Nuevas comparecencias, viejos hábitos


Liébano Sáenz

En un régimen presidencial, la relación entre el Ejecutivo y el Congreso es un asunto cardinal para la funcionalidad del gobierno. En el México que antecede a la pluralidad y al gobierno dividido, la relación se procesaba a partir de la afinidad política y partidista entre el Presidente y los legisladores. No fue el caso, como muchos suponen, que diputados y senadores estuvieran complacientemente sometidos a la voluntad presidencial, sino que los desencuentros y diferencias se resolvían a través de las prácticas políticas, casi siempre en la discreción.

En aquel entonces las propuestas presidenciales al Congreso se modificaban antes de adquirir la forma de iniciativa, incluso las observaciones o resistencias de los representantes podían provocar el aplazamiento indefinido de proyectos de ley. Esto propició que la única expresión visible de ajuste a las iniciativas del Ejecutivo proviniera, casi siempre, de la oposición y esto, ordinariamente, ocurría en la mesa de la Secretaría de Gobernación o en la Oficina Presidencial misma.

A partir de los 80, la pluralidad legislativa se amplió y aparecieron temas en la agenda legislativa mucho más complicados y polémicos, como fueron las medidas correctivas frente a las crisis económicas o la agenda del cambio estructural. Esa nueva realidad ratificó, injustamente, la idea de que los legisladores afines al gobierno votaban de manera complaciente a favor y, que los cambios o ajustes sólo procedían de la oposición. En el imaginario de los políticos se desdibujó la idea de que quien se opone, también tiene una responsabilidad ante el sistema democrático y su perfeccionamiento.

La falta de colaboración en un entorno de gobierno dividido, ha afectado seriamente la capacidad del régimen político para hacer reformas sustantivas. Bastaría comparar los cambios que se procesaron en los 11 años que precedieron a 1997, con los que le suceden, para dimensionar la magnitud del contraste. Queda claro que ha sido la agenda de la cúpula de los partidos, centralistas y verticales, la que ha prevalecido en el Congreso, no la del bienestar del país. Si se considera que la pluralidad ha tenido lugar también en el ámbito local, se advierte cómo se dan dos efectos simultáneos en los procesos de reforma: una tendencia para debilitar a la Presidencia y el fortalecimiento de las entidades de la Federación, como resultado de los intereses regionales de los partidos y, por lo mismo, sin los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y escrutinio eficaz al poder público.

Ahora el Congreso es el centro de las decisiones políticas. Lamentablemente, quizás por la falta de una cultura parlamentaria, esta nueva condición del Poder Legislativo no ha sido consistente con una mejoría en la calidad de las decisiones parlamentarias. No puede decirse que el problema provenga de una o de dos fuerzas políticas. La insuficiencia es común y su explicación está en el gradualismo con el que se llegó a la democracia. Al no haber ruptura o momento fundacional, existen prácticas, actitudes –no sólo biografías- propias de un pasado no democrático y que se reproducen en el nuevo orden político. Una democracia requiere corresponsabilidad de todos los actores con poder formal e informal y, particularmente, de quienes encabezan los órganos de representación. Ésta es, precisamente, una de las mayores insuficiencias de hoy día en el Congreso y los partidos. Por esta razón es preocupante que la reforma electoral reciente haya debilitado a las instancias públicas y jurisdiccionales responsables de supervisar a los partidos; también lo es el aplazamiento de la reforma al Congreso que le permitiría estar al día en su nueva condición de poder decisorio.

En meses pasados se concretaron cambios constitucionales en la relación del Presidente con el Legislativo. Desafortunadamente no todo el contenido de lo consensuado pudo materializarse, esto por la ausentismo en la fracción parlamentaria del Secretario de Gobernación. Sí se dio término al Informe Presidencial, decisión contraproducente para la rendición de cuentas y para el Congreso. En su lugar se obligó a que los Secretarios comparecieran ante los legisladores bajo protesta de decir verdad, en un formato que se definiría en la Ley Orgánica del Congreso y reglamentos internos.

Las nuevas comparecencias han tenido lugar. Lo ocurrido hasta hoy muestra que debe hacerse una corrección a fondo. El espectáculo a la vista afecta severamente a la de por sí muy mermada credibilidad del Congreso y legisladores. Quienes con infantilismo y rencor agreden a los comparecientes, no advierten o quizás no les importa el perjuicio que ocasionan a la representación popular. El escrutinio que debe realizar el Congreso al Ejecutivo se extravía en el arrebato y la majadería. Es una minoría la que actúa de esta forma, pero es la más visible y es la que más cobertura mediática obtiene. Esta situación se vuelve considerablemente más problemática en la Cámara de Diputados, a pesar de la cordura de los coordinadores parlamentarios y sensatez de su Mesa Directiva.

La funcionalidad de la democracia requiere de hábitos consecuentes con el nuevo paradigma. Los partidos y el Congreso son instituciones fundamentales para el buen gobierno. El debate, la propuesta y la crítica a partir de la pluralidad no sólo son inevitables, sino que expresan la vigencia de un arreglo auténticamente democrático. Precisamente, por esas consideraciones es necesario que los actores tengan claridad sobre temas de acuerdo, de disenso, así como las formas institucionales de su expresión. La democracia no hace desaparecer al antagonismo, más bien le da cause para que se transforme en diferencias legítimas. Puede ser el caso de inconformidad sobre el desempeño del gobierno en la estrategia frente al crimen organizado, pero esto no debe conducir a la descalificación o al insulto.

Es preciso que los legisladores definan con claridad el nuevo marco para que las comparecencias posteriores al informe cumplan plenamente sus objetivos. Para empezar debe garantizarse que todos los funcionarios rindan cuentas. Debe preverse que hay aspectos que no pueden compartirse públicamente con los legisladores, como son los que tienen que ver con la estrategia contra el crimen organizado. Todo ello sugiere la idea de que los trabajos se desarrollen en el seno de las comisiones. Nuevas comparecencias requieren nuevos hábitos.

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