El Presidente y sus diputados


En los tiempos en los que el Presidente tenía dominio sobre el conjunto del sistema, las determinaciones políticas se centraban en el gabinete y, eventualmente, en los gobernadores. El partido funcionaba como articulador y mediador del poder presidencial, las organizaciones sociales y los factores de poder regional. La integración de la Cámara resultaba de un juego muy complejo que iba más allá de una voluntad presidencial.

Las cosas han cambiado, el Congreso adquiere y demanda mayor atención como resultado de su evidente poder. Quedaron atrás los tiempos aquellos en los que los directores jurídicos de las dependencias federales eran los auténticos legisladores. Ahora, las iniciativas del Ejecutivo son objeto de modificaciones sustantivas, un proceso encomiable en la medida en que el resultado sean buenas leyes, lamentable, si las propuestas son alteradas a gusto de intereses estrechos de quienes dominan el Congreso.

El gobierno dividido –cuando el Presidente no tiene mayoría afín en el Congreso- es la marca de los nuevos tiempos. Es altamente probable que así continúe durante el resto de la administración del Presidente Calderón. Para la segunda mitad de su gobierno, el Presidente, más que nunca, requerirá legisladores de su fracción no sólo política e ideológicamente afines, también con talento y capacidad, así como un sentido de identidad con su gobierno.

En 1991, hace ya casi veinte años, fue la última elección intermedia en la que el partido gobernante incrementó su presencia parlamentaria. En todas las elecciones intermedias subsecuentes, el partido del Presidente ha visto disminuir de manera importante su participación en la integración de la Cámara. El entorno político y económico, el balance político de las elecciones locales recientes y las nuevas reglas electorales (funcionales al PRI) anticipan un deterioro de la fuerza parlamentaria del PAN. Incluso, no es difícil que el tricolor alcance la mayoría absoluta, lo que resulta del triunfo en al menos 163 distritos (supuesto muy probable de alcanzar), y de 42.2% de los votos (un poco más incierto, pero posible).

Ante esa posibilidad, el Presidente requiere un  mayor respaldo de su partido para que en la Cámara se haga realidad una fracción leal y unificada en torno a su programa y su liderazgo. Esto no implica cheque en blanco para que la dirigencia nacional imponga candidatos desvirtuando la ejemplar tradición democrática que hasta hace poco tiempo había caracterizado al PAN; más bien lo que se requiere es que las designaciones de candidaturas por la vía de la representación proporcional, den cabida a las necesidades del gobierno del Presidente Calderón. El Congreso se fortalece con legisladores preparados, informados y con capacidad de articulación con el gobierno federal. Esta es una responsabilidad más que un derecho del partido gobernante.

Este aspecto adquiere actualidad por la agenda legislativa en puerta y la necesidad de una política de Estado para enfrentar la crisis económica y el problema del crimen organizado. Con la excepción de la primera legislatura del gobierno del Presidente Fox, en el Congreso no se ha hecho presente una oposición corresponsable y comprometida en la atención de los problemas nacionales. La legislatura que concluye es la que muestra un mayor déficit en ese aspecto; no obstante que se aprobaron cambios legales significativos, por oportunismo no se aprobó una reforma energética y una fiscal de mayor alcance; otro aspecto a señalar fue la manera en la que muchos de los aspectos positivos de la reforma electoral, fueron afectados por una contrareforma que restringe las libertades políticas, abre espacio a la partidocracia y desvirtúa peligrosamente las tareas de la autoridad electoral.

Los tiempos que vienen demandan mucho más del gobierno, de los partidos y del Congreso. Las cuotas vigentes de responsabilidad y lealtad institucional no son suficientes. La Cámara de Diputados, responsable de la aprobación del Presupuesto, es el cuerpo colegiado de mayor importancia para la segunda mitad del gobierno. Su modernización es urgente. Entre otros aspectos requerirá la creación de una entidad técnica especializada para que la Cámara y sus integrantes puedan cumplir con mayor eficacia su responsabilidad en el análisis y definición del gasto público. Además, la situación económica obliga a un replanteamiento político radical sobre el destino de los recursos fiscales.

A pesar de ser el Poder del Estado con mayor capacidad decisoria, la transparencia no existe en el Congreso. Los líderes de los grupos parlamentarios manejan recursos que debieran estar sujetos al escrutinio público. Se requiere, asimismo, regular las actividades particulares remuneradas de los legisladores y el cabildeo a los estándares de los parlamentos modernos. El proceso legislativo debe modificarse para agilizarlo y, más que ello, para que los legisladores rindan cuentas a la sociedad sobre el sentido de su desempeño. La complacencia al respecto ha ocasionado mucho daño a los partidos y a los legisladores, por ahora, en el sótano de la confianza pública.

Pero más que el Presidente, es el país el que requiere de un Congreso eficaz y realmente comprometido con sus responsabilidades, las que no se miden, necesariamente, en la aprobación de las propuestas que envía el Ejecutivo. Legisladores libres, críticos e independientes del gobierno no riñen con un sentido de lealtad y de responsabilidad, más aún, es una condición de su eficacia. La pluralidad no es un obstáculo para el buen gobierno, lo dificulta, pero puede ser su mejor sustento si prevalece ese sentido de lealtad hacia la república, sus instituciones, valores y principios.

Un pensamiento en “El Presidente y sus diputados

  1. Totalmente de acuerdo Liébano. Ojala que los legisladores adquieran conciencia y se comprometan, se preparen y vean realmente por los intereses de la sociedad y no los personales, para que entonces la pluralidad adquiera sentido y nos sea de beneficio a todos.

    un abrazo,

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