En lo que quedó el IFE


Las elecciones de 2009 serán la prueba de la nueva reforma electoral; no sólo se cambiaron las reglas en rubros importantes como el acceso a radio y televisión y la regulación de precampañas, también se renovó al Consejo General del IFE. El objetivo era lograr elecciones concurridas, que los ciudadanos pudieran ejercer con libertad y equidad su derecho al voto activo y pasivo (votar y ser votado). También, y no menos importante, se pretendió bajar el costo electoral, para ello se redujeron tiempos de campaña y se cargó a los tiempos del Estado, el gasto total de los partidos para acceder a medios electrónicos, el rubro de mayor egreso de las organizaciones políticas.

Desde ahora los hechos ya revelan que la reforma no pudo alcanzar sus propósitos, al menos los más fáciles de verificar. Por ejemplo: en el presupuesto de 2003, año de elección federal intermedia, las partidas que correspondieron al IFE y al Tribunal Electoral, significaron poco más de 12 mil millones de pesos. Ahora, en 2009, año también de elección intermedia, el egreso es de casi 15 mil millones de pesos, un aumento de 23%. Los números no cuadran para argumentar que con la reforma se redujo el gasto electoral y es que la aritmética es muy traidora con los discursos del ahorro electoral. No es poco; en recursos fiscales, a los mexicanos, cada voto nos costará 500 pesos.

Se podría aducir que hace seis años los partidos recibieron poco más de 5 mil millones de pesos por concepto de prerrogativas y que esta cantidad ahora se redujo a 3 mil 740 millones. Sin embargo, el hecho de que se haya disminuido de manera significativa el tiempo de campaña y, todavía más, que los partidos ya no tendrán que pagar por toda la publicidad de radio y tv, que en 2006 representó casi 80% de los gastos de campaña, entonces la conclusión es que los partidos ahora cuestan más, que las campañas electorales son más onerosas y, que las dirigencias partidistas contarán con mayores recursos que nunca para su uso discrecional.

El tema no sólo es el dinero, también los derechos políticos, especialmente, el derecho a ser votado. Se estableció en la ley, en el presupuesto y en el régimen de prerrogativas, una serie de previsiones para que los partidos pudieran promover la democracia interna a través de precampañas, en las que supuestamente habrían de participar amplios sectores del electorado (de otra manera no se entiende la publicidad de radio y tv para este periodo previo de la elección, así como los informes que deberían solicitar los partidos a precandidatos, según lo acordado por el IFE). Ahora se hace evidente que las dirigencias de los partidos no abrirán sus procesos, pero sí recibirán los beneficios asociados a la organización de precampañas. El problema es el efecto negativo al derecho de ser votado, los miembros de los partidos no contarán con procedimientos, reglas y mecanismos internos para ganar la postulación de sus partidos.

En fechas recientes el Consejo General del IFE dio entrada a 188 procesos sancionadores por presuntas violaciones al artículo 134 constitucional. Se iniciaron 38 procedimientos contra presidentes municipales; 24 respecto a diputados locales; 18 sobre legisladores federales; 14 en el caso de gobernadores; cuatro para senadores; dos para funcionarios municipales o estatales, y uno contra partido político y una Secretaría de Gobierno.

Llama la atención que el Consejo General del IFE no invoque la ley, sino un ordenamiento interno en materia de propaganda institucional y político electoral de los servidores públicos. Y llama la atención porque el procedimiento sancionador no puede tener sustento en una disposición administrativa, además, no existe en la Constitución ninguna disposición que le otorgue facultades al IFE para vigilar el cumplimiento del invocado artículo 134, toda vez que la materia de ese artículo, no es la electoral, sino la desviación de recursos públicos para fines distintos a los de su objetivo, en este caso, que los funcionarios se promuevan en lo personal, independientemente
de que tengan un propósito electoral. En otras palabras, el bien jurídico a proteger por el artículo 134, son los recursos públicos y no las elecciones.

Esto es un asunto que seguramente será resuelto al momento que cualquier autoridad presente una controversia constitucional. El hecho es que el IFE no está en lo suyo, que es organizar las elecciones, sino que la está haciendo de policía con atribuciones que la Constitución no le concede; todavía más preocupante es que el IFE tendrá que desempeñar la tarea de administrador para el uso de 48 minutos diarios por cada estación de radio y tv a distribuirse en todo el país entre partidos y el órgano electoral a partir del 31 de enero próximo y hasta principios de julio. La reforma desvirtuó la función del órgano electoral; ahora, como se advierte de sus sesiones previas, quienes pretendieron anular al órgano electoral en su tarea de asegurar elecciones justas, transparentes y concurridas lograron su objetivo.

Es difícil que se gane la batalla al abstencionismo. Concurrirán aproximadamente 30 millones de electores, casi 40% de los ciudadanos en la lista nominal. Pero estos números, además de insatisfactorios no dicen que el IFE esté haciendo su trabajo, ya que la mayor afluencia a las urnas ocurrirá en las entidades con elecciones locales concurrentes; en el resto se estima que la participación electoral sea de un tercio de los electores.

Los hechos anticipan un resultado muy desalentador para el desarrollo democrático del país. No hay duda, la elección habrá de resolver lo formal: la integración de la nueva Cámara de Diputados, pero no lo sustantivo, que tiene que ver con el vínculo que los comicios construyen entre la sociedad y sus representantes parlamentarios. Es preocupante porque muchos de los problemas del país deben resolverse en el Congreso, decisiones difíciles que tienen la fuerza de la representatividad y la legitimidad de los legisladores electos. Es igualmente previsible que se continuará en ese camino de reformas medianonas, sin trascendencia para las necesidades del país o, todavía peor, como ocurrió con la electoral, un cambio legal cuyos contenidos resultaron de un diseño claramente regresivo y antidemocrático.

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