La libertad de expresión y sus enemigos


El ataque perpetrado contra instalaciones de Televisa en Monterrey el pasado miércoles, representa un signo ominoso respecto al ejercicio de la libertad de expresión. Al momento no hay información pública que ofrezca pistas convincentes sobre la autoría y móvil de los hechos. Sólo por lo que ha ocurrido en otras partes del país, la opinión pública suscribe la tesis de que es una acción más del crimen organizado vinculado con el narcotráfico; otros, una minoría, refiere el origen a la disputa política derivada del proceso electoral en puerta. Cualquiera que sea la causa, es sumamente grave y es fundamental que las autoridades den con los responsables y que éstos sean sancionados ejemplarmente, a manera de inhibir la ocurrencia de hechos de tal naturaleza. Los periodistas, por el sentido de su trabajo, deben contar con las condiciones básicas para el ejercicio profesional.

Los enemigos más perniciosos de la libertad de expresión han sido los grupos criminales. Son múltiples los casos de periodistas asesinados o desaparecidos en el cumplimiento de su trabajo. Los delincuentes, en lo individual o como grupo, advierten el significado que tiene el que los medios expongan sus actos criminales y, eventualmente, la difusión de la identidad de los presuntos responsables. Para el crimen organizado, ahora ya no es suficiente que los medios sean silentes o complacientes, pretenden que actúen en función de sus intereses, que lo que la radio, la televisión o la prensa informe, sea consistente con sus objetivos, especialmente, inmovilizar a las autoridades mediante el desprestigio o el rumor.

Las narcomantas merecen un ejercicio más riguroso de interpretación. Los grupos criminales ya no sólo se publicitan con la macabra exposición de los restos de sus ejecutados, ahora han pasado a dejar mensajes en forma de texto, que hay que verlos con una gran reserva para no caer en el juego. El tema fundamental de hoy día en materia de narcotráfico es la disputa de territorios; en ello, la connivencia y protección de policías se vuelven críticas en todas las etapas del trasiego de drogas. Los grupos criminales enfrentan no sólo la embestida gubernamental, sino también una cruel y despiadada lucha entre ellos. En este proceso, para las bandas criminales es fundamental obligar a las autoridades federales, estatales y municipales, a actuar contra sus adversarios a través de la misma presión de la opinión pública o, al menos, debilitar a las autoridades con la insinuación de que están al servicio del grupo rival.

En la ciudad de México, centro de las decisiones políticas, se pierde sentido de lo que está aconteciedo en diversas zonas de la provincia, incluso en algunos de los municipios de la zona metropolitana. La violencia y la intimidación son más evidentes en ciudades medias, donde la ocurrencia de un acto criminal violento tiene un alto impacto por la velocidad con la que se esparce y profundiza la noticia. Las personas no sólo son más próximas entre sí, también lo son respecto a los lugares en los que se presentan las acciones criminales. Se está viviendo una situación de alarma y temor. Las autoridades padecen una fuerte presión social por la demanda de seguridad. Las respuestas convencionales son clara y evidentemente insuficientes.

La principal causa del crimen en cualquiera de sus expresiones es la impunidad, más en aquellas actividades antisociales en las que hay un enriquecimiento rápido y considerable como es el narcotráfico. Por ahora, los riesgos más considerables de quienes incursionan en esta modalidad criminal no son enfrentar a la justicia, sino al grupo delincuencial que compite por el territorio. El recurso más importante en esta circunstancia es el temor, lo que opera como una forma de blindaje respecto a autoridades y rivales; esto requiere de hechos y signos convincentes, lo que lleva a una escalada de la violencia como se ha advertido en ejecuciones, desapariciones y, ahora, ataques que van aproximándose a la lógica del terrorismo, esto es, amedrentar a la sociedad y de manera indirecta a las mismas autoridades. El ataque a Televisa podría corresponder a una intencionalidad de tal naturaleza.

Abatir la impunidad no sólo es cuestión de policías, ministerios públicos y una justicia penal confiable; se requiere de la participación social, que la misma sociedad actúe a partir de la convicción de que el delito es un agravio a todos. La denuncia no sólo es cumplir con una obligación, también es una forma de protegerse y salvaguardarse a sí mismo. La cuestión es que hay una pérdida de confianza ciudadana en las mismas autoridades, además de lo complicado y difícil que es la comparecencia ante las instancias investigadoras.

La libertad de expresión debe salvaguardarse porque es una manera como la sociedad actúa para protegerse a sí misma. Con motivo de los hechos de Monterrey, Milenio-televisión consignó el resultado de una auscultación ciudadana sobre si hay acuerdo en un incremento de penas, cuando de por medio esté un periodista o un medio de comunicación. La respuesta fue sorprendentemente alta: 85% de los consultados favorecen un cambio legal en la materia.

Las autoridades federales han creado una subprocuraduría especial para investigar este tipo de delitos; asimismo, existe la iniciativa de federalizar los hechos criminales contra periodistas o medios de comunicación. Ambos proyectos, federalizar delitos e incrementar las penas, hacen sentido cuando se resuelve el problema de origen: la ineficacia de las autoridades para someter a la acción de la justicia a los criminales.

Esto significa que es tarea fundamental y prioritaria del gobierno federal –en este caso, ya acordó atraer la investigación-, así como de las autoridades locales, que coadyuvan en la indagatoria, dar con los responsables y que éstos sean ejemplarmente sancionados. Que quede claro que una acción criminal contra un medio de comunicación, como debiera ser para toda víctima, es resuelto con rigor y contundencia.

Un pensamiento en “La libertad de expresión y sus enemigos

  1. Amigo:

    Tienes razón: “Abatir la impunidad no sólo es cuestión de policías, ministerios públicos y una justicia penal confiable; se requiere de la participación social…”, pero con mucho mayor razón la participación total, abosluta, decida de las autoridades; es un problema de Estado que debe resolver el Estado. Y la más gravosa, dolorosa, peligrosa y contagiosa es la de servidores públicos participantes en ilícitos. A estos, ejemplarmente los primeros, debe castigarse. Ya tendré, espero, ocasión de comentarlo contigo.

    Mi fraternal saludo

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