El acuerdo y el disenso


Liébano Sáenz

Muy oportuno el acuerdo mayoritario en el Senado de la República respecto a la reforma a Pemex; el aval de prácticamente todas las fuerzas políticas, adquiere relieve en estos muy inciertos momentos del país. Dadas las circunstancias, el cambio legal no es menor; la difícil situación del sector y los obstáculos para un cambio, por limitado que sea, hacen de la determinación de los legisladores una decisión de la mayor importancia.

En los dos extremos del espectro ideológico ha habido desencanto. Así ocurre con un sector importante de opinión que apoyaba la iniciativa del gobierno de facilitar que Pemex pudiera contratar con particulares actividades que, por su costo o complejidad, lo hacían recomendable. Otro segmento considera que debieron haberse incluido precisiones en el texto legal para evitar cualquier duda o ambigüedad sobre la posible incursión de la iniciativa privada en el sector petrolero. Para los primeros, su espacio han sido las reflexiones en medios de comunicación; para los segundos, las calles y el amago de toma de recintos legislativos.

Más allá del recuento de los opositores o críticos al cambio legal, hay un aspecto de la reforma por aprobarse que me inquieta en particular: la autonomía de gestión y las nuevas reglas para la administración de Pemex pueden significar que el apremio económico por la falta de inversión en el sector, pudiera resolverse por la vía del endeudamiento de la paraestatal, más si el gobierno continúa financiando su déficit fiscal a través de la renta petrolera. Se requiere una explicación más detallada y precisa sobre cómo habrán de cuadrar las cuentas del sector público si el gobierno aumenta su gasto para responder a la crisis y, al mismo tiempo, se asume que la paraestatal tendrá mayor autonomía presupuestal y financiera. Si es el caso de que habrán de incrementarse la deuda pública y la de Pemex, la decisión no debe esconderse, debe quedar a la vista de todos y al escrutinio público.

Respecto a cualquier reforma, es preciso reconocer que el acuerdo es necesario y el consenso recomendable; sin embargo, éste no siempre se puede lograr, es más, en las democracias presidenciales es común que prevalezcan entendimientos suscritos por mayorías precarias. A diferencia de los regímenes parlamentarios, en los que el consenso se construye al momento de definir una mayoría gobernante –por el voto o por el acuerdo–, en los presidenciales, éste se produce, casi siempre, en términos temporales y casuísticos.

La situación del país hace más que sugerente la necesidad de consenso legislativo. Una reforma sobre un tema tan sensible y polarizante como es el petrolero, en medio de una dificultad económica de proporciones significativas y todavía por conocer, hacen de lo acontecido el mejor desenlace posible. Las reformas deseables tienen sus condiciones de realización, sólo el voluntarismo o el substraerse a la realidad pueden hacer pasar por alto la difícil coyuntura en la que se procesa este cambio legal. Más aún, el compromiso de la pluralidad adquiere dimensión y relieve ante la proximidad del proceso electoral intermedio.

La movilización social de quienes se oponen a la reforma fue desarticulada por el contenido del cambio, aunque aquella subsiste como una forma simbólica o testimonial de resistencia y denuncia al orden de cosas. Se requiere una cuota importante de tolerancia para evitar lanzarse a su descalificación; toda democracia debe dar espacio a la oposición, incluso aquella que hace su lugar calles y plazas. A muchos exaspera, pero no debe obviarse que los únicos límites que pueden imponerse al que diciente son los de la ley. Lo único reprobable del movimiento opositor a la reforma –un asunto nada menor– es la obstrucción del trabajo legislativo, no así su actitud de rechazo al cambio legal por más incomprensible o patológico que parezca.

Ciertamente, la libertad de expresión en todas sus modalidades (derecho de manifestación, reunión o libertad de imprenta) debe preservarse, para unos y otros. El Congreso es la instancia decisoria y así lo han asumido los legisladores de todos los partidos; así debe acreditarse en la sesión próxima de la Cámara de Diputados. Los opositores tienen el derecho a ejercer sus libertades en términos de ley, pero no para impedir o sabotear el proceso legislativo desde la calle o desde el recinto parlamentario.

Las pasiones de la política hacen a quien las padece desentenderse de la realidad y la difícil situación del país. Las dificultades económicas deben enfrentarse en la unidad; las autoridades y los actores de la política y de la economía deben actuar de manera corresponsable para atenuar la incertidumbre que se vive. Está de por medio el bienestar de muchos; esta semana se presentaron signos preocupantes que hacen confirmar que la crisis será profunda y que llevará tiempo superarla. Precisamente, por esta razón, adquiere importancia el acuerdo en el Senado; los legisladores han acreditado su compromiso con el país, aunque los más hayan tenido que ceder en aspectos para ellos fundamentales.

En la democracia el espacio del disenso y desencuentro es muy amplio; mayor en los temas de política pública en la que se entreveran ideologías y valores profundamente arraigados como son los relacionados con el patrimonio petrolero. Sin embargo, hay dos temas en los que el consenso es imprescindible y de interés de Estado, es decir, lo que a todos concierne e interesa: las reglas del juego que permiten la convivencia en libertad y cuando está de por medio el país.

Nadie gana con el deterioro de las instituciones representativas; el Congreso debe actuar y decidir; pero tampoco puede ocurrir a costa de las libertades. Acuerdo y disenso deben ser realidad en la vida política nacional. La tolerancia no está en la coincidencia con quien protesta; sino en la legalidad de los medios con la que se emprende. Esta reflexión debe estar presente en la esperada y deseable conclusión del proceso legislativo en la reforma petrolera.

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