El Informe y el Congreso


Liébano Sáenz

Obligado es iniciar con una breve reflexión sobre la exigencia de cientos de miles de personas que marcharán hoy en distintas partes del país en protesta por el déficit de seguridad. Campea en el ánimo de todos, un sentimiento de sociedad secuestrada, no sólo por el delito al que se alude, sino por la inseguridad y delitos en muchos otros ámbitos. Se puede decir que la ilegalidad ha logrado secuestrar a la sociedad toda. El desdén generalizado a la ley, incluso por amplios segmentos de la sociedad, es causa y es, también, la explicación de lo marginal de los resultados. El cambio no resulta del golpe de timón del gobernante o del legislador, sino de la capacidad para que cada quien, desde su propio espacio, haga las cosas para que los resultados puedan darse. La marcha tiene el potencial para ello… pasemos al informe y el Congreso.

Después de dos muy accidentados eventos de lo que se conoce como Informe presidencial, el país inaugura este 1 de septiembre un nuevo ceremonial. La transformación del evento era una necesidad ineludible; sin embargo, la evidencia muestra que la evolución no fue positiva para nadie, menos para el Congreso y la pluralidad allí manifiesta. Un evento republicano ha desaparecido; en su lugar el Poder Ejecutivo y el Legislativo se muestran aislados, cada uno por su cuenta, con sus recursos y particularidades.

La presencia del jefe de Estado en la apertura de sesiones del Parlamento es un triunfo de la democracia; así fue definido en los textos fundamentales, desde la Constitución liberal de Cádiz. Se obligaba al representante de la nación a hacerse presente, sin guardia y sin otra investidura que la de representar a la totalidad institucional, social y política. Así acontece en todas las democracias. Fue un lamentable error de la Constitución de 1917 hacer de un ceremonial de Estado, uno de gobierno, al determinar que se informara sobre el Estado que guardara la administración del país.

Lo idóneo hubiese sido recuperar aquel sentido republicano y democrático de la institución. Que prevaleciera que el actor fundamental no fuera el Presidente, sino la soberanía nacional y popular. Que el significado en el evento fuera la apertura de sesiones ordinarias, no la entrega o lectura de un informe de gestión. Era menester obligar al jefe de Estado a asistir a este evento a manera de acreditar la unidad de la nación, frente al ejercicio de la potestad legislativa y parlamentaria; acabar con “el día del Presidente” para que en su lugar se recuperara, lo que venía de origen: el día en el que inicia trabajos la representación política de la nación.

En el México de nuestros días, las instituciones fundamentales suelen transformarse en función de la coyuntura. Hoy, el Constituyente permanente, con frecuencia niega el espíritu del Constituyente originario de 1808, 1824, 1857 o el de 1917. En ocasiones con exceso, pero siempre, en aquellos momentos fundacionales, se buscó no responder a la inmediatez, sino al futuro de la nación. Para esa generación de constituyentes no se cambiaban las reglas para acomodarlas a un equilibrio circunstancial o a los intereses del caso, sino a partir de una visión de país, de un futuro deseable, incluso a costa del interés propio.

La institución del Informe cambió a partir del saldo de la elección de 2006. El rencor de unos y el temor de otros llevó a cambiar la Constitución para eliminar el sentido originario del ceremonial de apertura de sesiones del Congreso. Para el partido gobernante, no se quiso que el presidente Calderón quedara expuesto al encono de un minoría de la representación nacional; otros, por conveniencia simplemente no lo querían presente y decidieron a posteridad eliminar una de las pocas ceremonias republicanas para dar testimonio de pluralidad y libertad.

Es paradójico, pero quien más perdió fue el Congreso. Al Presidente se le relevó de una obligación y de la incomodidad de enfrentar la malquerencia —en no pocas ocasiones grosera— de la minoría parlamentaria. Ahora vemos la manera cómo los legisladores renunciaron a un derecho y a la Presidencia le concedieron legal y políticamente, la atribución para el uso irrestricto de la publicidad mediática. Ahora, en la nueva modalidad del Informe no hay debate ni controversia. No existe, siquiera, la necesidad de cuidar el sentido del mensaje; su lógica es la de la eficacia mediática, no el diálogo institucional entre poderes, que no pocos veían como remanente de un pasado autoritario. En ello la sociedad también ha perdido.

Mientras que el Informe presidencial se vuelve un complicado ejercicio de malabarismo mediático, el inicio de sesiones del Congreso pasará a la irrelevancia política; los legisladores vivirán con regocijo la ausencia del Presidente, como sucedió al momento en el que se dio curso a la reforma constitucional. Sin embargo, también descubrirán que sin el jefe de Estado, el evento pierde significado y trascendencia. El “informe” prevalecerá sobre el sentido de “inicio de sesiones ordinarias” de la representación política. La sociedad pierde, también la República y con ésta el Poder Legislativo.

Por lo que se aprecia en esta reforma, el cambio institucional se vislumbra como el mayor problema de la democracia mexicana. La ausencia de visión y horizonte de esta generación de reformadores hace recurrente que los cambios sean contraproducentes al país, a la democracia, incluso a la causa que ellos mismos dicen abanderar. Esto acontece porque una de las mayores debilidades es la falta de un auténtico debate y el desdén de la clase política hacia la sociedad civil, hacia las voces y opiniones que no provienen de un estrecho, excluyente y, por lo visto, mediocre sector político. Los hacedores de instituciones de hoy día viven distantes de la sociedad que presumen representar. También prefieren, como lo constata el hecho, hacer de la división de poderes, separación y aislamiento.

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