Una reforma interesadamente olvidada


Liébano Sáenz

El pasado 15 de agosto se publicó la reforma constitucional que dio fin a la obligación del Presidente de concurrir a la ceremonia de inicio de sesiones del Congreso de la Unión. La modificación se complementó con la facultad de las cámaras para solicitar al Presidente información adicional por escrito y el citatorio a los integrantes del gabinete para que rindan informe bajo protesta de decir verdad.

La comparecencia de los miembros del gabinete después de un Informe presidencial es una añeja tradición. El Congreso no sólo legisla, también realiza tareas de control de la administración a través de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara, por el citatorio a funcionarios, así como el juicio político. Lo nuevo es que ahora esto reviste obligación constitucional y que los funcionarios que concurran, habrán de hacerlo bajo protesta de ley, lo que implica sanción penal en el supuesto de faltar a la verdad.

Lo dispuesto es trascendente. En abstracto, es un cambio positivo hacia la rendición de cuentas y la vigilancia del Legislativo sobre el Ejecutivo. Todos los servidores deben conducirse con veracidad, mucho más cuando comparecen ante los legisladores en comisiones o el Pleno. Sin embargo, para cerrar el círculo normativo, es imperiosa una reforma a la Ley Orgánica del Congreso, con la respectiva expedición de reglamentos que precisen el ejercicio de ésta y otras facultades. Aún con este pendiente, los funcionarios citados deberán tener presente la gravedad de la falta en el caso de falsedad de declaración, falta penalmente sancionada por el Código Penal Federal en el artículo 247.

Las consideraciones planteadas al cambio que se comenta surgen inevitablemente cuando se observa la realidad del Congreso; es irrefutable la insuficiencia de credibilidad y la vulnerabilidad por la postergación de una reforma a fondo que garantice el desempeño adecuado de la representación que ostentan los legisladores. Las instituciones y su transformación tienen que valorarse no en teoría, sino con referencia a las condiciones existentes. El Ejecutivo y la Suprema Corte han vivido una transformación profunda, pero no ha sucedido lo mismo con el Legislativo, situación que preocupa porque el signo de los cambios ha sido, precisamente, el traslado del poder decisorio del Ejecutivo hacia el Legislativo. Los diputados y senadores en lo colectivo, configuran un auténtico poder que va más allá de las decisiones legislativas. Es premisa de toda democracia que a mayor poder, haya también mayor responsabilidad y mayores obligaciones para que esta potestad pueda cumplir su funcionalidad con la sociedad.

En forma unánime, todos los estudios de opinión constatan la flaca confianza pública que padecen los legisladores. En el pasado lejano se decía que no era culpa de ellos, sino de los medios de comunicación por la manera en la que cubrían el quehacer legislativo. En el pasado reciente se le adjudicaban al Presidente las campañas de desprestigio hacia los representantes populares. La verdad es que es la conducta de los legisladores la que propicia la imagen que la sociedad tiene de ellos.

El asunto no es sólo de percepción o imagen, es real. A los legisladores se les facilita hacer reformas constitucionales para reducir al Poder Ejecutivo o los espacios de la misma sociedad, pero padecen una enorme dificultad para establecer un régimen de obligaciones que dé orden a su trabajo, que garantice un proceso de decisiones colectivas en las que ellos mismos no sean sometidos a una autoritaria disciplina de partido, sino que los aproxime a sus representantes, que modernice el trabajo legislativo, que transparente la administración y los recursos a disposición de los grupos parlamentarios y, especialmente, que evite y sancione los abusos y las desviaciones a la ética parlamentaria; vaya, un mínimo régimen de rendición de cuentas.

Frente a este déficit de autorregulación, adquiere relieve la ampliación de las atribuciones del Congreso. Esta situación repercute no sólo en el prestigio o la imagen, sino en la disfuncionalidad del Poder Legislativo. Una república requiere de hacedores de leyes respetados y respetables. No importa que sus decisiones puedan ser controvertidas o cuestionables por la opinión circunstancial, lo significativo es la convicción personal o colectiva en los legisladores de que su desempeño obedece al interés común o general, no al juego de poder partidario o al interés personal o de grupo de quienes tienen mayor influencia o ascendencia en el Congreso.

Ahora, surge nuevamente la propuesta de que el Presidente debe someter a ratificación su gabinete. Decisión adecuada para el secretario de Relaciones por el Senado, pero del todo debatible tratándose de casi todas las demás carteras. En la realidad mexicana, un gobierno de cuotas políticas, sin responsabilidad individualizada es lo peor que puede ocurrir. En el sistema vigente, al menos hay un nombre, una persona, un funcionario electo a quien puede exigírsele responsabilidad por el desempeño de su gobierno.

La salud del Poder Legislativo debe medirse no con la prédica de sus propios integrantes, sino por el balance de su actuación en el taller de la realidad. Tampoco es cuestión de calculadas valoraciones sobre el desempeño del Presidente y juicios sumarios sobre la calidad de sus colaboradores. En 1997, el partido del Presidente perdió la mayoría en el Congreso y de esa manera, en automático, cambió el régimen. Hay muchas leyes aprobadas, investigaciones, designaciones y hasta intentos de desafuero y juicio político. ¿Se reivindica en su desempeño el Congreso como para continuar las reformas que le hacen prevalecer frente al Presidente? No lo creo, por lo menos no mientras el Poder Legislativo no reforme la Ley Orgánica del Congreso y obligue a los legisladores a una autentica rendición de cuentas.

* * *

Comentario final: el triunfo de Jorge Castañeda ante la CIDH más que de él es de todos. Se reivindica el derecho a la justicia; obliga al Congreso realizar cambios a las reglas que hoy dejan en estado de indefensión a los ciudadanos que demandan el cumplimiento del texto constitucional referido al derecho fundamental a ser votado. ¿Actuará el Congreso?

2 pensamientos en “Una reforma interesadamente olvidada

  1. Yo también celebro que se le haya dado la razón a Jorge Castañeda. Aunque curiosamente en este asunto creo que el gran culpable fue el Poder Judicial de la Federación. Fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación con su jurisprudencia (Contradicción de tesis 2/2000) la que impidió que el TEPJF pudiera controlar constitucionalidad, actividad que había venido realizando hasta entonces. Estimo, como muchos, que inaplicar leyes electorales por inconstitucionales al caso concreto, que se conoce como control incidental, era compatible con la Constitución (pues el artículo 105 que establecía que la única vía para plantear la inconstitucionalidad de las leyes electorales es la acción de inconstitucionalidad se refiere a control abstracto, es decir, antes del acto de aplicación). La Corte se sintió amenazada como órgano de control constitucional y dio argumentos que rompían con todo el propósito de la reforma constitucional de 1996 y dejando al TRIFE chimuelo. A ver si ahora que se los dijo la CIDH aceptan que cometieron un error.

  2. Coincido plenamente con tus reflexiones querido Liébano.
    Me parece brutal que como bien mencionas, se translade el poder del Ejecutivo al Legislativo, porque es imposible que dejemos el poder en manos de ciudadanos en los que no confiamos. Y no confiamos porque hemos visto como o “brillan por su ausencia” o destacan por ser poco “eticos” o por trabajar en beneficio de sus objetivos personales. Me parece un cambio radical y drástico que solo debilita la figura del Ejecutivo y que no necesariamente es lo que nuestro país necesita en estos momentos en que el narcotráfico de una u otra forma, se hace más presente y cobra más fuerza.

    un abrazo,

    Ana Paula Domínguez

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