Los tiempos y el gabinete


Liébano Sáenz

El presidente Calderón efectuó en días pasados un ajuste al gabinete; en la Secretaría de Economía, Eduardo Sojo es reemplazado por el titular de la Oficina de la Presidencia, Gerardo Ruiz Mateos, uno de sus colaboradores más cercanos política y personalmente. El momento del relevo no llamaría la atención, de no ser por la particularidad del entorno, por el repunte del tema de la inseguridad en la preocupación pública, a raíz del trágico desenlace del secuestro y homicidio del joven Fernando Martí.

La economía es de gran importancia para el gobierno nacional. Es un juego difícil que se dirime frente a reglas que no se escogen, aspectos sobre los que no se tiene control y un impreciso espacio decisorio que sí está bajo el dominio del gobierno. A diferencia de la situación en que inició el gobierno actual, el entorno internacional ha cambiado de manera importante e impacta negativamente los objetivos de política económica; preocupa el repunte de la inflación, especialmente la que repercute en la calidad de vida de las personas y sus familias. Para atenuar su impacto en la economía familiar, el gobierno destina costosos subsidios al gas y la gasolina. La inversión y el empleo, que no registran signos alentadores, obligan a un replanteamiento de la estrategia inicial, posible razón del ajuste en el equipo. Todo ocurre frente a una reforma fiscal que no alcanzó los objetivos que el Ejecutivo se propuso a partir del diagnóstico de las finanzas públicas y su impacto en el desarrollo nacional. A la luz de los hechos, el desempeño del responsable de Economía careció de una posición realista sobre la situación del país, lo que hizo que el gobierno perdiera credibilidad.

Generalmente la opinión pública da la bienvenida a los cambios en el gabinete; sin embargo, al interior del equipo no necesariamente devienen positivos estos ajustes. La discontinuidad de programas y la incertidumbre de los altos funcionarios no son del todo favorables al buen gobierno. Los cambios deben ocurrir cuando el costo de la continuidad es mayor que el de la renovación; nunca es recomendable que obedezcan a propósitos de imagen o percepción; lo importante es el desempeño. Además, reducen el margen del Presidente en el reclamo frente a la insuficiencia de resultados, una vez que se da el relevo se dificulta trasladar al nuevo designado la persistencia de lo negativo. Los antecedentes profesionales del nuevo titular de Economía no han despertado optimismo en los comentaristas ni confianza de que habrá un cambio significativo en la dependencia. Serán los hechos los que hablen por sí mismos y para ello no hay tiempo, dada la circunstancia que se vive en el país.

Se entiende que una vez pasada la elección intermedia, con base en el nuevo equilibrio, el Presidente haga un ajuste en el equipo, para así corresponder a los dos procesos diferenciados de ejercicio del poder presidencial: el despegue y el aterrizaje. Una nueva alianza gobernante para un nuevo entorno y nuevo momento. La selección de colaboradores depende del perfil mismo del Presidente. El del actual es el de un político en el sentido natural de la expresión; en décadas, es el primer mandatario cuyo origen ha sido su partido y el Poder Legislativo; por otra parte, ha mostrado inclinación hacia la renovación de la política, por lo que, desde ese criterio particular, se explica que ciertas carteras del gabinete sean integradas con jóvenes de trayectoria partidista y con cercanía personal, como los titulares de Gobernación, Desarrollo Social y, ahora, Economía.

El juicio a un equipo de colaboradores no depende de la coyuntura, ni de la visibilidad o popularidad de sus integrantes, sino de resultados, y éstos, en ocasiones, no trascienden al ámbito de lo públicamente evaluable. Un funcionario eficaz no necesariamente contará en automático con la aceptación de las áreas del Congreso a cargo de la oposición. Tampoco tendrá el respaldo del partido gobernante, si el funcionario privilegia su responsabilidad y lealtad al Presidente respecto a la de su proyecto político. Se dan casos que desde el interior de la misma dependencia hay crítica o resistencia, porque el funcionario está comprometido en renovar a la institución. De igual manera, la coordinación de los secretarios y directores se vuelve crucial, por lo que es indispensable una oficina presidencial vigorosa, enérgica y sensible para hacer valer la autoridad presidencial y un sentido de proyecto común.

No está por demás señalar —y es el caso no sólo de México— que las presidencias más exitosas en lo político y en la ejecución de las llamadas políticas públicas, son aquellas con un Presidente acompañado de un equipo inmediato estable, profesionalmente capaz, desprendido de su proyecto personal futuro y, por lo mismo, claramente comprometido con el propio Presidente. Es un equipo poco visible, con la autoridad que el mandatario le concede, sin otro objetivo que seguir la suerte de éste, incluso concluido el ejercicio. La fortaleza y confianza de que gozan al momento del cargo, será la razón y causa de su marginal circunstancia política futura.

He sostenido en repetidas ocasiones la necesidad de una Ley de la Presidencia como parte de la modernización de esta institución. El gabinete y los organismos descentralizados son muy importantes para la ejecución del proyecto de gobierno; pero también se requiere una oficina presidencial vigorosa, al igual que un organismo técnico, cuyo mando inmediato sea el mismo Presidente, ajena al gabinete, competente para la elaboración del Presupuesto a manera de que éste exprese el proyecto democráticamente decidido en las urnas y no el de una burocracia que obstruya el mandato en el complejo juego de cifras, técnica, política e intereses o que negocie “su” presupuesto ante la Cámara de Diputados, como sucedió en el pasado gobierno. La decisión de reestructuración de la oficina presidencial —y de la entidad responsable de la preparación del presupuesto— no puede estar en la discrecionalidad de un decreto presidencial, sino en el marco de una ley, para que el conjunto de la administración pública federal, tenga claramen-te definidas sus atribuciones y responsabilidades.

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