La consulta a debate


Liébano Sáenz

Mañana domingo tendrá lugar la consulta sobre la reforma energética, promovida por Marcelo Ebrard y organizada por el IEDF. La polémica se ha hecho sentir en todos los aspectos: su base legal, la organización, la publicidad, su confiabilidad, sus efectos y hasta las preguntas a plantearse a los ciudadanos.

El debate sobre la consulta se asocia a la discusión de la reforma petrolera. En el nivel político formal, quienes favorecen la iniciativa presidencial están en contra del ejercicio ciudadano; aquellos contrarios a la propuesta del Ejecutivo favorecen la consulta. Entre los ciudadanos la situación cambia; diversos estudios coinciden en el deseo de que la gente decida sobre el tema, y no los legisladores. Considerada la opinión ciudadana con cuidado, la situación no es tan positiva, ya que esta respuesta es una forma de desconfianza o rechazo al poder decisorio del Congreso, no necesariamente la pretensión ciudadana de participar en esta modalidad de democracia directa.Existe una vieja controversia entre la democracia directa (los ciudadanos deciden) y la democracia representativa (los representantes de los ciudadanos deciden); el argumento democrático purista favorece a la primera, el de funcionalidad en el mundo real, claramente a la segunda. Lo cierto es que el régimen constitucional vigente excluye a la democracia directa, aunque con alguna excepción poco relevante y ambigua en cuanto al sistema de planeación consignado en el artículo 26.

Algunas legislaciones locales, incluyendo la del DF, han reconocido formas de democracia directa, entre éstas, la consulta ciudadana, aunque nada de qué presumir en cuanto a resultados; estos ejercicios de muy poco han servido. La apatía ha prevalecido, comprometiendo la validez o fuerza de las conclusiones; no hay veredicto ciudadano que no sea el de la frágil confianza ciudadana sobre los procedimientos formales de participación. Sin embargo, precedentes adversos no necesariamente descalifican a este tipo de recursos para la toma de decisiones; los legisladores están inmersos en una reforma institucional por lo que bien vale repensar el tema de la democracia directa más allá del debate sobre de la reforma petrolera o del expediente en práctica mañana domingo; necesario resulta revalorizar el debate y definir formas de democracia directa en apoyo al proceso decisorio público.

Refrendo, plebiscito, iniciativa popular y revocación de mandato son las modalidades más comunes de democracia directa. Se ha dicho que su uso indiscriminado mina la responsabilidad de los funcionarios electos, en especial, cuando se trata de asumir decisiones necesarias, pero circunstancialmente impopulares; en contrapunto, se dice que hay decisiones fundamentales para el conjunto de la nación que no pueden estar exclusivamente en manos de políticos o de mayorías calificadas de corte legislativo. Ambas posturas tienen una parte de razón. Mi postura es a favor de la democracia representativa, pero estimo que existen supuestos particulares en los que la democracia directa debe hacerse presente.

Por ejemplo, en materia de reforma constitucional, el procedimiento para un cambio de tal naturaleza requiere del voto de las dos terceras partes de los legisladores federales presentes, así como de una forma de refrendo por la mayoría de las legislaturas de los 31 estados. La historia de las reformas a la Carta Magna prueban que el procedimiento constitucional vigente no asegura buenas transformaciones, tampoco que el consenso político exprese el consenso social; incluso ahora en una situación de mayor pluralidad, se advierten reformas recurrentes a la carta magna; de 1997 a la fecha se han publicado 38 decretos de reforma constitucional. No todo lo aprobado resiste la prueba de las exigencias de un cambio positivo.

El relevante y encomiable amparo interpuesto por un grupo de intelectuales contra la reforma electoral obliga a una reflexión más allá de la constitucionalidad del cambio a la Constitución, valga la expresión. ¿Es aceptable que una mayoría legislativa absoluta o calificada pueda cambiar partes significativas de la Carta Magna, o de lo que teóricos del constitucionalismo llaman la parte dogmática de la ley fundamental? Dos valores fundamentales compiten en la controversia sobre dicha reforma (independientemente de su dimensión legal), la equidad en las elecciones (tema de los políticos) y la libertad de expresión (tema de los ciudadanos). ¿Cómo resolver la cuestión sin acudir al Poder Judicial o a la Suprema Corte a través del singular argumento de inconstitucionalidad de la Constitución? Al menos para la reforma de los capítulos fundamentales de la Constitución, como ocurre para efectos prácticos con la reforma en comentario o la de justicia penal, estos aspectos debieran ser sujetos de un procedimiento de refrendo popular y con ello asegurar que la decisión política legislativa cuente con el aval social del ciudadano.

Repetidas son las evidencias de que el parlamento mexicano no es infalible ni inmune al error; sorprende la facilidad con que los legisladores, independientemente de sus diferencias ideológicas y partidarias, pueden alcanzar consenso en temas en los que se esperaría una mayor diferencia dado su contenido controvertido o intereses en pugna; existen casos de unanimidad contra lo más elemental de un sentido de responsabilidad, como ocurrió en la Cámara de Diputados en la legislatura pasada, cuando se aprobaron diversos ordenamientos, entre éstos, el voto de los mexicanos en el extranjero.

Frente a esta realidad, el Congreso debe abordar con más sentido de necesidad que de urgencia, el tema de la democracia directa, y considerar su excepcionalidad y los supuestos de su empleo. Es posible que la consulta de mañana profundice el prejuicio contra la democracia directa; el procedimiento, en sus resultados y función, pierde sentido cuando no cuenta con el aval de los polos en el debate. La consulta puede ser un recurso políticamente rentable frente al desgaste del Congreso; sin embargo, poco contribuye para promover una cultura de auténtica participación ciudadana, independientemente de la voluntad de los organizadores o de los méritos hipotéticos de dicho procedimiento.

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