historia. La cuestión es que los recursos –tiempo, oferta política, dineros públicos y prerrogativas mediáticas– tendrán que orientarlos hacia los objetivos electorales. El dispendio deberá llegar a término porque la supervivencia de la organización está de por medio. Sin duda, la determinación de la Corte les obligará al reencuentro y desarrollo de su base social; a la presentación de candidatos capaces de obtener el voto ciudadano, a tomar en serio el desafío electoral; en suma, ahora tendrán que realizar lo que en teoría les dio origen y que una mala y deficiente legislación inhibió o pervirtió.

Al margen de las malas experiencias que en México ha vivido el pluralismo, es preciso reivindicarlo. La dinámica social, las diferencias sociales y regionales, así como la existencia de demandas que normalmente no son atendidas por los grandes partidos, hacen necesaria la existencia de una pluralidad partidista. Para ello es menester revisar el marco legal existente. Recuperar en su sentido originario la libertad amplia para asociarse con motivos políticos y establecer criterios diferenciados para el derecho de participar en elecciones, acceso a las prerrogativas y merecer integrar la representación nacional.

La Corte, con un criterio unánime, ha declarado inconstitucional un aspecto importante de la reforma electoral que afecta a los partidos pequeños. Es paradójico que esto haya ocurrido a partir de un recurso legal que los mismos afectados interpusieron. También es paradójico que una decisión que les afecta, a su vez, abre una posibilidad para su propia transformación y recuperar el sentido originario de su existencia.

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