Libertad de expresión

Uno de los mayores logros del cambio político de los últimos quince años se ha dado en la libertad de expresión. Es una historia ejemplar que involucra a muchas personas y prácticamente a todos los géneros de comunicación. Buena proporción de los gobernantes y de los políticos mudaron de hábitos, especialmente el de la tolerancia; la crítica se volvió, como en toda democracia liberal, parte de lo cotidiano.

Lo alcanzado no significa que no exista todavía un camino por recorrer, pero ya no corresponde a las autoridades promoverla, tampoco a la legislación, es a los propios medios. Por ejemplo, hace falta una mayor investigación periodística y estándares de desempeño. Pero para esto no debe haber autoridad que defina lo aceptable o lo indebido, tampoco código confiable que lo regule. Otro capítulo por avanzar es el referente a los derechos de quienes trabajan en los medios, respecto a la línea editorial o de negocio de éstos.

Hoy día, la mayor amenaza al periodismo y a la información viene de la acción criminal de grupos organizados. La situación no sólo afecta a los periodistas en lo personal, sino a las mismas empresas; en algunas zonas del país se extorsiona a los directivos y propietarios para influir en la cobertura informativa o noticiosa. También la amenaza —aunque notoriamente menor— viene de quienes en la disputa política o en la reedición de la historia, pretenden hacer de la libertad de expresión arena para avanzar en sus intereses o perspectiva. Afortunadamente los medios, sus propietarios y quienes trabajan en ellos tienen mayor fortaleza y compromiso para entender y hacer valer la libertad de expresión.

La libertad de expresión es imprescindible para la salud nacional. Su pluralidad o diversidad es la manera de convalidarla, lo mismo para apoyar o reconocer al poder, que criticarlo o rechazarlo; un poder que se ha desconcentrado, que no sólo está en la investidura formal. Hoy hay poder político, social y económico. También, por cierto, poder mediático.

La libertad de expresión permite que el debate sobre los temas fundamentales no sea exclusivo de los políticos o de los estrechos espacios institucionales. Lamentablemente, en este último tramo, se ha cambiado la Constitución y se han aprobado leyes que restringen las libertades. Precisamente por esta razón he sido uno de los más vehementes y persistentes críticos de la reforma electoral. La intervención de particulares o las supuestas insuficiencias del IFE en la pasada elección, no justificaban una agresión de tal tamaño a la libertad de expresión. Fue un error que deberá enmendarse. La autoridad electoral no debe ser el policía, administrador y gestor del acceso exclusivo de los partidos a los medios electrónicos. Es un absurdo que quienes encabezan a las autoridades no puedan acceder en nombre, imagen o voz en cualquier modalidad de comunicación social, norma, por cierto, violentada por los propios promotores del cambio, a través de la publicidad reciente sobre los trabajos que realiza el Congreso.

El desprecio a la libertad de expresión y el despotismo que la inspira no es de factura reciente. En el pasado, las dificultades no sólo se referían a la libre emisión y respeto al voto, también tenían que ver con el ejercicio de las libertades, entre éstas la de prensa. Actualmente todavía concurren remanentes autoritarios que se resisten a la libertad de expresión y la pluralidad, pero operan en los espacios de la política, del Congreso, más que del gobierno. Lo sorprendente es la manera como han podido avanzar y seducir a quienes padecieron y lucharon contra la arbitrariedad y la imposición.

Debe preocupar que algunos de esos políticos vean en la libertad de expresión un problema y hasta una amenaza, que instiguen y confabulen en lo privado y en su quehacer para reducir o limitar su ejercicio. Inquieta porque lleva implícita una resistencia al escrutinio que se origina en la sociedad no en los juegos políticos. También en la sociedad existen poder e intereses, pero el ejercicio pleno de las libertades conlleva un examen a cualquier forma de poder.

La contrarreforma electoral de 2007 plantea no sólo un retroceso en materia de libertades, tergiversa la tarea del órgano electoral y complica enormemente las campañas políticas. Se nos dijo que era para acabar con el espoteo y ahora es evidente que la comunicación se reduce a promocionales que requieren, además, de una extensa y costosa burocracia para su administración. El cambio se hizo al margen de la sociedad, a la que se le dio trato de menor de edad; se impuso el despotismo autoritario y excluyente y se crearon normas imposibles de cumplir, como queda ahora evidente en la asignación de tiempos para los partidos. De febrero a junio se padecerá la saturación de publicidad electoral; la comunicación, el debate y la propuesta quedarán desplazados por los promocionales, por la propaganda.

Desde ahora podemos anticipar que un saldo de las elecciones del año próximo será la necesidad de reparar lo que la reforma de 2007 desarregló; irremediablemente iremos a una nueva reforma electoral. El IFE quedará desgastado o desacreditado por lo que viene. Cuando los promotores del cambio con un resultado adverso en los próximos comicios identifiquen la magnitud del error de haber establecido reglas para acabar con la pluralidad, serán las voces más demandantes de una nueva reforma en la materia.

La necesidad de revisar las reglas derivará de la realidad de que la democracia electoral reformada no legitima, tampoco fortalece ni dará mandato a la autoridad electa. Sin embargo, será difícil, por el interés de los ganadores, que se reviertan los aspectos más nocivos de la contrarreforma electoral.

Pero más que ello, lo importante es que el sector político se reconcilie con la sociedad y que se entienda que lo fundamental es el ciudadano, las personas y sus familias. Nada mejor que iniciar por asumir, apreciar y respetar, aún con sus excesos e injusticias, la libertad de expresión.