Los partidos y sus precandidatos


La política real no entiende de calendarios ni de reglas; se han creado leyes, instituciones, procedimientos para darle cauce, pero no para alterarla en sus fundamentos. Los partidos son esenciales para la lucha política; su razón de ser es mediar entre el ciudadano y el poder público, dar sentido y coherencia a la representación. En México se les ha concedido el monopolio electoral; no hay candidaturas independientes en el nivel federal y sólo las organizaciones que el IFE reconoce, pueden participar en el proceso electoral y de sus beneficios.


La reciente reforma les concedió privilegios adicionales. Destaca la exclusividad para acceder sin costo a la radio y TV; lo hacen a través del IFE con cargo al Estado. Para la elección en puerta se pautarán 23 millones de promocionales al tomar 48 minutos de la programación diaria de todas y cada una de las estaciones emisoras que existen en el país.
Los partidos, a través de sus legisladores, se sirvieron con generosidad. Quienes dicen que las campañas ahora son más baratas, suelen excluir el costo que esto entraña. La verdad es que ahora son más costosas para el país. Sin embargo, el problema no sólo pasa por los dineros, también por los derechos y esto es lo que más preocupa. Por una parte, se hace realidad la idea antiliberal de que la política sólo concierne a los partidos y, por ello, se les da exclusividad para acceder a radio y TV; por la otra, las reglas actuales afectan un aspecto central de los derechos civiles o universales, ya que si los partidos no se abren a la sociedad y éstos tienen el monopolio para acceder al cargo público, al ciudadano se le elimina el derecho de ser votado.
Los legisladores aprobaron una reforma electoral con la discurso de que creaban reglas para una mayor equidad y para evitar el desorden y los abusos que se dieron en los pasados comicios; sin embargo, no advirtieron los efectos colaterales, como son la afectación de derechos y al pluralismo; los partidos pequeños tendrán serias dificultades para sobrevivir, a la vez de que se obstruyó de manera importante la incorporación de nuevas opciones partidarias.
Uno de los avances de la nueva ley fue la regulación de las precampañas. Para el proceso electoral federal en puerta, éstas deberán iniciar el 31 de enero próximo y concluirán el 11 de marzo. A más tardar el 31 de marzo habrán de elegirse candidatos. Las campañas iniciarán en mayo, lo que significa que en el mes de abril se resolverán las controversias de las elecciones internas. Los procesos electorales locales tendrán otro calendario y eso implica problemas para la asignación de publicidad de radio y TV por parte del IFE.

La realidad se impone y es difícil que los partidos desahoguen sus procesos internos de acuerdo a lo que supone la ley: la democracia interna. La tendencia ahora es que serán “asambleas de delegados” o su equivalente, la modalidad para elegir candidatos. Este procedimiento aspira a controlar la competencia interna, sin embargo, excluye a las bases de las organizaciones de participar en una de las decisiones fundamentales: decidir quién habrá de representarles en las elecciones constitucionales. ¿De que sirvió establecer en la Constitución onerosa publicidad para precampañas, si sólo votarán un reducidísimo número de electores?

La Constitución y las leyes se cambiaron supuestamente para mejorar la democracia; sin embargo, en los hechos se muestra un retroceso; los partidos o más bien sus cúpulas dirigentes no están sujetas al escrutinio público ni siquiera al de sus militantes. La partidocracia se impone a través de la consigna y el verticalismo; los ciudadanos son excluidos de la política y las elecciones amenazan con perder su sentido genuinamente democrático.

En la ley debieron establecerse reglas mínimas de carácter democrático para que los ciudadanos pudieran competir en condiciones de razonable equidad, para ganar la postulación de los partidos. En su lugar se definió como tema interno de los partidos la designación de candidatos, sin otra limitación que dicha determinación tuviera sustento en los ordenamientos partidarios. En otras palabras, si los Estatutos de un partido establecen discrecionalidad o verticalidad en la decisión, no habrá recurso jurídico para revertir la imposición. Más aún, los agraviados no podrán acceder de manera directa al Tribunal Electoral para salvaguardar su derecho a ser votados, necesariamente deberán recurrir a los órganos de justicia partidaria, como si hubiera un precedente confiable en cuanto a su imparcialidad y capacidad de juicio justo.

Los partidos y el IFE contarán, a partir del 31 de enero, con 48 minutos diarios de la programación de radio y TV de cada estación o canal de televisión, periodo que habrá de extenderse hasta la conclusión de las campañas, tres días previos a la elección del 5 de julio. A lo menos que podemos aspirar es que la publicidad política mejore en su calidad, toda vez que, ahora, el único rubro en el que los partidos tendrán que gastar es en el de la producción, no en tiempo aire. Es deseable que la publicidad electoral para ganar votos sea consecuente con una mejor calidad del debate.
Las leyes virtuosas no se miden en el consenso para su aprobación, tampoco en la intención de quienes las propusieron o aprobaron. Los hechos son su prueba de ácido, los efectos sobre la realidad que regulan. La reforma electoral, no hay duda, contiene avances, pero en muchos aspectos cruciales hay retroceso, significadamente en el tema de la vida interna de los partidos políticos.

Su modernización es indispensable para una mejor representación política. Hoy día, éstos, junto a su expresión parlamentaria, están en el piso de la confianza pública. Uno de los mayores desafíos de la democracia es acrecentar la ascendencia de los partidos y de los legisladores en los ciudadanos. Al parecer, para los hacedores de las nuevas instituciones electorales, es un tema lejos de sus preocupaciones.

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