La Corte y la Constitución


Liébano Sáenz

En esta semana ha estado a prueba el carácter de la Suprema Corte de Justicia como garante de la Constitución, a partir del juicio de amparo interpuesto contra la reforma electoral. Es un tema complejo; en especial porque se dirimen tres aspectos diferentes: primero, los alcances de la Corte en la impugnación a la Constitución; segundo, el acceso de los particulares a la justicia y, tercero, el tema sustantivo: la decisión judicial sobre una reforma constitucional que vulnera la libertad de expresión.

El problema originario no es del Poder Judicial o de la Corte, sino del Poder Legislativo y del Constituyente Permanente, en al menos dos sentidos: por una parte, una reforma que efectivamente establece un ejercicio restringido de la libertad de expresión en aras de una supuesta equidad electoral, tema que llevó a un grupo de empresarios y destacados intelectuales a interponer una acción judicial contra la reforma por la vía del amparo; por la otra, la ausencia de reglas que permitan que los particulares puedan impugnar actos de autoridad ilegales o inconstitucionales en materia electoral.

Las resoluciones de la Corte de esta semana no han sido entendidas adecuadamente. Son menos trascendentes de lo que implica la inconformidad de varios Senadores, quienes reclaman al alto tribunal que haya dado entrada a los amparos contra la reforma y que podría, indebidamente, ubicar al Poder Judicial de la Federación y a la Corte, no como garante de la constitucionalidad, sino como una autoridad con atribuciones para modificar la Constitución, más que para aplicarla o interpretarla. El argumento de los Senadores sería válido, si el propósito de la Corte fuera, precisamente, declarar, por decirlo de alguna manera, la inconstitucionalidad de la Constitución.

Algunos de quienes han impugnado las reformas electorales, en el explicable afán de ganar una causa con alto significado para la defensa de las libertades, anticiparon vísperas y asumieron que la determinación de la Corte del pasado 29 de septiembre (por una votación de seis contra cuatro), de dar entrada a uno de los amparos interpuestos contra la reforma constitucional, implicaba dos cosas: que los jueces pueden conocer del tema sustantivo respecto a la inconstitucionalidad de la Constitución cuando se restringieran libertades y, por el otro, un fallo judicial inminente para declarar improcedentes las reformas constitucionales en materia electoral, en lo referente a la restricción a la libertad de expresión.

Las determinaciones de la Corte el 2 de octubre, ubican las cosas en su real perspectiva. Los jueces no deben declarar como notoriamente improcedentes los amparos interpuestos contra reformas constitucionales, si los particulares impugnan el procedimiento legislativo bajo el cual dio lugar a la reforma constitucional, no los temas sustantivos (inconstitucionalidad de la Constitución). Son importantes los alcances del nuevo criterio de la Corte, pero no da lugar a la preocupación de los Senadores, tampoco al optimismo de los impugnadores judiciales de la reforma electoral. Es más, todo anticipa, si el procedimiento de reforma constitucional tuvo el debido cauce, que el fallo convalidará la reforma, aunque ésta restringiera, como lo hace, las libertades individuales.

En mi opinión, el tema en este caso no sólo es si la reforma electoral vulnera las libertades individuales, sino si los particulares tienen vías de defensa contra actos de autoridad contrarios a la Constitución en su parte dogmática, es decir, las garantías individuales. El precedente del caso de Jorge Castañeda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, invocado por el Presidente de la Corte, indica que, efectivamente, sí existe un problema que debe resolverse a la brevedad, ya que el amparo, el juicio para la protección de los derechos políticos o cualquier acción legal a promover por un particular, no permite impugnar actos de autoridad que impiden el derecho constitucional a ser votado. Sin embargo, enmendar la situación no le corresponde a la Corte, sino al Poder Legislativo.

Soy uno de quienes con mayor insistencia ha señalado las insuficiencias y los aspectos negativos de la reforma constitucional en materia electoral, entre éstas, la restricción a la libertad de expresión. Sin embargo, desde el inicio del litigio promovido por particulares contra la reforma, señalé como un caso muy difícil, invocar la inconstitucionalidad de la Constitución, bajo el supuesto de jerarquía diferenciada entre partes de la Constitución. Quizá debí decir, que aunque sería deseable la anulación de tales aspectos de la reforma, sería un precedente sumamente peligroso o negativo que la Corte pudiera apropiarse tales atribuciones. Quizás a pocos les haga sentido por prejuicio, pero corresponde a los legisladores, no a los jueces, definir los contenidos de la Constitución.

Sí, sí se debe rediseñar nuestro sistema de constitucionalidad. No sólo para garantizar plenamente el derecho de los particulares a la justicia, principio fundamental de legalidad, también para que las resoluciones firmes de inconstitucionalidad protejan a todos y no sólo a quienes impugnaron; estimo que en el texto constitucional sí deben diferenciarse aspectos como los derechos individuales, tal como lo argumenta el litigio de los particulares que impugnaron la reforma electoral. Pero cambiar reglas es decisión del Constituyente Permanente, no de la Corte, incluso para evitar la restricción de derechos de manera irresponsable, como ocurrió con la reforma electoral, un cambio en esa parte de la Constitución debiera estar acompañado por referéndum, para que las modificaciones contaran no sólo con mayorías del sector político, sino con el aval y el consenso social.

En tal supuesto, la Corte sí podría establecer, bajo la premisa de que las libertades individuales son uno de los principios medulares del texto constitucional, criterios de inconstitucionalidad de la Constitución. Pero, repito, no son los precedentes judiciales los que lo deben determinar, no se debe hacer de la función judicial y de las atribuciones derivadas de interpretación constitucional, una modalidad de acto legislativo. Corresponde al Constituyente Permanente y sólo a éste determinarlo.

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