Las nuevas reglas en 2009


Liébano Sáenz

En memoria de don Francisco Galindo Ochoa

En las próximas elecciones federales habrá de estrenarse una nueva legislación. Desde ahora se advierte que algunos de los objetivos que se pretendieron con el cambio no se lograron; fue encomiable acortar tiempos de campaña y regular precampañas; sin embargo, no queda claro que haya habido una disminución del gasto electoral. Más bien lo contrario. La exigencia del IFE de incrementar su presupuesto así lo revela. También el que los partidos hayan recibido financiamiento significativo para gasto de campañas, no obstante que ya no tendrán que erogar en publicidad de radio y tv y que habrá campañas más cortas.

Sería importante que se pudiesen lograr los objetivos de elecciones equitativas y confiables, que dejen satisfechos a partidos y candidatos, pero fundamentalmente a los ciudadanos. Hay un nuevo Consejo General; su integración está a prueba; existen casos de trayectorias ejemplares y, también, consejeros que llegaron bajo el régimen de cuotas de “cuates”. Fue un mal precedente que el pasado consejo haya sido removido; a los de ahora debe preocuparles la presión de los partidos y de los legisladores.

Al consejo le asignaron una tarea imposible de cumplir a satisfacción de todos: ser policía de los medios de comunicación electrónicos. No existe un estándar claro que separe libertad de expresión de campañas negativas; el Tribunal Electoral lo ha demostrado con criterios contradictorios. Tampoco es clara la manera de coordinar adecuadamente por el IFE el acceso a radio y tv para comicios locales concurrentes; el calendario federal y el de los estados no es compatible. Otro problema es la interpretación del artículo 134 en materia de promoción personalizada de servidores públicos; el IFE ha considerado que es de su competencia, cuando en realidad se trata del uso de los recursos públicos y, por lo mismo, corresponde a otros órganos regular y, en el ámbito local, las normas no las define el Congreso, como se ha creído, sino los congresos locales.

Habrán de elegirse diputados, al tiempo que once entidades tendrán elecciones locales; Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora elegirán gobernador. Cabe destacar que la participación esperada para las entidades con elecciones concurrentes será de 50%, en el resto de poco más de 30%, lo que consigna al abstencionismo el desafío mayor por partidos y candidatos. De antemano 40% —la votación esperada—, es un índice muy bajo, especialmente por el elevado costo y la extensa burocracia electoral.

Seguramente no habrá coaliciones, toda vez que ya no existen incentivos para formarlas, más cuando la Corte estableció que no puede haber transferencia de votos en caso de coalición, por lo que los partidos —coligados o en lo individual— deberán acreditar 2% de los votos para retener el registro, aproximadamente 600 mil sufragios. Los partidos que no alcancen la meta no sólo perderán el registro, también deberán rendir cuentas por los bienes y recursos obtenidos, lo que anticipa, por el abuso histórico en la materia, situaciones legales inéditas de aplicación ejemplar de la ley y de rendición de cuentas.

También los partidos estarán a prueba con la nueva legislación. Se ha asignado un periodo de precampaña, precisamente para que den lugar a procedimientos democráticos para la selección de candidatos, así como un periodo para que internamente puedan resolver diferencias. Por lo que han realizado hasta hoy, ninguno de los partidos muestra compromiso para modernizar procedimientos internos. Es lamentable que gane terreno la idea de que la democracia al interior de los partidos es contraproducente para acometer el reto electoral constitucional. Paradójicamente, es precisamente el mismo argumento del pasado autoritario: la democracia divide.

Algunos observadores electorales señalan que las elecciones próximas revelarán la fortaleza regional de los partidos, después de la sacudida que les significó la elección presidencial. Los escenarios electorales son poco claros, aunque ya se vislumbran algunas tendencias que resultan de los comicios locales que anteceden a la elección intermedia. Bajo estas premisas el PRI recuperaría su condición de primera fuerza en la Cámara de Diputados. El PRD regresaría a su nivel histórico por debajo de 20%, y el PAN quedaría con menos de un tercio de los votos y con la pérdida de muchos de los distritos que ganó en 2003, particularmente en los que el PRI obtuvo baja votación como resultado del incremento del PRD y del voto diferenciado a favor del PAN. Muchos distritos que se perdieron en el norte del país regresarían al dominio del PRI.

Para el PAN se está perfilando una situación contradictoria: resultados adversos en la elección distrital y favorables en la elección de gobernadores, especialmente en los estados que actualmente gobierna; incluso no ha faltado quien señale, por interesada perfidia o riguroso análisis, que la postulación del secretario de Gobernación le permitiría al PAN ganar Campeche. Para el PRD, se anticipa un resultado favorable en el DF y en la zona oriente del valle de México.

Las nuevas reglas se prueban en los hechos. Las reformas electorales de 2007 fueron hechas por políticos pensando en ellos, sin advertir que el sujeto fundamental del proceso democrático son los ciudadanos. Para el pasado, la desconfianza de los partidos en el régimen lo explicaba; fue lamentable que la reciente reforma, en la que podría haber campeado el agravio pero no la desconfianza, no haya dado oportunidad, por primera vez, para que prevaleciera el sentido ciudadano. Todavía más, es preciso señalar los signos regresivos de la nueva legislación electoral, especialmente, en materia de modernización de partidos y ampliación de los derechos ciudadanos.

Es probable que se vea afectado el pluralismo que ha caracterizado al país desde la reforma de 1977 promovida por Jesús Reyes Heroles; ahora no sólo es más complicado formar partidos, sino que esto sólo puede hacerse cada seis años. Posiblemente los partidos que tenemos, como existen, no son el mejor ejemplo de lo deseable, pero una democracia requiere de partidos fuertes y diversos en lo ideológico y programático. Más que ello, es crucial que el ciudadano confíe en el poder y utilidad del voto, que advierta y se constate que las urnas son el mejor y más civilizado camino en la disputa por el poder.

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