Guerrero y el 2012


Liébano Sáenz

Una síntesis mínima sobre la elección del domingo pasado en Guerrero, diría: derrota del PRD, triunfo del PRI. Efectivamente, el partido gobernante en la entidad perdió el Congreso y numerosos municipios, en particular, Acapulco, gobernado desde hace nueve años por el PRD. Ocurrió lo mismo que en Zacatecas, donde la división de los partidos que integran al FAP, significó que el PRD perdiera importantes plazas. En parte, también, porque la percepción sobre el desempeño del PRD a cargo del gobierno local y municipal fue crucial.

Es importante observar la participación electoral en Guerrero. De conformidad a las cifras oficiales votó la mitad de los electores inscritos, cifra aceptable si se consideran los precedentes y la creciente deficiencia del padrón. De mantenerse dicha tendencia, es probable que en la elección federal del año próximo, las entidades con elecciones locales concurrentes tengan una participación del orden de 55%. De ocurrir, el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato aportarían un componente significativo en la definición del resultado final, para efectos prácticos, el volumen de votos de los partidos.

Sin embargo, la lección más trascendente de los comicios en Guerrero, es que las nuevas normas en materia electoral tienen implicaciones significativas y preocupantes. La prueba de Guerrero muestra que las nuevas reglas del juego representan el fin de la equidad electoral, desigualdad que afecta, sobretodo, a las fuerzas políticas pequeñas. Es preciso destacar, sin demérito del candidato triunfador y de su reconocida destreza para ganar la elección de Acapulco, que, con estricto apego a la ley reformada, contó con una ventaja de tres a uno en su exposición en medios electrónicos respecto a quien quedó en cercano segundo lugar.

De igual manera, con otras reglas, es posible que el PAN hubiere tenido un mejor resultado. No fue así, porque en virtud del nuevo marco legal, el acceso a medios electrónicos tiene como referencia el resultado de la elección local de diputados, (bajo el esquema de una asignación de 70% en proporción a los votos en dichos comicios y el remanente 30% se distribuyen de manera igualitaria). Esto implica que el terreno en el que se dirime la contienda no es parejo, sino que beneficia a quien está en posición privilegiada, lo que a su vez, obstruye la renovación implícita en la diversidad de opciones, pues la alternancia se dará entre las dos fuerzas dominantes.

Quizá los comicios de Guerrero se adviertan distantes. Sin embargo, desde ahora anticipan un problema muy serio que habrá de potenciarse en la elección de 2012, especialmente, si ocurre, como lo indican diversos estudios de opinión, que el PRI alcanzaría en el 2009 más de 40% de los votos, el PAN 34%, el PRD 20% y los partidos pequeños, en el mejor de los casos, apenas superarían 2%, el mínimo para mantener el registro y acceder a la representación popular. De esta manera, el PRD y las minorías, advertirían una creciente desigualdad en un aspecto crucial para una campaña presidencial: el acceso a radio y televisión en el 2012.

Así, de conformidad a las nuevas reglas, en 2009 se resuelve, en parte, el 2012. Es decir, que los partidos que tengan un buen desempeño el próximo año, sin duda el PRI, tendrán una posición de ventaja en lo sucesivo. Cabe destacar que las prerrogativas –financiamiento y acceso a radio y TV- tomarán como referencia el porcentaje de votos en los comicios de 2009. Sólo para ilustrar los extremos, en ese supuesto, el PRI con 45% de los votos y el PRD con 20%, en la elección próxima, daría al tricolor el doble de tiempo en radio y TV. Como puede verse, los legisladores del PRD no midieron al votar la reforma electoral, que abrían la puerta de par en par a un bipartidismo que tiene el potencial riesgo de marginarlos, una traición involuntaria a la pluralidad que siempre les ha beneficiado.

La equidad es un valor discutible. En aras de ésta, en la reforma electoral se limitaron las libertades para impedir que particulares pudieran hacer uso de la radio y la TV con motivos políticos; tampoco los partidos pueden acceder con libertad a éstos, ya que sólo el IFE es el que contrata tiempos. Se limitaron las libertades y también se estableció un esquema centralista y centralizado, pues es una autoridad del centro y las dirigencias centrales de los partidos, las que determinan la asignación de tiempos para comicios locales. La cuestión es que los resultados de Guerrero acreditan que no se logró salvaguardar la equidad; aunque sí limitar las libertades y resaltar el despotismo centralista, como lo habrán de advertir los candidatos y órganos electorales en las futuras campañas internas y en los comicios de para elegir gobernador en cada entidad.

Efectivamente, la equidad es un valor discutible, pero deseable. Es un error construirla bajo el voluntarismo centralista burocrático, bajo la falsa premisa de que la ley crea la realidad, cuando sólo la regula. Esta inclinación del legislador mexicano ha significado que la realidad corra por su propia cuenta, generando distorsiones y el imperio de la informalidad y el fraude a la ley.

Se aprendió mal de las elecciones presidenciales pasadas; a mayor abundamiento y sólo para ilustrar la inequidad del nuevo marco legal, si en el 2006 se hubiesen aplicado estas reglas, entonces sí hubiera padecido una desproporcionada desigualdad el candidato presidencial inconforme. Su tiempo en radio y televisión hubiera sido de una quinta parte respecto a la suma de los tiempos del PAN y del PRI.

Las buenas reformas no se miden por la intención de sus promotores, tampoco por el consenso en su aprobación; sus virtudes y defectos derivan de su aplicación, de los resultados. Por ahora, los comicios de Guerrero probaron que la reforma electoral no sólo no cumplió con salvaguardar la equidad, sino legalizó, con rango constitucional, la inequidad a costa de la pluralidad.

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