La reelección y el PAN


Liébano Sáenz

Desde hace tiempo el PAN ha planteado regresar al texto original de la Constitución de 1917 que permitía la reelección consecutiva o inmediata de legisladores. Es decir, revertir ese cambio de 1933 que facilitó al poder nacional imponerse sobre los poderes regionales fácticos y formales, proceso crucial para la estabilidad política y la consolidación del Estado. El dominio de un solo partido y de un presidencialismo excesivo es secuela de ese periodo fundacional.

En fechas pasadas, la ex titular de la Sedesol, la senadora yucateca Beatriz Zavala, presentó una iniciativa al respecto. Antes, lo hizo el presidente Calderón cuando era legislador, así como el actual presidente del PAN, Germán Martínez. La reelección consecutiva no sólo es una bandera de partido, también cuenta con la adhesión de un sector del PRI y el aval de buena parte de la academia. Esta postura claramente favorable no necesariamente goza de la simpatía de la mayoría de los mexicanos según revelan los estudios de opinión. Cabe destacar que la iniciativa de la senadora también contempla la disminución de los diputados y senadores de representación proporcional a la mitad del número actual.

Una de las tesis para restablecer la reelección consecutiva es la noción de que con ésta los legisladores rendirían cuentas a sus representados al momento de encarar nuevamente las urnas. Se asume que los legisladores serían más cuidadosos en su desempeño, ya que así no comprometerían su eventual reelección; los diputados y senadores estarían atentos al sentimiento popular y de esta manera los haría más responsables y representativos.

La tesis es válida, pero la realidad es mucho más compleja, sobre todo, si partimos del hecho de que los partidos son los sujetos fundamentales del proceso electoral, de representación y de organización parlamentaria. Como sucede con casi todos los parlamentos, en el Congreso mexicano prevalece la unidad partidaria, lo que significa que el legislador, en la práctica, no actúa de manera individual o independiente respecto a la postura de sus correligionarios diputados o senadores. Los titulares del financiamiento para campañas y de la plataforma electoral son los partidos no los candidatos.

¿Es conveniente que los diputados sean independientes de su fracción parlamentaria? Nuevamente, en teoría sí, pero la realidad plantea retos que es preciso reconocer. Un diputado independiente no necesariamente es más responsable o más congruente con los deseos de sus electores, puede ser el caso de cooptación por parte de los competidores políticos o el gobierno, incluso abre espacio a la corrupción por los intereses económicos en juego en muchas decisiones legislativas. La independencia del legislador respecto a la línea partidaria es muy sugerente en la teoría, en la realidad hasta puede ser un paso peligroso como lo revela la historia de los orígenes del parlamentarismo democrático.

Lo mismo ocurre en la pretensión de ganar su reelección. El voto no es una manera muy eficaz de rendición de cuentas, no sucede con partidos mucho menos con candidatos. Lo que sí puede ocurrir es que legisladores responsables queden expuestos a la malquerencia de los electores por decisiones necesarias pero impopulares, como suele ocurrir en los temas fiscales o bien que se lastimen poderosos intereses que puedan cobrar revancha al momento de la reelección. De esta manera lo que se supone en teoría que es un incentivo para un ejercicio responsable del encargo, en la práctica puede resultar justamente lo contrario.

Yo me he pronunciado por la reelección consecutiva, pero por razones distintas y sólo para el caso de los diputados en ocasión de la elección intermedia. La idea es que el equilibrio político al momento mismo del inicio de la gestión sexenal del Presidente tenga posibilidad de reproducirse en la segunda mitad de la gestión, toda vez que la evidencia muestra que quien pretende reelegirse cuenta con enorme ventaja respecto a quien le compite, como lo constata lo que sucede en EU, donde la tasa de éxito de quienes buscan reelegirse es superior a 97 por ciento. No está por demás destacar que en las pasadas dos gestiones presidenciales mexicanas, en la elección intermedia, el partido gobernante perdió espacio, situación que los analistas dicen que es muy probable vuelva acontecer en 2009.

Disminuir legisladores es popular, pero no es el número lo que preocupa a la población, sino la eficacia del Poder Legislativo, lo que no se resuelve con un Congreso con menos legisladores, tampoco con medidas que generan sobrerrepresentación de los partidos más grandes y subrepresentación de los pequeños, como lo implica la disminución sólo de los legisladores de representación proporcional.

Al respecto he señalado que el número de diputados debe disminuirse, pero con integración igualitaria de legisladores de mayoría y de minoría. Por otra parte, mi propuesta es que los electores cuenten con dos boletas, una para elegir a su diputado distrital y otra para determinar al de representación proporcional, mismo que sería elegido por listas desbloqueadas con pocos candidatos para que sea el ciudadano y no la cúpula del partido el que determine quién debe llegar al cargo.

En el Senado deben desaparecer los 32 senadores electos por lista, para así recuperar el sentido originario de la institución sobre la representación igualitaria de las entidades de la Federación. Una modalidad sugerente a evaluar es que los cuatro senadores que se elijan por entidad, se hagan por una modalidad de representación proporcional, para evitar el caso de una desproporcionada sobrerrepresentación de los grandes partidos.

Las instituciones deben revisarse con rigor y a la luz de las necesidades del país, de su historia y de la naturaleza del régimen político que prevalece. Para el caso de la integración del Congreso, su revisión casi siempre ha ocurrido en una perspectiva de corto plazo y de la posición de los partidos en la circunstancia. Ha hecho falta visión y perspectiva. En el debate han sido frecuentes los lugares comunes, las ambiciones personales y la falta de imaginación. El Congreso debe ser la base para un buen gobierno. El problema más que de los actores o de responsabilidad política es deficiencia institucional.

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