El reencuentro del acuerdo


Liébano Sáenz

Tan revelador como oportuno el consenso alcanzado entre las fuerzas políticas en el Congreso. Revelador, porque el entendimiento tiene lugar en un tema tan polémico y difícil como es el régimen legal sobre el patrimonio nacional en materia de energía; oportuno, porque el país vive una singular circunstancia de incertidumbre con una potencial afectación social que hace despertar una seria preocupación sobre el futuro. Este nuevo ánimo de entendimiento se extiende hacia otros temas de la agenda del país. Nada mejor para solventar una crisis que la unidad nacional

Lo significativo no es el contenido de las reformas; es consecuencia del consenso que se haya diluido parte importante de la propuesta que motivó la reforma al marco legal. Por las diferencias de perspectiva en el sector energético, el terreno común es estrecho. De cualquier manera, dada la circunstancia del sector, un cambio menor es un cambio mayor. Sin embargo, es deseable que este avance no cancele para el futuro una transformación más a fondo, la que habría de concretarse en otro tipo de coyuntura. Mi reserva es válida si se advierte la situación de la reforma fiscal. Cambios o ajustes menores han pospuesto la solución a fondo en detrimento del país, de su industria petrolera y de la fortaleza de las finanzas públicas

La crisis económica que ahora se enfrenta es global y es, también, local. La recesión en la economía norteamericana (por mucho nuestro principal socio comercial), tendrá un negativo impacto en el país, de manera inmediata en el sector exportador y en los beneficiarios de las cuantiosas remesas de connacionales en Estados Unidos, muchos de ellos oriundos de las zonas más pobres del país. De manera indirecta la crisis llegará a todos; es probable un repunte en la inflación, la que afecta, en mayor proporción, a los sectores pobres y asalariados.

Las autoridades han emprendido con oportunidad una iniciativa que promueve la confianza y la tranquilidad de inversionistas y empresarios. Para sus buenos resultados se requerirá tiempo, persistencia y, sobre todo, que el entorno externo no altere las premisas sobre las que se diseñó el programa gubernamental frente a la crisis. Lo importante es que las acciones alcancen a las pequeñas y medianas empresas, generadoras de la mayor proporción de empleo; también hay que ver por el campo.

Sí se requiere ajuste en el gasto público, especialmente en las elevadas remuneraciones de los servidores públicos de los tres poderes y órdenes de gobierno, así como en el gasto suntuario. Es deseable que la Cámara de Diputados no sólo revise las premisas cambiantes sobre las que se ha elaborado el presupuesto, también la orientación del gasto. Hacer que el acuerdo tenga como orientación y propósito proteger a la población y reducir el costo del gobierno. No es cuestión de dogmas, sino de elemental sentido común. La alta burocracia ha incrementado de manera importante sus remuneraciones, es momento de revisarlas e imponer, al menos, un congelamiento a todo tipo de incremento.

Los términos del acuerdo para enfrentar la crisis deben extenderse más allá del sector político central. Los empresarios y los sindicatos deben participar en el entendimiento, al igual que los mandatarios estatales. Lo más difícil de la crisis está por ocurrir, sobre todo, en materia social. Lo cierto es que el impacto de la crisis y los costos de la respuesta gubernamental se incrementan considerablemente si la incertidumbre media entre los agentes económicos y los mismos ciudadanos. A manera de ejemplo, se ha tenido que disponer de cantidades significativas de las reservas monetarias internacionales; la especulación con divisas es parte indeseable pero legal de las reglas del juego económico; el problema no sólo es que grandes empresas en dificultades o por su carácter global adquieran dólares en cantidades masivas, sino que sea la incertidumbre y desconfianza generalizada las razones sobre las presiones al tipo de cambio. Frente a ello no hay recurso suficiente, por ello las autoridades tienen que actuar para generar confianza. Debemos celebrar, sin ignorar el costo, el que se haya podido frenar la devaluación del peso frente al dólar.

Las palabras del Presidente a eso atienden: a la necesidad de propiciar un sentido de optimismo que permita alcanzar los mejores resultados posibles en un ambiente evidentemente difícil. Sus propuestas han sido bien recibidas y eso, en buena parte, ha significado que se atemperen dudas y temores. Es claro que los partidos y los empresarios comparten la preocupación. Es positivo porque, como se ha dicho, nada mejor que la unidad para enfrentar la crisis.

La unidad alcanzada debe dar para más que el blindaje a la economía nacional del entorno económico adverso. Son muchos los temas que deben abordarse con urgencia. La reforma del régimen de justicia, el sistema laboral y el sistema hacendario deben estar en el centro de la agenda. También debe tenerse presente la actualización de los instrumentos de control y fiscalización públicos para que el mercado funcione a partir de sus virtudes y potencialidades. Cierto es que la proximidad de los comicios intermedios hace difícil que los partidos estén dispuestos a asumir los costos derivados de cambios necesarios, pero hoy es un imperativo digno de emprender.

La elección de 2009 redefinirá los equilibrios existentes de la representación popular. De antemano se advierte una modificación importante a la integración existente. Los cambios en las reglas electorales y el nuevo entorno así lo indican. La pluralidad verá mermada su expresión; incluso, es posible que el PRI pudiera alcanzar mayoría absoluta, un hecho inédito, toda vez que una fuerza política distinta a la del Presidente tendría la capacidad, por sí misma, de definir buena parte de las determinaciones del órgano legislativo, especialmente, en lo referente al presupuesto.

Precisamente por esta razón adquiere importancia el acuerdo alcanzado. La corresponsabilidad ha sido el gran déficit de la democracia mexicana. La gobernabilidad la supone y el cambio institucional lo exige. Que los partidos asuman un compromiso conjunto para la unidad nacional, es un mensaje que rompe con el antecedente de polarización, descalificación y chantaje.

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